Guerrero, bajo las garras del crimen organizado

En memoria del defensor comunitario Arnulfo Cerón,

                               a 3 años de su desaparición y artero asesinato.

                                            Honramos la lucha incansable de Ranferi Hernández,

                                                    asesinado en el 2017, junto con su esposa Lucía,

                                   su suegra Juanita y su ahijado Antonio.

                                 La prueba mayor del nuevo gobierno es garantizar justicia

                                                         a las víctimas y arrancar de raíz la impunidad

                           de un régimen corrupto.

Los 9 municipios de la Tierra Caliente forman parte de las zonas del silencio que prevalecen en el estado ante el férreo control que han impuesto las bandas del crimen organizado. A nivel estatal sobresalen los municipios turísticos de Acapulco, Zihuatanejo y Taxco, como las cabeceras municipales más sangrientas por el alto número de personas asesinadas y desaparecidas. La ciudad de Iguala, ubicada en la zona norte se erigió en la cabecera municipal más violenta, cuando gobernaba José Luis Abarca junto con el grupo delincuencial Guerreros Unidos. Lograron establecer alianzas con el ejército, los policías federales, los ministeriales, los del estado y los policías de municipios circunvecinos. Todos ellos se coludieron para desaparecer a los 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa y asesinar a 3 de sus compañeros. Son 8 años que el gobierno federal continúa solapando a los jefes del crimen organizado que han tomado la ciudad como la plaza más codiciada y su guarida más segura.

En el contexto de la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, la SEDENA, de acuerdo con información vertida por el colectivo Guacamaya, emitió un informe en el que vincula a 20 alcaldes de Guerrero con el narcotráfico y el crimen organizado. El reporte fue enviado por correo electrónico a Tomás Zerón de Lucio, quien se desempeñaba como titular de la agencia de investigación criminal de la PGR. Los municipios mencionados son; Iguala, gobernado por el PRD y controlado por guerreros unidos; Cocula, por el PRI y guerreros unidos; Arcelia por el PRI y la familia michoacana; Apaxtla de Castrejón, PRD-guerreros unidos;  Coyuca de Catalán, PRD-caballeros templarios; Tlapehuala, PRI-la familia michoacana; Pungarabato, PRI-caballeros templarios; Taxco de Alarcón, PAN-guerreros unidos; Huitzuco de los Figueroa, PRI-guerreros unidos; Buenavista de Cuellar, PT-guerreros unidos; General Canuto Neri, PRD-la familia michoacana; General Heliodoro Castillo, PRI-guerreros unidos; Teloloapan,PRD-guerreros unidos; Ixcateopan de Cuauhtémoc, PRD-la familia michoacana; Pilcaya, PAN-la familia michoacana; San Miguel Totolapan, PRI/PVEM-los tequileros; Tlalchapa, PRD-la familia michoacana; Ajuchitlán del Progreso, PRD la familia michoacana; Zirándaro de los Chávez PRD-caballeros templarios y Tepecoacuilco, PAN-la familia michoacana.

Esta información fue elaborada por la subjefatura de inteligencia del estado mayor de la defensa nacional (EMDM9) y forman parte de los #SedenaLeaks que incluye un diagnóstico ejecutivo sobre la agenda delincuencial y social del estado de Guerrero. Se habla de que en la entidad hay presencia de 5 organizaciones criminales de carácter nacional o regional y 15 grupos delictivos de corte estatal que con el tiempo se han ido escindiendo, por las disputas internas y los liderazgos delincuenciales.

En la zona centro se encuentra Chilpancingo como principal bastión político que está en disputa por parte de varias organizaciones criminales. Tixtla y Chilapa están en la ruta de la Montaña baja donde también se han dado enfrentamientos entre grupos antagónicos del crimen, por el control territorial. En la zona serrana hay varios municipios que están controlados por el crimen organizado, como Heliodoro Castillo, Apaxtla, Coahuayutla. La violencia que pasa desapercibida para las autoridades del estado ha provocado el desplazamientos de decenas de familias, que han perdido sus cosechas y sus viviendas. Han buscado refugio en algunas cabeceras municipales y comunidades vecinas, viviendo en condiciones insalubres, en extrema pobreza y en situaciones de alto riesgo.

En su reciente visita a Guerrero, Cecilia Jimenez-Damary,  experta de la ONU sobre personas desplazadas, constató el gran número de familias desplazadas de varios municipios de la sierra, Costa Grande, zona Centro, Tierra Caliente y región Norte. Todas las familias han sido víctimas de la violencia delincuencial y de la indolencia gubernamental, porque los han abandonado a su suerte. Verificó cómo las niñas y niños no tienen posibilidades de acceder a la escuela ni que cuenten con un lugar digno y seguro para vivir. En su mayoría son madres las que tienen que resolver las graves carencias económicas, ante la huida sus esposos e hijos mayores, para ponerse a salvo.

Los municipios de la Tierra Caliente solo son conocidos por los hechos de violencia que se han suscitado en los últimos años. El pasado proceso electoral estuvo marcado por una intensa disputa entre los partidos políticos y grupos de la delincuencia por las candidaturas a las diputaciones locales y presidencias municipales. Se dieron algunas renuncias a las candidaturas por las amenazas del crimen organizado. Fue conocido el caso de la candidata de morena a la alcaldía del municipio de Pungarabato, Francisca Baltazar Bravo, quien en mayo se retiró de la campaña para ponerse a salvo. En junio trascendió que Marilú Martínez candidata por el partido Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia de Cutzamala de Pinzón, había sido secuestrada con su familia. La candidata a gobernadora por ese partido, Ruth Zavaleta, escribió en su twitter: “Nos hemos enterado que la candidata y su familia se encuentran bien afortunadamente. Estamos esperando que ella informe lo que sucedió. Mientras tanto, agradezco el apoyo de quienes replicaron el mensaje”.

También se tuvo información que los candidatos de morena a las presidencias municipales de Coyuca de Catalán, Arcelia y San Miguel Totoloapan, fueron presionados por grupos de la delincuencia para que se retiraran de la contienda. El mismo dirigente estatal de movimiento ciudadano, Adrián Wences, manifestó en su momento que el clima electoral estaba enrarecido. Puso como ejemplo el caso del candidato a diputado federal por el distrito 8 de Ayutla de los Libres, Fermín Ruano, quien había sufrido un atentado el 26 de mayo de 2021. Comentó que fue golpeado por personas desconocidas que lo emplazaron para que se bajara de la contienda.

En Cocula, en la zona norte del estado, el 2 de mayo de 2021, Erik Ulises Ramírez, candidato por movimiento ciudadano, fue interrumpido en pleno mitin al escuchar varias detonaciones de armas de fuego, que se accionaron a dos calles donde se encontraba con sus seguidores. Responsabilizó a un grupo de pistoleros que estaban al servicio del alcalde de Cocula, Carlos Alberto Duarte Bahena, de morena.

Logramos ubicar en 5 de las 7 regiones del estado una confrontación directa  entre los partidos políticos y los grupos del crimen organizado por las candidaturas locales. Quedó evidenciada una lucha abierta por el control de los municipios que está más allá de la contienda electoral. Las presidencias municipales son también cotos de poder que disputan las bandas del crimen organizado porque se trata de tener el control de los recursos públicos y asegurar negocios privados con la obra pública.

Los nueve municipios de la Tierra Caliente están controlados y sometidos por organizaciones criminales como la familia michoacana (FM) y el cártel jalisco nueva generación (CJNG). Además de este flagelo que enfrentan los municipios de San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán, se han suscitado hechos violentos contra comunidades serranas que se han organizado para defender sus bosques.

Ante la ausencia de las autoridades un gran número de familias se encuentran inermes por las incursiones violentas de bandas criminales que llegan para desplazarlos y para posicionarse de sus bienes naturales. Desde agosto de 2019, se tiene registro de desplazamientos forzados en las comunidades de La Laguna y Puerto las Ollas en Coyuca de Catalán, donde fueron asesinados Rubén Santa Alonso, su esposa Juventina Villa y su hijo Reynaldo Santana. En el 2020 se registraron decenas de familias que salieron de Zihuaquio, Municipio de Coyuca de Catalán, y encontraron refugio en Vallecitos de Zaragoza, Municipio de Zihuatanejo, en condiciones deplorables.

En la comunidad de Las Conchitas, Municipio de San Miguel Totoloapan, el 4 de abril de 2021 fue asesinado y mutilado el cuerpo del comisario y defensor de los bosques, Carlos Marques Oyorzábal. En el municipio de Leonardo Bravo, hay más de 120 familias desplazadas a causa de la disputa a muerte que se ha dado entre el grupo conocido como los tlacos contra el grupo liderado por el señor Isaac, que tenía su base en la cabecera municipal de Chichihualco.

Los tlacos tienen como su centro de operaciones la cabecera de Tlacotepec, Municipio de Heliodoro Castillo. Ha logrado incursionar en varias comunidades de Leonardo Bravo y en la misma capital del estado. En la zona serrana de Jaleaca de Catalán, el saqueo de la madera por parte de bandas del crimen ha causado varios asesinatos, sin que la población se anime a denunciarlos ante la inacción de las autoridades del estado. El 22 de mayo de 2021fue asesinado en la ciudad de Chilpancingo el comisario Marco Antonio Arcos Fuentes, por liderear la defensa de sus bosques. En la Costa Grande, los conflictos añejos por el saqueo ilegal de la madera y la siembra de la amapola sigue desangrando a las familias pobres de los Municipios de Zihuatanejo, Petatlán y Atoyac, principalmente.

En la región norte los municipios de Iguala, Taxco, Tetipac y Pilcaya se ha normalizado la violencia y es común el ajuste de cuentas de los grupos de la delincuencia que ha sometido a la población, sin que las autoridades municipales puedan realmente gobernar. El trágico caso de San Miguel Totolapa forma parte del rosario de irrupciones armadas del crimen organizado que han sopesado que las autoridades locales han sucumbido para hacer valer la ley. La colusión que existe entre las bandas del crimen con los grupos políticos han desquiciado la vida pública en Guerrero. A un año del nuevo gobierno la situación ha empeorado, porque con la multiplicidad de hechos violentos estamos bajo las garras del crimen organizado.

Foto: Arturo de Dios Palma