Feminicidios en la Montaña

Es muy grave constatar cómo la secretaría de finanzas del estado cortó de tajo el presupuesto que estaba destinado para el Centro Comunitario de Ayutla Gúwa Kúma  y el Centro de Justicia de Tlapa. Dos espacios que se ubican en 2 de las regiones indígenas más pobres y donde se han declarado las alertas de género por la violencia que enfrentan las mujeres y por los feminicidios que se han consumado.

En lo que va del año, las trabajadoras realizaron sus actividades con recursos propios porque finanzas canceló todos los gastos de operación. Durante 5 meses las trabajadoras no recibieron los pagos de sus salarios. A Inés Fernández y 5 compañeras embajadoras del centro comunitario de Ayutla de los Libres, no le cubrieron el pago de 3 meses, correspondiente a la beca que reciben. En Tlapa las 13 trabajadoras se vieron obligadas a cerrar las instalaciones para hacer público su enojo y exigir el pago de los 6 meses que les adeudan. Con esta presión lograron que les pagaran 3 meses y una semana después les cubrieron los meses de septiembre y octubre. Está la promesa de que les pagarán los dos meses que faltan en estos días.

Por su parte, Inés y las 5 embajadoras tuvieron que viajar a Chilpancingo para exigir que el recurso autorizado de 914 mil pesos, destinados para gastos de mantenimiento y compra de equipo se ejerzan para rehabilitar el techo y reparar la entrada principal. La postura de la secretaria Violeta Pino fue de sumisión, simplemente se plegó a las decisiones arbitrarias que ha tomado el secretario de finanzas.

Este raquítico presupuesto es el que todavía esquilma este funcionario para dejar en total indefensión a las mujeres indígenas que requieren del apoyo de estos centros. La insensibilidad y displicencia del secretario es totalmente contraria a la asumida por la gobernadora Evelyn Salgado quien ha declarado que Guerrero es un santuario para las mujeres. La realidad es que la violencia se recrudece con los feminicidios.

El informe que presentamos el 7 de diciembre que va de septiembre 2023 a octubre de 2024 documentamos 15 feminicidios que se registraron en los municipios de Tlapa, Cochoapa el Grande, Huamuxtitlán, Copanatoyac, Zapotitlán Tablas y Alpoyeca. La mayoría de las víctimas pertenecían a los pueblos na savi, nahua, me’pháá y mestizo. 7 feminicidios se cometieron en Tlapa, municipio que desde el 22 de junio de 2017 tiene una Alerta por violencia feminicida

Para atender este grave problema, en febrero de 2018, se creó en Tlapa la unidad de investigación especializada del delito de feminicidio, adscrita a la agencia del ministerio público del fuero común, sin embargo, desde el 2021 dejó de funcionar porque la titular cambió de adscripción y nadie ha cubierto su lugar. Lo trágico es que los feminicidios siguen cometiéndose. Es una omisión grave de la Fiscalía General del Estado (FGE) que siga acéfala esta unidad, porque se requiere personal especializado que conozca los protocolos y aplique los estándares más altos para juzgar a los feminicidas.

Esta falla ha repercutido en las carpetas de investigación, porque la mayoría fueron archivadas y nadie le ha dado impulso procesal. En este tiempo se perdieron valiosos indicios al grado que será imposible reencausar los procesos para que los familiares de las víctimas accedan a la justicia.

La mayoría de casos de feminicidios las mujeres fueron expuestas en espacios públicos: en carreteras o predios donde la gente transita. Les infligieron lesiones y mutilaciones infamantes y denigrantes y varias de ellas tenían relaciones de parentesco o de confianza con sus agresores.

En los casos de mujeres y niñas que acompañamos desde el 2006, hemos constatado la saña con la que se cometen los crímenes: queman sus cuerpos, les amputan órganos y degüellan. Se busca causar el mayor daño posible y dejar un mensaje de terror para inmovilizar a las familias. Las acciones siniestras de los perpetradores sólo son posibles porque se saben impunes y se sienten seguros de que las fuerzas del orden no actuarán en su contra. Saben que las víctimas están indefensas y no cuentan con redes de apoyo. Los ministerios públicos no investigarán y los jueces los liberarán. Las autoridades no le dan crédito al dicho de las mujeres. Los feminicidas gozan de impunidad.

Lo más grave es que existe un subregistro de los casos porque las fiscalías no califican el hecho como tal, optan por tipificarlos como homicidios simples, dolosos (suicidios) y calificados, pese a estar acreditadas las razones de género. Este subregistro tiene la finalidad de ocultar los altos índices de feminicidios en el estado y presentar escenarios ficticios.

En la Montaña las falencias en las investigaciones de feminicidios continúan. Los ministerios públicos incumplen los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), aprobados en su Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 2018. Por la vía de los hechos no aplican el protocolo de investigación con perspectiva de género, además hacen un mal manejo de la escena del crimen, de la preservación, aseguramiento, resguardo y traslado de los indicios. Sólo los casos que conoce la fiscalía especializada en feminicidios es la que cuenta con varias áreas que abonan para avanzar en la integración de las carpetas de investigación. Lamentablemente en la Montaña no es posible hacer estos trabajos que van en detrimento de las víctimas.

Como organismo civil hemos planteado a los fiscales sobre la apremiante necesidad de reactivar la oficina especializada en delitos de Feminicidios o por lo menos contar con ministerios públicos especializados en la materia. En todo momento solicitamos que se ejecuten 7 órdenes de aprehensión de los casos que acompañamos. Sabemos que existen otras órdenes de captura que tiene la Fiscalía, pero que no han sido ejecutadas por falta de voluntad y compromiso con las víctimas. Si cumplieran con estos ordenamientos judiciales ayudarían a prevenir más hechos de violencia y enviarían un mensaje a los perpetradores de que sus crímenes no quedarían impunes. Las carpetas abiertas por estos delitos siguen estancadas. Algunas se han remitido a la Fiscalía de feminicidios de Chilpancingo para garantizar una investigación pronta e imparcial, pero las dilaciones continúan. Los agentes

del ministerio público a menudo justifican que Tlapa es un lugar distante y que no cuentan con tiempo ni recursos para realizar los actos de investigación de manera rápida, como exigen las víctimas, ya que tienen que atender a todo el estado.

De acuerdo a las cifras publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) correspondiente al mes de agosto de 2024, Guerrero ocupa el lugar 21 en feminicidios y en violencia de género el 3. Esta información la ha sabido explotar la gobernadora, Evelyn al destacar que se debe a la implementación de políticas públicas que han garantizado la seguridad y bienestar de las mujeres y a impulsar diversas estrategias para atender y prevenir la violencia de género. Para ella, en los 3 años de su gobierno, hay un avance en la construcción de un estado más seguro y libre de violencia para las mujeres, sin embargo, los feminicidios en la Montaña reflejan otra realidad.

Hasta este momento en los ocho municipios de Guerrero que tienen la Alerta por Violencia de Género y la Alerta por Agravio Comparado decretada el 5 de junio de 2020, no hay resultados tangibles que reviertan la violencia feminicida y las desapariciones forzadas cometidas por particulares, en agravio de mujeres y niñas. Tampoco han disminuido los matrimonios forzados en comunidades indígenas como Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Alcozauca, Xalpatláhuac, Atlamajalcingo del Monte, Copanatoyac, Acatepec y Tlapa, donde son más recurrentes estas prácticas.

Lo que hoy padecemos en la entidad es una violencia incontenible que coloca en el desfiladero de la muerte a mujeres y niñas que se encuentran indefensas. Las mismas instituciones del estado están imposibilitadas de atender, porque solo se encuentran en las cabeceras municipales y porque no cuentan con personal suficiente ni el presupuesto necesario para ponerlas a salvo. En los hechos las autoridades no le apuestan para revertir estas grandes fallas de sus programas. Optan por lo menos complicado, como dar talleres, realizar reuniones fuera de las comunidades donde están los problemas y se limitan a realizar visitas esporádicas para justificar que se está erradicando la violencia.

Las mujeres y las niñas resisten solas y luchan contra todo: la pobreza, la discriminación, la violencia sexual, la explotación laboral, el maltrato infantil y la esclavitud matrimonial. Dan la batalla en todos los frentes. Lo que las apabulla es que muy pocas salen de este laberinto de la violencia. El sistema patriarcal las atrapa y las hunde en el analfabetismo, la sumisión, el destino funesto de los matrimonios forzados y la crianza de los hijos.

Es inconcebible que un estado donde los casos de feminicidios se incrementan y donde los matrimonios forzados de niñas indígenas se multiplican, los 3 poderes del estado no se comprometan a realizar acciones contundentes y eficaces para salvaguardar la vida y la integridad física de las mujeres y niñas. Con presupuestos raquíticos que al final se los arrebatan de manera abusiva es imposible contener los huracanes de la violencia feminicida. Más bien las mismas autoridades son cómplices de estas tragedias porque se encargan de desmantelar a las pocas instituciones que tratan de acompañar y apoyar a las mujeres.