Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, Guerrero, a 31 de marzo de 2019. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), organizaciones sociales y Tlachinollan se reunieron entre la espesura de las montañas, donde surgiría la propuesta de seguridad comunitaria en 1995, para reflexionar en torno a la lucha por los derechos colectivos de los pueblos indígenas, específicamente la defensa de los sistemas normativos.
Al unísono todos coincidieron en que los derechos ganados y que están en tratados internacionales, así como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos están siendo pisoteados por reformas por legislaciones retrógradas, que sin tomar en cuenta a los pueblos originarios, borraron en un cerrar y abrir de ojos a la policía comunitaria de la Ley 701 con la reforma al artículo 14, y en este sentido, también queda sin protección y al margen de la Constitución Política del Estado de Guerrero, es decir, la policía comunitaria de la Montaña y Costa Chica queda sin marco jurídico en el estado de Guerrero, lo cual vulnera los derechos colectivos gravemente.
Tlachinollan explicó parte de la reforma a la Ley 701; un ejemplo, antes de la reforma existía un apartado donde decía que las personas indígenas que estaban en rehabilitación en algún penal de Guerrero podía solicitar su cambio a la policía comunitaria y cumplir su sentencia o en su caso seguir su proceso jurídico en el sistema de justicia comunitaria, cerca de su comunidad, esto ya no existe. Por su parte, en la misma Ley 701 expresamente mencionaba a la policía comunitaria, con la reforma tampoco existe, así está la reforma en lugar de avanzar, regresa o quita el derecho ya otorgado, sin tomar en cuenta ni respetar los tratados internacionales, esto es impensable para un Estado democrático, pero más aún cuando se ha reconocido plenamente la autonomía y la autodeterminación de los pueblos originarios.
Frente a esta encrucijada del sistema de justicia comunitario, los asambleístas vieron necesaria la articulación de todas las casas de justicia de la CRAC-PC, organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos e incluso la participación de los legisladores y senadores tanto locales y federales ya que tienen una obligación de un compromiso social con los pueblos originarios, a decir verdad, también tienen la oportunidad de cambiar la histórica de discriminación y olvido, sin embargo, en estos momentos cruciales los esfuerzos conjuntos de estos actores se concretará en pro de los derechos colectivos.
La organización de los pueblos será para defender hasta con los dientes el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y Afromexicanos, hasta ahora hay más retrocesos que avances.
Por último, mencionar que a la par al encuentro de la CRAC-PC en la casa de justicia de Espino Blanco, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, realizó coincidentemente un evento de entrega de apoyos asistencialistas a la comunidad de Colombia de Guadalupe a unos cinco minutos donde la CRAC-PC y otras organizaciones sociales tenían su asamblea. ¿Qué se pretendía por parte del poder ejecutivo del estado de Guerrero? ¿Acaso es la estrategia de seguir dividiendo a los pueblos más vulnerables y sus derechos? ¿Acaso es la política de la fragmentación de los pueblos? Cuestionemos mucho más este comportamiento del poder caciquil.
