Acapulco, Guerrero, y San José, Costa Rica. 24 de octubre de 2022. Hoy tuvo lugar la audiencia de vista dentro del proceso penal número 56/2013, que se sigue al militar Hugo Humberto García de León, quien es uno de los elementos señalados por la tortura sexual de Inés Fernández Ortega, en 2002.
Inés Fernández Ortega es una mujer indígena Me’phaa, originaria de la comunidad de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla de los Libres, que desde hace más de dos décadas busca justicia. A pesar de acudir ante las instancias de procuración de justicia en México, fue revictimizada y su derecho al acceso a la justicia fue durante años obstaculizado por las instancias civiles locales, federales y militares. No sólo no encontró justicia en el país, sino que fue amenazada y llamada mentirosa e intimidada por muchos años.
El 30 agosto de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en contra del Estado mexicano en la que señaló que había quedado plenamente probado que había sido víctima de graves violaciones de derechos humanos – incluida tortura sexual- en un contexto marcado por la pobreza, discriminación y lo que el tribunal denominó “violencia institucional castrense”.
Cabe recordar que en un caso similar, el 1 de junio del 2018, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero emitió una sentencia condenatoria en contra de dos militares para el caso de Valentina Rosendo Cantú, también sobreviviente de tortura sexual y compañera de lucha de Inés Fernández Ortega, en dicha sentencia se impuso una pena de 19 años, cinco meses y un día de prisión, condenándolos además al pago de la reparación del daño, sentencia que generó un precedente en México.
Este proceso penal, que podría generar una sentencia histórica, ha sido producto de la exigencia inquebrantable de Inés Fernández. Primero buscando que las investigaciones iniciadas en el fuero militar fueran remitidas al fuero civil y una vez ahí, desde 2011, participando activamente en la investigación. Gracias a ello, en 2013, se ejerció acción penal en contra de dos personas ante el Juzgado Segundo de Distrito del Vigésimo Primer Circuito Judicial, dando lugar al proceso penal número 56/2013 que hoy finalmente llega a juicio en contra de García de León, pues el segundo inculpado fue asesinado.
La perseverancia de Inés Fernández ha superado los múltiples obstáculos que demoraron el avance del proceso hacia la etapa de juicio durante años; incluso teniendo que enfrentar un careo procesal frente a uno de los procesados. Éste lunes 24, posterior a la audiencia, Inés Fernández refrendó el sentido de una exigencia de tan largo aliento para la justicia “Lo que pido como víctima es que a la persona que está detenida se le dicte sentencia. No sólo es para mí como mujer me’pháá sino para todas las mujeres y las mujeres que han sufrido agresiones sexuales”, con éstas palabras, se brinda la oportunidad para el poder judicial de hacer historia y construir justicia para todas las mujeres y de manera particular, para las mujeres indígenas.
Este es uno de los casos más paradigmáticos en México. Desde la sentencia que emitió la Corte IDH, en 2010, se han generado precedentes respecto de la calificación de la violación sexual como tortura y se han desarrollado en detalle los estándares para juzgar con perspectiva de género y etnicidad. Este es uno de los casos que evidenció la necesaria delimitación de las labores en seguridad pública del ejército mexicano, especialmente ante su presencia en pueblos indígenas y que, ante una nueva apuesta de militarización del país es importante recordar.
Para el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) este juicio es una oportunidad histórica para que lo señalado por el máximo tribunal interamericano sea retomado en una sentencia a nivel nacional, tal como sucedió en el caso de Valentina Rosendo. Es la oportunidad de reafirmar los estándares internacionales que se han construido a partir del caso, pero más importante aún, es la oportunidad de garantizar la protección y el acceso a la justicia a una mujer indígena que por más dos décadas ha sostenido dignamente su testimonio y su denuncia, a pesar de los diversos obstáculos y los riesgos que ha tenido que enfrentar para acceder a la justicia.
