En el informe de la conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, realizada en Durban, Sudáfrica en septiembre de 2001, la ONU “reconoció que la esclavitud y la trata de esclavos, en particular la trata transatlántica, fueron tragedias atroces en la historia de la humanidad, no sólo por su aborrecible barbarie, sino también por su magnitud, su carácter organizado y, especialmente, su negación de la esencia de las víctimas”. Catalogó que la esclavitud y la trata de esclavos como un crimen de lesa humanidad y que son una de las principales fuentes y manifestaciones de racismo y discriminación racial. Resaltó que los africanos y afrodescendientes, así como los asiáticos y los pueblos indígenas, fueron víctimas de esos actos y continúan siéndolo por sus consecuencias. Manifestó que el colonialismo profundizó estos tratos, al grado que formaron parte de las políticas de exterminio en América Latina. Lamentó que los efectos y la persistencia de estas estructuras y prácticas que aún prevalecen en nuestros países, sean la causa primordial de las desigualdades sociales y económicas.
Lo más grave es que estas acciones tienen repercusiones fatales en las esferas de la educación, salud, vivienda, mortalidad infantil y la esperanza de vida, entre los pueblos Afromexicanos e Indígenas, a causa de la discriminación racial, el desprecio por el color de la piel y la xenofobia, que persiste en los poderes públicos y que se reproduce en amplios sectores de la sociedad. No se reconoce su aporte cultural y su contribución al desarrollo de la humanidad, como pueblos con historia y con amplia presencia en diferentes latitudes.
Es un imperativo ético que todos los países de América y todas las demás zonas de la diáspora africana reconozcan la existencia de su población de origen Africano y sus contribuciones económicas, políticas, culturales y científicas que han hecho. Deben reconocer sus derechos a la cultura y a la propia identidad; a participar libremente y en igualdad de condiciones en la vida política, económica y cultural; a tener, mantener y fomentar sus propias formas de organización, su modo de vida; su idioma, su cultura y su religión. Al uso, disfrute y conservación de sus bienes naturales de su hábitat, y a respetar sus tierras que por centurias han conservado.
Ante la multiplicidad de luchas que han proliferado en varios continentes, un grupo de mujeres afrodescendientes de 32 países de América Latina y el Caribe, se reunieron el 25 de julio de 1992, en República Dominicana, con el fin de visibilizar sus luchas, su resistencia y trazar algunas estrategias para enfrentar el racismo y el sexismo, como las expresiones más cruentas de la violencia que padecen. En ese marco el 25 de julio se formalizó como el día internacional de la mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora.
Con motivo de esta conmemoración la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación (RIOOD) manifestó que “aún persisten miradas y prácticas discriminatorias que estigmatizan a la mujer afro, herederas de la historia de violencia perpetrada. Su sometimiento de género se suma a la situación de precariedad y exclusión a la que fueron sometidas, invisibilizadas y excluidas, generando una situación de múltiple vulnerabilidad en su colectivo”.
En México se ha logrado dar un paso importante con el reciente reconocimiento constitucional del Pueblo Afromexicano, que se oficializó el 10 de agosto del 2019, como parte de la composición pluricultural de la nación. Esta incorporación implica saldar la deuda que el gobierno de México tiene con esta población que enfrenta graves problemas marginación, pobreza, salud, educación, falta de oportunidades de empleo, así como discriminación y racismo. Para que esta reforma tenga consistencia debe pasar a las constituciones locales, también se requiere redactar las leyes reglamentarias en cada entidad y modificar la estructura del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas o que se forme un Instituto propio para la población afromexicana.
Tomando como referencia los datos del INEGI, de 2015, se tiene un registro de un millón 381 mil 853 personas que se consideran afrodescendientes. Representan el 1.2 por ciento de la población nacional, siendo 705 mil mujeres y 677 mil hombres. La concentración de su población se da en los estados de Guerrero con el 8.6 por ciento, seguido de Oaxaca con el 4.7 por ciento, Baja California Sur con el 3.3, Yucatán con el 3.0 por ciento, Quintana Roo con el 2.8 y Veracruz con el 2.7 por ciento. Guerrero es el estado que sobresale por el mayor número de población afromexicana que registra 303 mil 923 personas, seguido de el estado de México con 296 mil 264, Veracruz con 215 mil 435 y Oaxaca con 194 mil 474 habitantes. Es importante resaltar que la población Afro se encuentra distribuida en los 32 estados de la república. La entidad que menos población cuenta es de 10 mil 416 personas que se reconocen como afromexicanas. Los municipios que tienen un alto porcentaje de población Afro son: Cuajinicuilapa con el 79.9; Copala con el 58.7; Juchitán con 53.8; Florencio Villareal con 51.4 y Marquelia con 43.1, todos ubicados en la costa chica de Guerrero.
La tenacidad con la que han luchado mujeres y hombres del pueblo Afro ha dado resultados tangibles. Su reconocimiento en la constitución no es una concesión graciosa de las dos cámaras, forma parte de un movimiento que está marcado por el racismo y la discriminación, por parte de los gobiernos criollos y mestizos, que en todo momento han considerado, tanto a la población indígena como Afro, como inferiores e irracionales. Han justificado el despojo de sus territorios ancestrales, han pisoteado sus derechos básicos y los han excluido del presupuesto público. A pesar de la riqueza natural que posee la población Afro, han quedado relegado como principales actores del desarrollo regional. Las tierras que conforman sus ejidos en la práctica las poseen caciques ganaderos, como pasa en Cuajinicuilapa, donde la población Afro se desempeña como peón o vaquero de los patrones, que no son Afros, sino mestizos. Las relaciones que se establecen están marcadas por el color de la piel. Los súbditos son los afros, aunque en realidad sean los dueños de las tierras ejidales. En la práctica se reproduce una relación de explotación por parte de quienes tienen el poder político y económico. Lo mismo sucede con la población indígena, forma parte del estamento social más bajo y por lo mismo es víctima del engaño, despojo y explotación económica.
Los municipios y las comunidades de la costa Chica, a pesar de que se encuentran asentadas en tierras fértiles y cuentan con un gran litoral que forma parte de la riqueza natural de Guerrero, las familias viven en condiciones deplorables; no todos tienen acceso a la educación básica, persiste la deserción escolar y un alto índice de analfabetismo en adultos mayores. Son escasos y precarios los servicios de salud. Las viviendas no cuentan con los servicios básicos de agua, luz, drenaje. Muchos pisos son de tierra y varias casas no están construidas con material duradero. Las actividades del campo son para subsistir con muchas carencias económicas. A pesar de que hay un gran potencial pesquero, las ganancias son nimias entre los pescadores, que no tienen forma de comercializar a gran escala los productos del mar. La población mestiza que ha disputado el poder político es la que se ha beneficiado del presupuesto público y la que se ha apropiado de las mejores tierras destinadas para la ganadería. En la costa Chica se han afianzado los cacicazgos en las cabeceras municipales que tienen el control del comercio, el transporte público, los productos agrocomerciales, la ganadería y la precaria infraestructura turística. En buena medida la población afro se encuentra desorganizada, dispersa en sus luchas, dependiente de los líderes políticos y subordinados a los cacicazgos regionales. Ha sido muy difícil que los jefes y jefas de familia encuentren empleos seguros y bien remunerados. No encuentran en el campo una forma de vivir dignamente y la población que vive de la pesca no le reditúa su actividad, por la competencia local que tiene un reducido número de clientes.
A pesar de que es una región que ha sabido pelear en coyunturas políticas, aún no se han podido liberar del poder caciquil y del clientelismo político que ejercen los líderes de los partidos políticos. La reivindicación de sus derechos como pueblo Afro ha alcanzado resonancia nacional por el gran aporte cultural de los pueblos y de personas que han logrado vencer los obstáculos del racismo para dar la pelea en el plano político y en el ámbito de los derechos humanos. La presencia de las mujeres afros en varios espacios nacionales y estatales, reivindicando su identidad, proyectando su historia y su riqueza cultural, así como el importante papel que desempeñan en la vida comunitaria, han mostrado el encanto de la cultura afro y su trascendencia nacional e internacional para el reconocimiento de su trabajo específico como mujeres afromexicanas que están abriendo brecha en la lucha por el reconocimiento de sus derechos, en su aporte al movimiento feminista, en su lucha tenaz que de manera cotidiana libran contra el racismo y la discriminación, que forma parte de la violencia institucionalizada y de la tragedia que padecen aún por la violencia feminicida.
Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan