Feminicidios: violencia tolerada por las autoridades

Don Jesús y doña Reyna trabajan en su parcela desde hace 40 años. No saben leer ni escribir, con dificultades se comunican en castellano. Los dos han luchado para que sus hijos fueran a la escuela. Tuvieron 7 hijos: 5 mujeres y dos varones. La sexta hija fue Griselda que nació el 16 de marzo de 1994 en la comunidad nahua de Tlacuiloya, municipio de Tlapa. Doña María, la partera del pueblo, sobó a su mamá para que se acomodará bien el cuerpecito de su hija y no tuviera complicaciones en el parto. Griselda fue de las hermanas que pudo concluir su primaria en el pueblo. Caminaba más de una hora para asistir a la secundaria en Ahuatepec Pueblo. Fue persistente y muy sacrificada, porque hubo ocasiones en que probaba alimento cuando regresaba de la escuela. Gracias a unos familiares que viven en Alpoyeca, tuvo la oportunidad de estudiar el bachillerato.

Don Jesús y doña Reyna se ilusionaron mucho cuando Griselda terminó los estudios de nivel medio superior. Era la primera hija que había salido del pueblo para estudiar. Sus hermanos optaron por trabajar en los campos agrícolas en Sinaloa. Con las amistades que hizo se animó para estudiar en el tecnológico de la Montaña, en Tlapa. Lo caro de la vida en esta ciudad y los múltiples gastos de la carrera en sistemas la obligaron a truncar sus estudios. No tuvo otra alternativa que trabajar como empleada doméstica para ahorrar un poco de dinero y continuar sus estudios en una escuela privada.

Logró culminar su carrera y empezó a subir la dura cuesta para conseguir un empleo. Pudo abrirse paso y con sus amigas empezó a participar en reuniones para hacer gestiones ante la secretaría de educación para conseguir una plaza. Fueron varias vueltas a Chilpancingo y al final logró su primer contrató en el 2019. Tuvo la suerte de que se lo renovaran, aunque le pagaran al año. Griselda fue de las jóvenes que lograron superar muchos obstáculos, sobre todo la precariedad económica, la discriminación por ser hablante del nahua y el desprecio de una sociedad machista y racista. Sus hermanas que no pudieron estudiar y que ya son madres de familia se sentían orgullosas, porque sabía computación e inglés y porque tenía un trabajo como maestra. Don Jesús y doña Reyna, con la sencillez que les caracteriza, le daban gracias a Dios por lo que había logrado su hija Griselda.

Griselda era una joven con una gran sensibilidad, cuando podía apoyaba a las niñas que llegaban a la escuela sin almorzar. También buscaba recolectar víveres para ayudar a las familias más pobres. Apoyaba a estudiantes que tenían interés en aprender inglés y los incentivaba para que no dejaran de hablar su idioma materno. Nunca imaginó que con la bondad que trataba a la gente, experimentaría maltratos y golpes de quien decía que la quería. Soportó en silencio la violencia de su pareja. Confió en que la situación cambiaría y que encontraría la felicidad que anhelaba. El jueves 22 de febrero Griselda fue apuñaleada cobardemente por su pareja en el cuarto donde vivían. Todo se derrumbó para don Jesús, doña Reyna y sus 6 hermanos. La tragedia se tornó más cruenta por las pésimas actuaciones de las autoridades que no aseguraron el lugar y expusieron a la víctima en las redes sociales.  Es muy común que los agentes del ministerio público no apliquen el protocolo de actuación en casos de feminicidio y muertes violentas con perspectiva de género. Tampoco se llevan a proceso a los feminicidas. A la fecha la unidad de investigación especializada en el delito de feminicidio que se instaló en febrero de 2018 en Tlapa, desde el año de 2021 no cuenta con personal en la unidad para dar continuidad a las investigaciones en los casos de feminicidios. Lo que hacen los ministerios públicos del fuero común desde el 2022, las carpetas que inician por el delito de feminicidio las remiten a la fiscalía especializada en la ciudad de Chilpancingo y son ellos los que supuestamente le dan continuidad. En la práctica este traslado retarda más el proceso de investigación y regularmente los familiares se ven obligados a ir a Chilpancingo para que se judicialicen los casos. Una realidad poco probable.

Estos casos que son graves no son atendidos con celeridad y exhaustividad para una integración robusta de la carpeta de investigación. Desde la manera de clasificar el delito como homicidio calificado ya hay un sesgo en la línea de investigación para mantener a la baja las estadísticas oficiales relacionadas con los casos de feminicidios. Importa más cuidar la buena imagen de las autoridades y las instituciones, que realizar investigaciones a fondo que pongan en evidencia el patrón de criminalidad que persiste en estos crímenes de odio. Estas falencias de las investigaciones alientan la violencia feminicida y mandan un funesto mensaje a las familias de las víctimas de que no habrá castigo para los responsables.

El calvario que padeció don José no solo se dio con la investigación sino con el traslado del cuerpo de su hija Griselda al Semefo de Chilpancingo. Además de no explicarle en su propia idioma el procedimiento que se sigue, para realizar la necropsia de ley, se aprovechan de su dolor y estado de indefensión. Ya es una práctica recurrente y consentida por las autoridades de la fiscalía, de que los familiares tengan que costear todos los gastos de traslado del cuerpo de la víctima. Tienen que dar vueltas y hacer varios gastos para sacar copias, pagar pasajes y comidas. El regreso del cuerpo lo tienen que solventar los familiares.

Don José se fue con 400 pesos a Chilpancingo. De nada le sirvieron por todos los gastos que hizo. Habló con su hijo que está trabajando como jornalero para que le mandara mil 500 pesos. Con ese dinero apenas pudo cubrir los gastos de los trámites. El chofer del vehículo del Semefo que se llevó el cuerpo de su hija, le explicó que para regresar a Griselda y llevarla en una caja a Tlapa, el servicio le costaría 22 mil 40 pesos. Don José no asimilaba lo que le decían. Aparte del dolor por el feminicidio de su hija, ahora tenía que pagar esa cantidad para llevársela. No tuvo de otra que aceptar con la promesa de pagar la cantidad en Tlapa. Fueron varias llamadas que realizó con sus hijas, hijos y compadres para juntar el dinero.

La Ceav se desentendió del caso, y como siempre sucede, deja a las víctimas a su suerte. Son los familiares y no los funcionarios de la institución los que tienen que buscar el apoyo para cubrir los onerosos gastos. No hay ese compromiso ni sensibilidad para acompañar a las víctimas, por el contrario, se les culpa por no acudir con ellas. Se les ignora y maltrata por ser indígenas y pobres. Don José tuvo que lidiar no solo con el ministerio público, sino con el mismo encargado de llevar el cuerpo de su hija, que hace negocio con el dolor de la gente desamparada.

El caso de Griselda nos muestra las graves deficiencias de las instituciones encargadas de hacer las investigaciones, de atender a las víctimas y de brindarle el acompañamiento necesario. A ninguna autoridad le interesa estar al lado de las víctimas, de asumir su causa, de solidarizarse con su situación y de hacer frente a los problemas que enfrentan. No solo es padecer la violencia de los feminicidas sino ser también víctima de la violencia institucionalizada.

Actualmente en la Montaña de Guerrero hay un registro de 10 feminicidios en lo que va de enero de 2023 a febrero de 2024. Los municipios donde se han consumado estos arteros crímenes son: Tlapa con 4 feminicidios, Copanatoyac 2, Huamuxtitlán, Cualac, Zapotitlán Tablas y Alpoyeca, 1 en cada municipio. Las edades de las victimas oscilan entre los 21 a los 45 años de edad. 8 de ellas eran indígenas y 2 mestizas.

Como centro de derechos humanos acompañamos como asesores jurídicos a víctimas indirectas de 26 feminicidios cometidos desde el año 2014, incluido un caso de una niña de 16 años ocurrido en el 2006. Estos hechos que agravian a la sociedad ocurrieron en los municipios más pobres de la Montaña y Costa Chica, como Ayutla de los Libres, Olinalá, Acatepec, Malinaltepec, Alpoyeca, Tlacoapa, Metlatonoc, Atlamajalcingo del Monte, Zapotitlán Tablas, Cochoapa el Grande, Copanatoyac y Tlapa.

De los 26 casos de mujeres y niñas víctimas de feminicidio, contamos únicamente con tres condenas. Las instituciones de procuración de justicia, tienen una deuda pendiente con las familias indígenas de Guerrero, que a la fecha lloran la muerte de sus madres, hijas, nietas, abuelas, primas, tías, sobrinas y amigas. Desde el 2014 a la fecha no hay resultados tangibles que garanticen a las familias una justicia pronta y expedida. Más bien los feminicidios en Guerrero además de que son invisibilizados en las cifras oficiales los mismos agentes del ministerio público se transforman en cómplices de los perpetradores al no realizar una investigación profunda de los casos ni hacer una tipificación adecuada del delito. La impunidad galopa dentro de las mismas instituciones del estado y le endilgan toda la carga de la investigación a las familias y se encargan de hacer más onerosa la justicia que debe de ser gratuita y expedita.

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