La desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, sigue lejos para dilucidar los infames hechos de violencia, perpetrada por las corporaciones policiacas y las fuerzas armadas, donde se evidenciaron los vínculos con la delincuencia organizada. Desde ese entonces las madres y padres de familia han luchado para encontrar a sus hijos, pero también ha señalado la participación del ejército en la desaparición de los normalistas.
En Guerrero la desaparición forzada ha sido una constante en el pasado y en el presente, así como masacres perpetradas por las corporaciones policiacas y las fuerzas armadas. Se cumplen 27 años de la masacre de Aguas Blancas. El 28 de junio de 1995 campesinos pertenecientes a la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) se movilizaron para exigir proyectos productivos, sobre todo, demandaban la presentación con vida de sus compañeros desaparecidos en el municipio de Atoyac de Álvarez, pero fueron asesinados 17 campesinos. En ese entonces estaba de gobernador Rubén Figueroa Alcocer, uno de los caciques más aborrecibles en la historia de Guerrero. El 7 de junio de 1998 pasó lo mismo con la masacre de El Charco, donde fueron ejecutados extrajudicialmente 10 campesinos y un estudiante de la Universidad Autónoma de México. El gobierno federal y estatal implementaron una estrategia de contrainsurgencia para exterminar a la guerrilla, sofocarla completamente, así como a las organizaciones sociales y comunitarias.
Aguas Blancas es una herida abierta que es imposible olvidar. Ocurre en un contexto en el que las comunidades se empiezan a organizar para generar desarrollo en la comunidad a través de proyectos productivos, sin embargo, muchas familias campesinas no pudieron sacar su mercancía al mercado. El hambre era una de las preocupaciones generalizadas para las familias. Niñas y niños padecían de desnutrición severa. Se complicaba alimentar a una familia de 6 a 8 integrantes, muchas sin vivienda, educación, caminos derrumbados y sin acceso a la salud. Las personas morían por enfermedades como el sarampión, viruela, tos ferina y diarrea. Solicitaron el apoyo de las autoridades, pero no los escucharon ni los miraron. Además, la policía y el ejército incursionaban en las comunidades para amedrentarlos y hurtaban en los sembradíos de los campesinos. Ante este escenario la OCSS decidió iniciar con varias movilizaciones. La respuesta fue una escalada de violencia sistemática por parte de las autoridades estatales, representado por el gobernador Rubén Figueroa Alcocer.
Nuestro estado está marcado por la sangre y la ausencia de indígenas y estudiantes que alzan la voz. En Aguas Blancas, El Charco y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se aplicó una estrategia de contrainsurgencia. En el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) dijeron que la escuela normal de Ayotzinapa estaba infiltrada por militares desde el 2010. ¿Qué más esconden los muros de la impunidad?
A 93 meses de la desaparición de los normalistas, es lamentable que aún no se sepa sobre el paradero de los estudiantes. Lo inaudito es que las autoridades no han detenido a los responsables y -que el ejército y la Marina- se resisten para no abrir los archivos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas.
Con las lágrimas en el corazón, las madres y padres no han dejado de luchar en un minuto. Lo mostraron este 26 de julio con la marcha que realizaron en la Ciudad de México. Sus consignas volvieron a timbrar los hilos de la verdad y la justicia. Recordaron que a sus hijos se los llevaron vivos y que a 7 años y 9 meses tienen que regresarlos. Depositaron su esperanza en Andrés Manuel López Obrador para que diera con el paradero de sus hijos, pero ni siquiera ha podido castigar a todos los responsables, incluyendo a elementos del ejército.
Doña Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, estudiante desaparecido, explica que siguen “sin resultados, pero que sepa el mundo entero que aquí estamos otro mes más exigiendo al gobierno que avance con las investigaciones para saber de nuestros hijos. Como madres y padres es muy triste pasar las horas sin saber nada. Nuestro caminar está lleno de espinas y dolor. Exigimos que deben ser castigados todos los responsables que estuvieron esa noche del 26 de septiembre, donde asesinaron a tres normalistas, tres civiles, uno quedó en coma y los 43 no sabemos por dónde se los llevaron. Siempre dijimos que fue el Estado quien desapareció a nuestros hijos y es el Estado quien tiene que dar respuestas”.
Por su parte, don Maximino Hernández, padre de Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, estudiante desaparecido, destacó el sufrimiento de las madres y padres en esta lucha titánica por encontrar a sus hijos. “Hoy habemos padres y madres que estamos enfermos, sin poder caminar. La única riqueza que tenemos son nuestros hijos y por ellos damos la vida. Parece que seguimos patinando en el mismo lugar como el anterior gobierno. Vamos a seguir hasta saber la verdad y que se castiguen aquellos verdaderos responsables de la desaparición”.
Las fuerzas armadas tienen una historia negra porque son los principales perpetradores de crímenes y por su participación en graves violaciones a los derechos humanos. El caso más reciente es la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Desde el 29 de octubre de 2014, las madres y padres de familia fueron recibidos por Enrique Peña Nieto donde les dijo que se topara con quien topara iba encontrar a nuestros hijos y a castigar los responsables. Días antes, el 27 de octubre el ejército y la Marina habían estado en el basurero de Cocula. Después saldría a la luz la llamada verdad histórica. “Toda fue una mentira. El ejército es responsable, pero nos continúa negando los archivos. Ahí es donde vemos obstáculos, así como en la Marina. Ellos saben dónde dejaron a nuestros hijos”, agregó doña Cristina Bautista.
Son heridas aún sangrando. Las autoridades tienen que rendir cuentas de estos crímenes del pasado y del presente, pues no son hechos fortuitos, más bien son intencionados desde las grandes esferas del poder. Los 43 no fueron desaparecidos por la confusión de la densa noche o por una equivocación, cuando la arquitectura de la violencia es un diseño preestablecido. Sin duda, reuniones tácticas del ejército sembraron la mentira. Por eso, los gobiernos tienen cuentas pendientes con Aguas Blancas, El Charco, los 43 estudiantes y por miles de personas desaparecidas. No hay futuro si Guerrero sigue herido.