Familiares exigieron a la FGE justicia para las mujeres indígenas de la Montaña

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 18 de marzo del 2025. Familiares de víctimas de feminicidio, el colectivo Luciérnaga de Tlapa y mujeres que sufrieron violencia obstétrica, con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, se reunieron con el Fiscal General de Guerrero, Zipacná Jesús Torres Ojeda, donde entregaron información de 30 casos que no han tenido avances en las carpetas de investigación. Plantearon que están pendientes las ejecuciones de órdenes de aprehensión por el feminicidio de las hijas de doña Eduviges, la señora Rojas, Camila, Juliana, entre otras. Exigieron búsquedas de personas desaparecidas, identificaciones forenses, y justicia por violencia obstétrica.

El colectivo Luciérnaga, conformado por familias de personas desaparecidas, dieron a conocer la falta de avances en las carpetas de investigación, las búsquedas e identificaciones forenses de restos óseos de los que, hasta el momento, no han tenido resultados.

La abogada de Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, manifestó que han “sugerido algunos actos de investigación que estamos esperando que se lleven a cabo. En 2018 en Tlapa se instaló la unidad especializada en la investigación del delito de feminicidio, que consideramos debe encargarse de las muertes violentas de mujeres, pero desde 2021 ya no contamos con el ministerio público especializado de esa unidad”.

La abogada lamentó que las carpetas sigan archivadas, en algunas se han remitido a la Fiscalía de Feminicidios en el Estado, pero las mujeres indígenas sin contar con los recursos económico tienen que acudir a Chilpancingo para que les realicen las entrevistas o se lleven a cabo diversos actos de investigación. El desgate para las familias es enorme. Por eso, la reunión tuvo el objetivo de “buscar los mecanismos para agilizar más estos trámites y que podamos avanzar. El fiscal nos citó en 21 días para dar respuesta a las carpetas de investigación que se le presentaron el día de hoy. Nos dijo que esperemos porque está haciendo algunos reacomodos dentro de la Fiscalía para que las investigaciones puedan avanzar”.

Tlachinollan ha documentado 130 casos de feminicidio del 2006 al 2025 principalmente de la Montaña de Guerrero. Doña Eduviges, madre de Abelina Olivares López y Kenia López Flores, víctimas de feminicidio el 26 de julio del 2022 en Tlalquetzalapa, municipio de Copanatoyac, exigió “justicia por nuestras hijas que se perdieron, que les quitaron la vida y hasta ahorita no ha hecho nada la Fiscalía, ya habíamos venido una vez, pero no se ha hecho nada. Uno de mis nietos fue testigo del asesinato de su mamá, dio su declaración, pero lo tuvimos que enviar fuera del estado para proteger su vida porque no han detenido al feminicida. Anda libre en Copanatoyac y dicen que no lo pueden agarrar porque su tío fue presidente municipal. Esperemos que nos haga caso la Fiscalía”.

La madre de Yesenia Romualdo también exigió justicia para su hija, quien fue asesinada por su pareja, Alejandro Avilés. “A mi hija desde chiquita la sacaron de la escuela, no dejaron que estudiara, después de la secundaria se la llevaron, y luego la mataron. A las autoridades les pido que haya justicia porque el asesino está en su casa, en su pueblo. Quiero que lo castiguen, que lo metan a la cárcel. A la gobernadora y a la presidenta de México les pido justicia”. El 15 de septiembre del 2023 fue la última vez que su familia de Yesenia la vio. Lo último que supieron fue que su ex suegra la mandó traer con sus nietos y desapareció. Días después su cuerpo fue localizado en el río de Oztocingo, municipio de Copanatoyac, con heridas de bala, múltiples fracturas y la mayor parte de su cuerpo quemado.

Zacarías, padre de Leuteria, relató cómo fue apuñalada su hija por uno de sus compañeros policías en Alcozauca el 5 de enero del 2025. Por las graves heridas la trasladaron a Tlapa, pero al no haber equipo médico la llevaron a Chilpancingo, sin embargo, no alcanzó a llegar al hospital. “Yo le pido a la presidenta de la república que mande ambulancias bien equipadas porque solo habla, pero no se ve porque en la ambulancia que llevaron a mi hija a cada rato se venía cayendo el respirador. No hay presupuesto para la comunidad, no hay nada. A lo mejor mi hija iba a vivir, pero no había medicina en Tlapa, por eso la mandaron a Chilpancingo, pero falleció antes de llegar. Tengo a mis nietos, no quiero que les pase eso. Quiero mejoras para el municipio y para Guerrero. Nosotros venimos a la capital porque está mejor que en nuestra comunidad”, reclamó Zacarías.

Por su parte, Neil Arias informó que Tlachinollan acompaña siete casos de violencia obstétrica, muertes maternas y muertes infantiles por negligencia médica. Hay un problema estructural de atención a la salud en la Montaña.  Don Pedro Galeana brevemente contó que en el 2019 su esposa Lucrecia Parra Hilario “perdió la vida porque los doctores no la atendieron bien. Mis hijos quedaron huérfanos, uno de nacimiento. Por eso pido justicia, y que este mensaje llegue a la presidenta de la república”.

Nancy mencionó que fue víctima de violencia obstétrica en el Hospital General de Tlapa cuando dio a luz a su bebé, quien quedó con parálisis cerebral. “Ya son 8 años y hasta la fecha no hay avances en la investigación, no hay detenidos y los responsables están libres. Están como si nada, mientras mi niño tiene parálisis cerebral. Son demasiados los gastos en medicamentos. Lo he llevado a rehabilitación a Acapulco, Chilpancingo, México y Puebla. Ahorita lo estoy llevando a terapia, pero solamente con mi esposo y yo cubrimos los gastos”.

“Espero que haya un avance en la Fiscalía porque ya son 8 años de sufrimiento. Quiero que se hagan responsables los médicos que se quedaron a cargo esa noche cuando iba a dar a luz. Que se haga justicia por mi niño, porque él no tenía la culpa de lo que le pasó, está sufriendo. Son 8 años que él ha estado postrado en una cama, no lleva una vida normal como niño, y es doloroso como madre verlo así y que los culpables sigan libres, sobre todo, que no haya una respuesta por parte de las autoridades y que sigan solapando a esos médicos responsables”, dijo Nancy.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha emitido recomendaciones en el 2017, 2018, 2020 y 2023 “para que a través de la Secretaría de Salud pueda cumplir con las indemnizaciones porque se demostró que hubo violaciones graves a los derechos humanos en temas de violencia obstétrica, muertes maternas y muertes infantiles. Pero ya han pasado cuatro años sin que la Secretaría de Salud dé cumplimiento a estas recomendaciones”, denunció Neil Arias.

En algunos centros de salud no hay médicos, sin embargo, lo peor es que no cuentan con medicamentos en una región golpeada por la pobreza, la marginación, el abandono y la violencia contra las mujeres indígenas. Tlapa presenta los mismos problemas de falta de insumos, recursos humanos dentro del hospital y la atención no tiene calidad humana, a pesar de que la misma comisión en su momento emitió recomendaciones de que se tiene que dotar de infraestructura, de personal, pero no ha cambiado nada. En esta compleja y gris realidad continúan las muertes infantiles, las muertes maternas en la Montaña. La violencia contra las mujeres es un pendiente que los gobiernos no han podido resolver.