Impunidad presente y justicia ausente

En memoria de Erica Valencia Cardona.

Como mujer pudo labrar su camino

en medio de las adversidades.

Demostró capacidad, coraje y compromiso

 para desempeñar cargos de elección popular

y supo cumplir a cabalidad con sus responsabilidades

como funcionaria pública del gobierno federal.

La matanza del Durazno

pone en evidencia que no hay una estrategia efectiva

para proteger la vida de la población civil.

La seguridad militarizada

no representa una alternativa segura

para quienes padecen el flagelo de la delincuencia.

 

Con la consigna “12 de diciembre no se olvida”, los normalistas de Ayotzinapa realizaron protestas en el palacio de gobierno, en el congreso del estado y en la fiscalía general, para hacerse visible su enojo por tanta impunidad que prevalece en nuestra entidad, ante los nulos avances en las investigaciones de casos graves como las ejecuciones arbitrarias de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverria de Jesús, que por ejercer su derecho a la protesta, fueron arteramente asesinados  por policías estatales y federales el 12 de diciembre de 2011, en la autopista del sol.

Los estudiantes normalistas después de agotar todos los recursos para entablar un diálogo directo con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, se vieron obligados a manifestarse públicamente para exigir el cumplimiento a los compromisos asumidos con relación a la ampliación de la matrícula para el nuevo ciclo escolar y la emisión de la nueva convocatoria. La cerrazón del exgobernador y su empecinamiento de no recibirlos orilló a que los jóvenes tomarán medidas de presión más fuertes. Los estudiantes nunca imaginaron que con el bloqueo a la autopista iban a encender los ánimos del jerarca perredista, quien dio la orden a su subsecretario de seguridad pública que “limpiara la carretera”.

De acuerdo con la investigación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sabemos que en el operativo participaron 71 elementos pertenecientes a la policía federal adscritos a la secretaría de seguridad pública federal, 50 pertenecientes a la división de fuerzas federales y 11 a la división de seguridad regional. 73 elementos adscritos a la policía ministerial de la procuraduría general de justicia del estado de Guerrero y 34 a la policía estatal preventiva. De los 168 elementos policiales que participaron, 91 portaban armas de fuego. El saldo de esta acción delincuencial fueron las ejecuciones extrajudiciales de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, así como la muerte de Gonzalo Rivas Cámara, quien en su intento por apagar una de las bombas de gasolina que se incendiaban, perdió la vida a causa de las graves quemaduras que sufrió. Además de estas muertes hubo varios heridos de bala, torturados y decenas de detenidos. Hasta la fecha ninguna autoridad ha sido investigada, ni sancionada y los diputados y diputados se confabularon con el gobernador para que no se atendiera la recomendación emitida por la CNDH.

Desde el momento mismo en que se suscitaron los arteros asesinatos contra los estudiantes, llegaron los compañeros defensores Manuel Olivares, ex coordinador de la Red guerrerense de derechos humanos y Vidulfo Rosales de Tlachinollan, quienes fueron en auxilio de los normalistas. Fue evidente que el personal de la procuraduría se molestó por la presencia de  los defensores porque ya no pudieron manipular las investigaciones. Su intención era presentar ante los medios a algunos estudiantes como incitadores de la violencia. A uno de los jóvenes ya lo tenían sometido para que accionara un arma y aceptara su culpabilidad. En esta defensa de los estudiantes se contó con el apoyo del presidente de la comisión de defensa de los derechos humanos (CODDEHUM) el licenciado Juan Alarcón y del compañero Javier Monroy director del Taller de Desarrollo Comunitario (TADECO), que le dieron más cobertura al caso y apoyaron para que la CNDH realizara una investigación especial. Se pidieron garantías al secretario de gobierno para que las corporaciones policiacas se replegaran y evitaran entrar a las instalaciones de la normal. A pesar de este acuerpamiento en favor de los normalistas el gobierno de Ángel Aguirre se obstinó en borrar evidencias y cerró filas para proteger a los perpetradores.

Toda la tarde del 12 y parte de la noche, se emprendió la búsqueda de los estudiantes y se hizo el recuento de las agresiones sufridas por parte de las fuerzas represivas del Estado.  Varios abogados de Tlachinollan se mantuvieron en vela en las instalaciones de la PGJE para acompañar jurídicamente a los estudiantes detenidos en sus primeras declaraciones. Mientras tanto los representantes de la procuraduría se empeñaban en obstruir su trabajo. No les permitían el paso para que no estuvieran en el momento en que los estudiantes fueran a declarar.

Se tuvo que dar la pelea para que se garantizara el derecho que tienen todos los detenidos de contar con una defensa adecuada. Fue en esa noche cuando se constató que varios elementos policiacos presionaban a uno de los estudiantes para que se declarara culpable de haber accionado un arma de grueso calibre. No lograron su objetivo. Hubo mucho enojo de los funcionarios de la procuraduría complicó porque ya no pudieron fabricar su versión de criminalizar a los estudiantes. El gobierno de Ángel Aguirre en lugar de asumir su responsabilidad alentó una campaña de desprestigio y utilizó a representantes de diferentes corrientes de los partidos políticos para que se pronunciaran contra la normal y cerraran filas a su favor.

Trató de dividir a las organizaciones sociales promoviendo encuentros mediáticos y despilfarrando recursos para comprar voluntades. Públicamente el gobernador desacreditó nuestro trabajo por el hecho de asumir la defensa legal de los estudiantes que fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y por acompañarlos ante las diferentes instancias de gobierno en su búsqueda de justicia. Ante el malestar creciente y la indignación de estudiantes de las normales rurales, acuerpados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), las autoridades del estado se dieron también a la tarea de convocar a clientelas cautivas para mostrar mediáticamente el supuesto respaldo al ejecutivo estatal, que en todo momento, se obstinaron en exonerarlo de toda responsabilidad.

Esta polarización social tornó inviable cualquier esfuerzo de los familiares y de los organismos sociales para trabajar por los causes legales las denuncias y demandas interpuestas por los estudiantes. Junto con este clima de linchamiento contra los estudiantes de Ayotzinapa, corría aparejada la amenaza de perder el semestre y de que no se autorizaran nuevas matriculas para el próximo ciclo escolar. Para ello la Asamblea estudiantil mandató a su Comité para que convocaran a personalidades de gran prestigio académico y a compañeros y compañeras que se han especializado en procesos de mediación de conflictos como la organización no gubernamental Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) quienes nos apoyaron en elaborar una estrategia de acompañamiento a los estudiantes que le diera seguimiento a sus principales demandas. Este esfuerzo dio como resultado la creación de la Comisión Civil de Interlocución (CCI) que asumió la representación de los estudiantes de Ayotzinapa frente a las autoridades del estado, para plantear los temas más acuciantes que preocupaban a los normalistas. Fue una iniciativa innovadora que ayudó a distender el ambiente y a abrir canales de interlocución de alto nivel.

Aparejado a esta lucha, el trabajo jurídico siguió su curso; se interpusieron las denuncias correspondientes y se dio cumplimiento puntual a todos los requerimientos legales para consolidar los señalamientos interpuestos por los agraviados. Este trabajo jurídico fue complicándose por los riesgos que representaba la defensa de este caso. La presencia de los abogados en las instalaciones de la procuraduría no fue bien vista por los agentes policiacos. Fue una aversión abierta que se materializó en actos intimidatorios como la intriga y el acecho permanente dentro de las instalaciones de la procuraduría. También sufrieron amenazas, acosos y seguimiento en vehículos sin placas por parte de personas armadas vestidas de civil que se focalizaron contra el compañero Vidulfo cuando salía de la procuraduría. Esta situación llegó a su límite el 4 de mayo de 2012 cuando se concretó la amenaza contra Vidulfo a través de un escrito elaborado en computadora, que además de maltratarlo afirmaban que era “defensor de vándalos y guerrilleros. Le advirtieron que “dejara de estar chingando. Cállate el hocico o te vamos a mandar a tu tierra en pedazos”. Le advirtieron que dejara “de difamar a las autoridades. Ya nos debes varias, en todo te metes la parota, las disque mujeres violadas y ahora con los vándalos ayotzinapos cállate o vete juntando tus flores por que ya te estamos siguiendo. Te vas a morir te vas a morir, te vas a morir ja ja ja. Att. La Ley”.

Dicha amenaza causó fundados temores a todo el equipo de Tlachinollan, porque era evidente que la amenaza provenía de los agentes de la procuraduría que temían que prosperaran las investigaciones y se castigara a los responsables de las ejecuciones de Jorge Alexis y Gabriel. En este ambiente de impunidad y linchamiento el compañero Vidulfo tuvo que salir del país para ponerse a salvo. Mientras tanto las autoridades del estado urdieron un plan perverso para no acatar ninguna recomendación que emitió la CNDH.

A 11 años de las trágicas ejecuciones el caso fue archivado por parte de los titulares de la procuraduría y ahora fiscalía. Ya no se dio seguimiento a las investigaciones. Las detenciones de dos policías ministeriales fueron para desactivar la presión social. Meses después salieron absueltos. No se iniciaron  investigaciones contra los policías federales, se les brindó total protección. Los funcionarios estatales como el entonces procurador general Alberto López Rosas y el secretario de seguridad pública Ramón Almonte no fueron investigados y mucho menos comparecieron ante el congreso del estado. Los exoneraron.

Lo más grave es que en este nuevo gobierno morenista el caso de los estudiantes se encuentra archivado, no se ha desempolvado porque no hay un seguimiento puntual de las investigaciones, sobre todo de los casos que tienen que ver contra los estudiantes de Ayotzinapa, prevalece el estigma y la animadversión por su lucha radical. La gobernadora Evelin Salgado ha olvidado a las familias de Jorge Alexis y Gabriel. No solo las han ignorado, sino que les han retirado el poco apoyo que recibían de los anteriores gobiernos. Han tocado las puertas del palacio pero nadie las atiende. Los papás de Alexis se encuentran desempleados, sin algún ingreso seguro. Los papás de Gabriel su situación se ha agravado por la enfermedad de doña María de Jesús, su mamá, que le han diagnosticado cáncer y no cuenta con recursos para comprar medicamentos y realizarse la quimioterapia. Don Gabriel está perdiendo la vista a causa de la diabetes. A realidad es que para ellos la justicia está ausente y lo único que impera es la impunidad y la corrupción.