FICHA INFORMATIVA | La situación de la Montaña de Guerrero a cuatro meses del paso de la Tormenta Manuel y el Huracán Ingrid

La situación de la Montaña de Guerrero a cuatro meses del paso de la Tormenta Manuel y el Huracán Ingrid

I. Introducción

Los días 13, 14, 15 y 16 de septiembre un fenómeno meteorológico de enormes proporciones originado por la conjunción de la tormenta Manuel y el Huracán Ingrid, golpeó el territorio nacional, causando graves afectaciones en el Estado de Guerrero. Una de las regiones más afectadas fue la región de La Montaña, una de las regiones con los índices más altos de marginación de todo el país. Las tormentas no sólo causaron daños que requieren atención urgente, sino también han puesto a la región al borde de una crisis alimentaria.

 

II. La situación de emergencia

El 23 de septiembre, el Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de Desastre Natural en 56 municipios del estado de Guerrero, incluyendo los 19 municipios de la Montaña, consecuencia de las lluvias del 14 de septiembre. La región de la Montaña con más de 1,000 comunidades en donde se concentra el 85% de la población indígena del estado según el Censo del 2010 del INEGI, fue severamente dañada por la combinación de la tormenta Manuel y el Huracán Ingrid.

Algunas de las principales afectaciones que dejaron las lluvias son las siguientes:

• Fallecimientos. Hasta el momento se han verificado alrededor de 40 fallecimientos tan sólo en la región de la Montaña. Si se considera que el total de fallecimientos a nivel nacional que dejaron las tormentas asciende a 130 personas, y que en Guerrero se reportan 78 en las cifras oficiales, las muertes de hombres, mujeres, niños y niñas indígenas de la región representarían casi una tercera parte del total nacional y prácticamente la mitad del número de decesos en el estado.
• Comunidades de desplazados. Las y los habitantes de comunidades como Filo de Acatepec, El Tejocote, La Lucerna, Moyotepec, El Tepeyac y San Miguel Amoltepec tuvieron que desplazarse a vivir en precarios campamentos que han improvisado a las orillas de los caminos; estas comunidades permanecen ahí hasta la fecha a la espera de propuestas concretas de reubicación.
• Viviendas destruidas. Las afectaciones causadas por las lluvias ocurrieron en prácticamente todas las comunidades, evidenciando la intensidad del fenómeno meteorológico, así como la precariedad de las condiciones y servicios de vivienda en la Montaña.
• Deslaves. Las deslaves de grandes proporciones no solamente afectaron viviendas y caminos, si no que arrasaron con cientos de hectáreas de cultivos de temporal de Milpa (siembra de maíz, frijol, calabaza), próximas a cosecharse. La desaparición de la milpa pone en grave riesgo de hambruna a quienes perdieron su principal fuente de alimento, misma que no podría ser sustituida por despensas, si bien ésta han resuelto parcial y temporalmente el abasto de alimento para un sector de las familias afectadas.
• Destrucción de servicios básicos. Una gran cantidad de comunidades continúan sin agua potable, sin servicio de energía eléctrica y sin atención médica, lo cual, aunado al desabasto de alimentos, incrementa los niveles de riesgo de enfermedades en la población damnificada.
• Incremento en flujos migratorios. Si bien es difícil establecer una relación causal del paso de las tormentas con los flujos migratorios de la región, en Tlachinollan hemos documentado el incremento significativo de migración a campos agrícolas de la población de la región, duplicándose la relación de migrantes jornaleros que buscan una oportunidad laboral en campos agrícolas den el norte del país, tan sólo en el periodo de Septiembre-Octubre, en comparación con el registro del año anterior.

 

III. La respuesta de los pueblos: La organización y demanda de participación

En este contexto, las propias personas damnificadas conformaron el 22 de septiembre de 2013 el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero. Este esfuerzo organizativo surgió para dar voz a las comunidades, que al no ser consideradas algún nivel de gobierno corrían el riesgo de ser excluidas de los programas de atención inmediata y de reconstrucción. Asimismo, el Consejo fue creado para impulsar una mayor rendición de cuentas y más amplios espacios de participación ciudadana que permitan integrar a la discusión su visión respecto a sus necesidades, con el objetivo de orientar las acciones impulsadas por el gobierno tras el paso de las tormentas.

El Consejo está constituido por autoridades comunitarias que dada la identidad indígena de la región Montaña, son los representantes directos de sus pueblos y portavoz para con las autoridades municipales y cuentan con la representatividad legal y real de las comunidades, lo que no puede decirse de autoridades electas como las municipales, que en la región tienen un grave déficit de representatividad. Además éstas tienen el conocimiento concreto de los daños que han sufrido, siendo ello fundamental para recibir una atención oportuna y adecuada a sus propias circunstancias. En este sentido, frente a la magnitud de la devastación el Consejo representa un esfuerzo único de contraloría social y participación cívica con pertinencia cultural en la Montaña de Guerrero.

Así lo han reconocido las mismas autoridades de los distintos niveles de gobierno desde su creación, cuando el 23 de septiembre el Consejo sostuvo una reunión con la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, además de mantener interlocución permanente con el Subsecretario de Desarrollo Comunitario y Participación Social de esa dependencia federal, Javier Guerrero García y con los equipo operativos de SEDESOL en el estado, durante todo el año 2013.

El Consejo ha mostrado especial preocupación por el desabasto de granos básicos. La inmensa solidaridad nacional e internacional, mediante el envío de víveres, permitió a algunas comunidades de la Montaña enfrentar la carestía más inmediata. Sin embargo, la pérdida de la siembra de este ciclo agrícola y el desabasto que se presenta en la red de DICONSA, pueden conjugarse para generar en el corto plazo una crisis de abastecimiento de maíz y frijol capaz de traducirse en hambruna, dado que, como es sabido, estos granos son el componente central de la alimentación de las comunidades.

Por ello, sus integrantes formularon una propuesta para garantizar el derecho a la alimentación que tutelan los artículo 4º y 27 de la Constitución Política, de suerte que las personas y comunidades afectadas cuenten con condiciones mínimas para enfrentar la pérdida generalizada de la siembra de autoconsumo, mediante un programa de abasto extraordinario y gratuito de maíz a ejecutarse directamente en las comunidades damnificadas, a fin de asegurar la disponibilidad y la accesibilidad del grano como insumo agrícola y como base del sustento ancestral de las comunidades. Dicha propuesta, elaborada conjuntamente por el Consejo, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, A.C. (ANEC), fue presentada formalmente a SEDESOL durante el mes de noviembre de 2013, sin embargo, a más de un mes de la presentación no hay respuesta formal al respecto.

IV. El Derecho a la Alimentación

El derecho a la alimentación está protegido tanto por el Artículo 4 de la Constitución Mexicana, como por al artículo 11 del Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), en su artículo 12; así como el artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño, tratados internacionales debidamente firmados y ratificados por el Estado mexicano y que forman parte de un bloque de regularidad constitucional, de acuerdo a la reforma en materia de derechos humanos aprobada en 2011.

Así, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en su Observación General número 12 de 1999, señaló que el derecho a la alimentación comprende: “la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada” así como “la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos”. (Párrafo 8). Es importante destacar el énfasis que el Comité ha puesto en la aceptabilidad cultural. Al respecto, en la propia Observación General 12 señala esta instancia: “hay que tener también en cuenta, en la medida de lo posible, los valores no relacionados con la nutrición que se asocian a los alimentos y el consumo de alimentos, así como las preocupaciones fundamentadas de los consumidores acerca de la naturaleza de los alimentos disponible” (Párrafo 11).

En este mismo marco, se reconoce que el Estado debe adoptar medidas extraordinarias para garantizar el derecho a la alimentación en desastres naturales. En la misma Observación General 12 el Comité se ha referido a la obligación del Estado de adoptar medidas especiales para mitigar el hambre en casos de desastre natural (párrafo 6).

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha dicho: “La obligación de proveer implica que el Estado, como último recurso, debe suministrar alimento “en el caso que un individuo o grupo de individuos no pueda disfrutar del derecho a la alimentación adecuada a través de los medios a su disposición, por cualquier motivo que escape a su control” (Observación General 12, parágrafo 15). Las situaciones de emergencia, debido a su naturaleza misma, conllevan a menudo un cambio de la obligación de facilitar a la obligación de suministrar.”¹ Y en el mismo sentido, ha apuntado: “Existe una gran variedad de formas para implementar la obligación de suministrar: programas gratuitos de ayuda o de trabajo por alimentos; la provisión de alimentos o de dinero (en este último caso, las medidas para cumplir/proveer pueden ser asociadas con las medidas para cumplir/facilitar el acceso del comercio privado en una región afectada)”².

V. La propuesta para que llueva maíz en la Montaña

Hasta el momento, el Gobierno Federal a través de la SEDESOL y de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), ha respondido a la contingencia instalando comedores comunitarias con el apoyo del Ejército en un número limitado de comunidades y haciendo repartos discrecionales de granos en un número limitado de municipios, sin buscar la participación directa de las comunidades. Por otro lado, se ha anunciado un programa de reconstrucción de la entidad (“Plan Nuevo Guerrero”), centrado en temas de infraestructura. Estas medidas, sin embargo, no son suficientes para revertir la crisis dadas sus dimensiones; no solventan la situación en el mediano plazo; no satisfacen la dimensión de pertinencia cultural requerida en el caso; y contribuyen a ampliar la presencia militar en territorios indígenas. En suma, a la fecha no hay ni un programa ni un plan de acción gubernamental que responda integralmente a la necesidad de garantizar el derecho a la alimentación de las personas y comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero damnificadas por las recientes tormentas.

En ese contexto, los integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero ha presentado a la SEDESOL una propuesta de abastecimiento de granos básicos a las comunidades damnificadas con una serie de virtudes de primera importancia:

• •Enfoque de derechos: No se trata de una política asistencial, sino de un mecanismo extraordinario de protección de derechos que hoy se encuentran en riesgo, 
• •Pertinencia cultural y fortalecimiento del tejido social: Al incluirse la participación de los Comisarios, como autoridades tradicionales de los pueblos originarios, se asegura que la medida tome en cuenta la identidad indígena de los destinatarios.
• •Participación ciudadana y construcción de ciudadanía: El diseño del programa con las autoridades y la sociedad civil, generará esquemas de diálogo entre el gobierno y la sociedad que son inéditos en una región donde la presencia estatal ha sido secularmente punitiva antes que garante de derechos.
• •Transparencia: Los esquemas de contraloría social que generará la participación directa de las comunidades damnificadas será el mejor resguardo contra actos de corrupción y manejos indebidos.
• •Visión de mediano plazo: Asegurando el derecho a la alimentación mediante un plan integral de reabastecimiento de maíz, frijol y arroz, las comunidades damnificadas podrán acometer las inmensas tareas que impone la fase de reconstrucción.
• •Defensa del interés nacional y la soberanía alimentaria: Al incluir expresamente la compra de granos a pequeños y medianos productores nacionales, el Gobierno Federal generaría un círculo virtuoso al adoptar medidas extraordinarias a favor de quienes más lo necesitan, estimulando simultáneamente a los productores mexicanos que requieren del impulso estatal para comercializar sus productos en mejores condiciones.  
• •Gratuidad: Al entregarse los granos básicos gratuitamente, los escasos ingresos de las familias podrán concentrarse en la reconstrucción y no en satisfacer este derecho humano recurriendo a alimentos poco nutritivos pero más baratos. Es importante mencionar que la gratuidad está dada en el marco de la emergencia y con el uso de los recursos públicos que han sido destinados para ello.

 

Este mecanismo extraordinario de protección de derechos, busca garantizar en su modelo la pertinencia cultural, la participación activa de las comunidades afectadas, así como mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Así mismo, se ha desarrollado en diálogo con organizaciones de productores nacionales que trabajan bajo la premisa de fortalecer la soberanía alimentaria y el cultivo de maíz nativo en pequeña y mediana escala.

Es importante recalcar, que dicha propuesta representa menos del 2% del total del monto para el plan financiero dentro del “Plan Nuevo Guerrero”, que no contempla recursos específicos ni programas especiales para atender la crisis alimentaria que se presentará en al Montaña de Guerrero. Por el contrario, las pocas entregas de grano que se han materializado hasta el momento se han realizado por medio de los Presidentes Municipales, lo que ha generado denuncias de malversación; y, por otro lado, la llamada “Cruzada contra el Hambre” no es un programa que se haya creado específicamente para atender el desastre natural y ha despertado crisis en la Montaña debido a que su alcance es insuficiente y su instrumentación descansa en una injustificable presencia castrense en las comunidades en el estado de Guerrero.

Esta situación, debe señalarse, es del más alto interés público pues ha sido también reiterada por medios de comunicación nacional que han alertado sobre la secuela de hambre que dejaron las tormentas en la Montaña de Guerrero, incluyendo el incremento hasta en un 20% de salida de población jornalera agrícola a los campos en el norte del país, en comparación con el registro del año anterior.^[1]

VI. Conclusión

A cuatro meses del paso de Manuel e Ingrid por Guerrero, la respuesta de las autoridades de los distintos niveles de gobierno ha la crítica situación de las comunidades damnificadas ha sido por lo menos omisa. Por parte de las autoridades estatales, la respuesta ante la movilización de distintas comunidades, de las distintas regiones del estado, se ha concretado en deslindar responsabilidades, bajo la excusa de la falta de recursos[2]. Además, la reciente información sobre la malversación y el acaparamiento de la ayuda humanitaria enviada al estado[3], refuerza la idea de que la falta de transparencia y rendición de cuentas en las administraciones estatales y municipales previenen de que los recursos para la reconstrucción serán distribuidos correctamente.

De igual forma, las respuestas por parte de la administración federal ante la eminente y fundada crisis alimentaria, se ha concentrado en deslindarse de la situación de pobreza estructural que reina en la región[4], y en implementar un programa de comedores comunitarios que no responden a la situación derivada del desastre. Igualmente, ante una propuesta concreta desarrollada y presentada por las mismas comunidades damnificadas, el silencio de la administración federal, da cuenta de la simulación que se invoca al hablar de la importancia que tiene la participación de las comunidades en los programas centrales de desarrollo social.

En este marco, es urgente que la Secretaría de Desarrollo Social brinde información sobre las acciones en marcha y que se contemple emprender para prevenir una inminente crisis alimentaria en la región; además de retomar el diálogo con el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, para evitar que la discrecionalidad y la opacidad desvíen el objetivo de cumplir con el deber constitucional y convencional del Estado para garantizar la alimentación de las personas afectadas en la Montaña de Guerrero.