Para el pueblo me’phaa las mujeres embajadoras son las gùju ètsu, es decir, las grandes mujeres sabias de la comunidad. Las que conservan la memoria intangible que han heredado de los ancestros, las de la palabra cristalina. Palabras que dan luz y que saben guiar a las nuevas generaciones. Las sabias son mujeres reconocidas por su vida recta, por su actuar en favor de la comunidad. Son luz y fuego, ternura y temple. Tienen el don de saber mediar en los conflictos y de mantener la calma en medio de las tormentas.
Esta escuela comunitaria ha forjado secularmente a las mujeres y los hombres para vivir en colectivo, respetando las decisiones de la asamblea, la institución que se forja en el fogón de la casa y sobre los pisos de tierra donde las mujeres hacen florecer la vida. Esta escuela es la que dio a Inés Fernández y Valentina Rosendo la fuerza para librar batallas que pusieron en riesgo su vida. Este yacimiento de la sabiduría que viene de lejos es la que forjó el acero de dos mujeres del pueblo Me’phaa, que se vieron obligadas a bajar de la montaña para encarar a las autoridades mestizas y denunciar la acción criminal de los militares que invadieron sus territorios y las mancillaron.
La denuncia de los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, quienes fueron víctimas de tortura sexual por parte de los elementos del ejército. Foto: Artículo 19.
Fue precisamente en Guerrero, como bien lo señala en la introducción este valioso libro, el escenario que propició por primera vez en México la discusión del derecho a la verdad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de la matanza de Aguas Blancas en junio 1995 cuando policías del estado asesinaran a mansalva a 17 campesinos cuando bajaban de la montaña. La Suprema Corte señaló enfáticamente que las autoridades tuvieron la “propensión de incorporar a nuestra vida política, lo que podríamos llamar la cultura del engaño, de la maquinación y de la ocultación, en lugar de enfrentar la verdad y tomar acciones rápidas y eficaces para llegar a esta y hacerla del conocimiento de los gobernados”.
Prefirieron tumbar a un gobernador erigido como cacique en lugar de llegar a la verdad y garantizar justicia a los campesinos pobres de Guerrero. A más de 23 años que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desenmascaró esta actuación falaz y pendenciera de las autoridades, seguimos arrastrando este ocultamiento de la verdad que en muchos casos de graves violaciones a derechos humanos a querido ser sepultado. En el 2002, Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron víctimas de tortura sexual por parte de los elementos del ejército en un contexto de lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos denominó violencia institucional castrense, que es consecuencia del respaldo que el Estado brinda al Ejército por su actuación en labores de seguridad pública, desencadenando una serie de violaciones de derechos que coloca a la población en una situación de gran vulnerabilidad, afectando a las mujeres de una manera particular.
Informe: Derecho a la Verdad en México by ARTICLE 19 MX-CA on Scribd
Desde el 2002, para Inés y Valentina el camino de la verdad y la justicia ha sido un verdadero viacrucis porque se toparon con un sistema de justicia que las discrimina y las revictimiza. Caminaron por varias horas en la intrincada montaña para acudir con el Ministerio Público. El desprecio y la burla de las que fueron objeto fueron las primeras dagas que recibieron de quienes deben investigar los delitos. Supieron resistir y mantenerse firmes en esta lucha a pesar de la multiplicidad de peligros que enfrentaron; la misma comunidad que las apoyaba tuvo que replegarse por temor a una represión mayor por parte del ejército. Deambularon solas y a contrapelo de los mismos perpetradores que en todo momento obstaculizaban los avances de la investigación. A pesar del estigma con el que cargaron supieron dignificar su lucha, logrando que después de 8 años la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictara por primera vez una sentencia contra el Estado mexicano: concluyó que Inés y Valentina fueron víctimas de un acto de tortura sexual.
Este reconocimiento de la Corte Interamericana a Inés Fernández y Valentina Rosendo es una demostración de cómo las víctimas de tortura sexual tienen la fuerza y la capacidad para cincelar con su dolor y sufrimiento nuevos senderos para alcanzar la verdad. Fue una lucha desde la adversidad cobijada en un principio por la comunidad, cimentada con la sabiduría de las embajadoras del pueblo Me’phaa. Tanto Inés como Valentina exigieron su derecho a la verdad y lo expresaron en los tribunales internacionales en su lengua materna, mientras en nuestro país las discriminaban por ser indígenas por no hablar español. Su lucha por la verdad fue contra el poder impune del ejército. La palabra cristalina y punzante de Inés y Valentina fue la que agrietó este muro infranqueable del poder militar. Desde la Montaña Inés y Valentina nos dieron lecciones de cómo se lucha en despoblado para alcanzar la verdad.
Ellas saben lo que significa defender la verdad a costa de sufrir. Sufrieron el escarnio y nunca obtuvieron el apoyo de las autoridades mexicanas. Por el contrario, en todo momento les espetaron que eran mentirosas. Hoy, a 16 años de que Inés y Valentina se transformaron de sobrevivientes de tortura sexual a defensoras de derechos humanos, la sociedad mexicana sabe que para el pueblo Me’phaa son las embajadoras de la verdad.
Este esfuerzo titánico que se coronó con reconocimiento público de la responsabilidad del Estado mexicano de estos hechos deleznables, nos aportan algunas claves para entender que este reconocimiento de la verdad contribuye a curar las heridas, a retejer las relaciones rotas a reivindicar y respetar a las mujeres de los pueblos originarios.
La contribución de Inés y Valentina ha sido excepcional porque su búsqueda de la verdad contribuye a fortalecer el Estado de derecho y a crear conciencia que estos hechos nunca más deben de repetirse, a pesar de esta sentencia paradigmática de la Corte Interamericana que puntualiza que la adopción de reformas pertinentes para permitir que las personas afectadas por la intervención del fuero militar cuenten con un recurso efectivo de impugnación de tal competencia. Hoy, con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, el ejército respaldado por la cúpulas del poder ha restablecido el pacto de impunidad, cerrando el círculo del poder omnímodo anclado en la mentira.
* Abel Barrera es director de Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y escribió este discurso para la presentación del informe “Derecho a la verdad en México”.