Los cambios políticos que se han vivido en Guerrero,
no se entienden sin el movimiento insurgente
que se vivió con intensidad y virulencia en los años de la guerra sucia.
El movimiento social ha sido clave para arribar a cambios políticos.
A pesar de esta contribución no hay justicia
para quienes han luchado y perdido la vida.
Honramos la memoria de la luchadora social Rocío Mesino
por el octavo aniversario de su asesinato
y del defensor de los campesinos:
Ranferi Hernández Acevedo.
Quienes nunca se arredraron ante la represión militar y caciquil.
Desde el traje estilizado con bordados típicos que identifican a las mujeres indígenas de Guerrero, hasta la celebración tradicional de la entrega del bastón de mando, realizada en “la casa del pueblo”, la flamante gobernadora Evelin Salgado Pineda, se desmarcó de los gobernantes anteriores acostumbrados a la adulación; al ritual del besamanos con las elites políticas y económicas; al acarreo de contingentes manipulados por líderes corruptos y al cortejo pomposo del nuevo ungido que se sube al pedestal para distanciarse de la población.
Con una postura clara sobre los grandes problemas que aquejan al pueblo de Guerrero, y con planteamientos firmes que prefiguran el nuevo rumbo de su gobierno, la primera gobernadora demostró tener temple y gran capacidad para cautivar al público, que en todo momento aplaudió sus deslindes y propuestas de cambio, en su toma de protesta. Su sencillez y cercanía con la gente le imprimen el estilo propio de una mujer gobernadora; sencilla, afable, accesible, tolerante e incluyente.
El retiro de las vallas del palacio de gobierno fue un mensaje muy significativo, porque busca tender la mano al ciudadano y distender el ambiente de crispación social, de enojo, de protestas y reclamos a las autoridades salientes, que incumplieron con los compromisos asumidos. El retiro de los trabajadores que tenían tomados varios edificios públicos, fue una muestra de voluntad política para transitar por la ruta del diálogo y la búsqueda de acuerdos orientados a dar respuestas a sus demandas. Con el alto grado de aceptación que goza la nueva gobernadora, no dudó en quitar todos los obstáculos que obstruían para entrar al palacio de gobierno y abrir de par en par las puertas, para inaugurar una nueva relación directa y amable con la población excluida de los presupuestos públicos.
En un ambiente festivo, protagonizado por danzas, bandas de música y por numerosos contingentes que llegaron de comunidades indígenas, campesinas y afromexicanas le dieron la nueva tonalidad a la toma de protesta, que no solo se circunscribió al acto protocolario en el congreso, sino que cobró brillo y vivacidad en la explanada del palacio de gobierno. El color radiante de las flores de cempaxúchitl, el incienso y los collares de flores le dieron el toque mágico y místico, para que la gobernadora vestida de acateca, recibiera el bastón de mando de manos de otra compañera indígena. Este ritual prehispánico, que en el mes de enero realizan las autoridades comunitarias de la Montaña, es imprescindible para purificar y presentar a las nuevas autoridades, ante sus deidades. En medio de rezos en la lengua materna y el retiro de los males aires y malas vibras a través del sahumerio, las nuevas autoridades reciben el cetro del pueblo, que es el símbolo del poder que otorga el pueblo, no para mandar sino para obedecer y servir. Es un compromiso que se asume frente a la asamblea y a sus antepasados para defender los derechos de la comunidad y para velar por el patrimonio colectivo y velar por la seguridad de todos.
Lo sorprendente en el acto protocolario de la toma de protesta fue la presencia del secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, quien trajo la representación del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador. No fue el secretario de gobernación, el Lic. Adán Augusto López Hernández, el que testificó la toma de protesta, sino el titular de la armada de México. El lugar prominente que ocupó el almirante al lado de la nueva gobernadora, fue también un mensaje claro del ejecutivo federal, de involucrar a la armada de México para que asuma el control de la secretaría de seguridad del estado. El nombramiento del capitán Evelio Méndez Gómez, como titular de esta secretaría confirmó esta postura. De acuerdo con los datos proporcionados por la gobernadora Evelyn, se trata de un especialista en inteligencia naval, comandante en diferentes unidades de infantería de Marina en la Armada de México, director de operaciones de inteligencia en seguridad. Recibió la condecoración de la legión de honor militar mexicana por conducta intachable en más de 30 años de servicio.
La secretaría de seguridad pública del estado quedará en manos de la armada de México, falta saber que giro tomará en un momento sumamente crítico, donde los mandos de la secretaría se han caracterizado por usar de manera excesiva la fuerza para contener la protesta social; son señalados de violentar los derechos humanos y de no rendir cuentas a las autoridades competentes. Es una institución que se maneja con total opacidad, que encubre a quienes tienen vínculos con grupos de la delincuencia organizada. Entre los mandos superiores y medios persisten prácticas que fomentan la corrupción y la mala administración de los recursos. Hay graves deficiencias en cuanto a infraestructura, equipamiento, dotación de uniformes, armamento, vehículos, falta de personal, capacitación continua, un proceso claro de certificación, prestaciones de ley y salarios acordes a la responsabilidad que desempeñan. Se requiere tomar el pulso a la población que padece la inseguridad para emprender acciones eficaces que dignifiquen el trabajo de los policías y que se trabaje en un modelo se seguridad ciudadana.
El gran desafío que asumió la gobernadora es hacer frente a la corrupción “tope donde tope”. La primera batalla es hacia adentro de las instituciones para arrancar de raíz las prácticas que esquilman el erario público; desenmarañar las redes de la delincuencia institucionalizada, desenmascarar a quienes propician estos actos y actuar con firmeza para castigar a quienes se siguen escudando en los padrinazgos políticos para realizar negocios privados. Los controles internos en el manejo de los recursos públicos tienen que contar con mecanismos muy estrictos de rendición de cuentas, con la participación de la misma sociedad. Es urgente la depuración de personal y la incorporación de nuevos cuadros que cuenten no solo con el perfil profesional sino con trayectorias probadas en cuanto a rendición de cuentas y cumplimiento de los códigos de ética.
La agenda de los derechos humanos es clave en este nuevo gobierno que busca la transformación radical de la vida política y social. No puede haber funcionarios públicos que violentan los derechos humanos, que además cuentan con recomendaciones y que han sido incumplidas, porque saben que no pasa nada. La impunidad de la que gozan funcionarios corruptos es un problema transversal, porque la mayoría de funcionarios aprendieron a violar la ley como el camino más redituable para proporcionar los servicios a la población. Los mandos superiores son intocables y no rinden cuentas a nadie. En las regiones más pobres es donde más está arraigada la práctica de las cuotas y extorsiones, porque no hay quien supervise y los que se encargan de esta función se prestan para estas triquiñuelas.
Las brechas de la desigualdad y la inequidad social son escandalosas. Las fuentes de estos rezagos históricos se gestan dentro de las mismas instituciones, entre los funcionarios que manejan a manera discrecional los programas. Se amafian con proveedores a modo que ya conocen el modo cómo se opera para no dejar rastros de las tranzas que proliferan donde hay dinero. Los programas federales son insuficientes para revertir las múltiples carencias que padecen miles de familias del campo y la ciudad. En las comunidades rurales se requiere diversificar más la oferta de proyectos que sean más flexibles, que en verdad arraiguen a la población. Un gran número de jóvenes migrantes que se encuentran en Estados Unidos, dejaron de estudiar porque no encuentran opciones para un trabajo mejor remunerado. Muchos no cuentan con estudios de educación media y por eso le apuestan a cruzar la frontera para trabajar en los campos agrícolas de Nueva York o California o en los restaurantes como meseros o cocineros. Son ellos y ellas que están sacando adelante a las familias pobres con el envío de sus remesas. A pesar de esta situación hay un gran descuido por parte de las autoridades, que se desentienden de sus problemas que enfrentan por ser personas que no cuentan con los documentos que requieren los agentes de migración. Hay muchos jóvenes encarcelados, desaparecidos, que ninguna autoridad le da seguimiento a sus casos.
Las condiciones deplorables de las comunidades indígenas han obligado a las familias más pobres ha trabajar en condiciones indignantes como jornaleros agrícolas. Son miles de familias que ahora con la pandemia se vieron obligados a migrar. Muchos niños y niñas han dejado la escuela, porque el modelo de la educación en línea es inviable en la Montaña. La situación más grave la enfrentan las mujeres y las niñas que tanto en sus comunidades son víctimas de la violencia de sus parejas y mismos padres y autoridades locales, como en las ciudades y campos agrícolas que son discriminadas, maltratadas, violadas y asesinadas.
La gobernadora ha empeñado su palabra para dar la batalla contra el machismo y para proteger los derechos de las mujeres y las niñas. Tiene que haber un cambio en la manera de abordar estos problemas. Las instituciones con las dos alertas de género, solo se redujeron a realizar reuniones intrascendentes, ignorando siempre a las mujeres agraviadas. Nunca fueron a las comunidades a trabajar con ellas a brindarles los apoyos que requieren. Simplemente fueron acciones burocráticas que en nada inciden en la realidad. Se requiere trabajar en las comunidades, conocer su lengua, adaptarse a sus condiciones socioculturales y escuchando sus planteamientos. Hay la necesidad de asumir la causa de las mujeres con personal comprometido, porque abundan quienes quieren una chamba a costa de la pobreza y sufrimiento de las personas más indefensas.
Lo que hoy se vislumbra en el estado, es una gran oportunidad para romper con vicios acendrados de una burocracia parásita, de no continuar con los pactos en lo oscurito con personajes que han ocupado cargos públicos y que quieren seguir haciendo negocios con el erario público. Se tiene que también mandar una señal a quienes causaron quebrantos financieros cuando gobernaron y a quienes alentaron la violencia de estado y fomentaron graves violaciones de derechos humanos, de que no habrá tolerancia ni complacencia con ellos. Que muchos menos mantendrán acuerdos de que se mantendrán como una clase privilegiada e intocable, a través de amigos y compadres que tienen incidencia con la gobernadora para que todo siga igual. El sexenio que viene tiene que marcar la diferencia: deshacerse de los gobernantes corruptos y aplicar la ley a quienes tiene pendientes con la justicia y son parte de los perpetradores de las desapariciones, asesinatos y ejecuciones de estudiantes, maestros, indígenas, campesinos, periodistas, personas defensoras y luchadores sociales.
Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan