Tlapa, Guerrero, a 12 de abril de 2023. Integrantes del Consejo de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas de la Montaña denunciaron la discriminación, maltrato, abuso sexual, matrimonios forzados en los campos agrícolas de 21 estados de la república mexicana, así como el abandono y el desprecio de las autoridades estatales y federales. Exigieron la instalación de la comisión intersecretarial para la atención de la población jornalera y un programa emergente con partida presupuestal para las familias indígenas de la región de la Montaña.
Al filo de la tres de la tarde, en conferencia de prensa, el Consejo de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas de la Montaña (CJAM), integrada por jornaleras y jornaleros de las comunidades de Ayotzinapa, Chiepetepec, municipio de Tlapa; Cacahuatepec, municipio de Copanatoyac y Francisco I. Madero, municipio de Metlatónoc, dieron a conocer el viacrucis que enfrentan en el trayecto y en los campos agrícolas.
El drama de las familias jornaleras lo dibuja Paulino Rodríguez Reyes, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, con las cifras negras de tres niños y niñas Me’phaa que han fallecido durante el 2023, en la zona sur de Mazatlán, Sinaloa. “Las muertes maternas por falta de atención médica, accidentes en los caminos han cobrado vidas de familias enteras de jornaleras. En 2022 se registraron siete homicidios de jornaleros, principalmente donde opera el crimen organizado”, afirmó el defensor Paulino.
La jornalera Martina Ramírez Dominguez, originaria de la comunidad de Ayotzinapa, consideró que los derechos humanos más fundamentales son violados no sólo en sus comunidades, sino en los campos agrícolas. En estos campos de la explotación “podemos hablar de abuso laboral, de abuso hacia las mujeres, incluso de acoso sexual porque sabemos de muchísimos casos de niñas que han sido abusadas. Los matrimonios forzados se dan principalmente entre las familias jornaleras, al menos en la comunidad de Ayotzinapa. En muchas ocasiones las niñas son casadas en los campos agroindustriales”. Las niñas de los municipios más pobres como Cochoapa el Grande y Metlatónoc han tenido que emprender el vuelo para que no sean forzadas a casarse por 150 mil pesos o 300 mil pesos.
“En nuestras comunidades estamos en el olvido, pero en los campos agrícolas es el doble o triple la ausencia de las autoridades porque no hay centros de salud para una jornalera o jornalero, no hay atención por ser de otro estado. Las mujeres, las niñas, los niños y los hombres no conocen sus derechos a la salud, a la educación, al trabajo; sigue existiendo el trabajo infantil, pero están violando los derechos de los niños. Pero no exigen sus derechos por desconocimiento y muchas veces por miedo, por no perder su trabajo”, dijo Martina Ramírez.
Las familias jornaleras padecen la discriminación, los maltratos e insultos de los capataces y patrones sólo por su condición étnica. El rezago educativo es alto, no sabemos leer ni escribir. Las mujeres son invisibilizadas, no valen. “Las mujeres sufrimos el doble o triple, somos madres de familia, hacemos la comida, lavamos, bañamos a nuestros hijos y tenemos que ir a trabajar igual que los hombres. En los campos agrícolas no hay una dependencia que proteja a las mujeres, aunque cargamos igual que los hombres, para nosotras no hay sábados ni domingos. Cuando se enferman o muere uno de nuestros familiares en los hospitales no hay apoyos de parte de las autoridades. No importamos, menos en los campos agrícolas donde no tenemos vivienda digna, no tenemos agua, ni baño, mucho menos guarderías para nuestros niños. Tenemos que cargarlos en nuestras espaldas para seguir en los surcos. Trabajamos aunque nos pagan una miseria. Los migrantes sufren porque lo más que podemos aspirar son 250 pesos al día en el corte de verduras chinas. Gracias a los campesinos a los mismos presidentes no les faltan las verduras y frutas que son cosechadas por las familias jornaleras y no nos tratan como debe ser, no respetan nuestros derechos laborales”, reclama Rocío Ramírez Domínguez.
Para Hermelinda Santiago Ríos, de la comunidad Me’phaa de Francisco I. Madero, municipio de Metlatónoc, “las mujeres indígenas de la Montaña son las más olvidadas. Las mujeres, las niñas y niños merecen ser reconocidas por el gobierno federal, estatal y municipal para que tengan una mejor alimentación, hospedaje, buen trato por parte de las policías cuando vamos en camino porque siempre por ser jornaleros nos quitan el único dinero que ganamos. Con tanto trabajo juntamos dinero para salir adelante unos días, sin embargo, la policía corrupta se lo lleva en sus bolsillos. Nos quitan lo del medicamento para nuestros hijos”.
El Consejo de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas de la Montaña exigió al presidente, Andrés Manuel López Obrador, y a la gobernadora Evelyn Salgado escuchen y atiendan a las familias jornaleras de la Montaña de Guerrero. Es preocupante que en los campos agrícolas no existan inspecciones, que los derechos laborales de los jornaleros no se respetan, que no hay atención médica y que las familias jornaleras no cuentan con programas sociales. La población jornalera es la que más sufre.
Paulino Rodríguez afirmó que Guerrero históricamente ha ocupado el primer lugar de la diáspora de familias jornaleras a los campos agrícolas del país. Cada año viajan más de 15 mil jornaleros y jornaleras para buscar trabajo en el corte de chile, jitomate y verduras chinas. Lo que más duele son las tragedias que se repiten año con año. Las autoridades deben proteger a las familias indígenas que se enrolan como jornaleros o jornaleras, sin embargo, lejos están de brindar seguridad y garantizar los derechos más básicos.
Integrantes del CJAM hicieron un llamado a las autoridades a instalar la comisión intersecretarial que surgió en el 2011 para garantizar la atención y protección de los derechos de las personas jornaleras agrícolas migrantes. Urgieron a la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales que se coordine con la secretaría de salud, de educación y del trabajo, entre otras. Además, en los estados receptores es necesaria la creación de una comisión interinstitucional con los tres niveles de gobierno para garantizar la atención y protección a las familias jornaleras, quienes son el motor fundamental de las empresas agroindustriales.