Informes Especiales INFORME | Alternativas Comunitarias ante la crisis de seguridad y violencia I. INTRODUCCIÓN México se encuentra sumido en una grave crisis de inseguridad y violencia. Tan solo en este sexenio, más de 50,000 personas han sido privadas violentamente de la vida y la CNDH registra más de 7,000 quejas en contra del Ejército mexicano. Frente a este panorama, es frecuente encontrar voces que se preguntan por las alternativas que existen al modelo de seguridad que impulsan las autoridades de los tres niveles de gobierno. Desde las regiones Costa Chica y Montaña de Guerrero, las comunidades Me’phaa y Na Savi responden esta interrogante cotidianamente fortaleciendo el sistema de procuración de justicia y seguridad que han construido: la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC). Creada hace más de 16 años, sobre el fundamento del derecho de los pueblos indígenas a la autonomía y a la autodeterminación, el sistema de la CRAC – PC es una muestra de que el éxito de cualquier política de seguridad pasa por la proximidad con la población, el cuidado del tejido comunitario y la legitimidad eregida en la honestidad, la rendidción de cuentas y el servicio a la comunidad. Aún así la Policía Comunitaria de las comunidades indígenas guerrerenses no ha estado exenta de las consecuencias de la crisis de violencia que México padece. Nuevos retos se advierten en el horizonte para el sistema de justicia y seguridad que abatió los índices de seguridad en la Costa – Montaña de Guerrero. Con la finalidad de mostrar esta realidad y anticipar mediante la difusión las amenazas que se ciernen sobre la CRAC-PC, en las siguientes líneas preparadas por Tlachinollan – Centro de Derechos Humanos de la Montaña, en diálogo con la CRAC – PC, se presentan acontecimientos recientes que simultáneamente muestran los logros y los retos de la más relevante alternativa comunitaria a la inseguridad y la violencia. II. LOS HECHOS La noche del 13 al 14 de octubre de 2011, integrantes de la Policía Comunitaria de Zitlaltepec, Municipio de Metlatónoc, recibieron una llamada telefónica en la que les solicitaba que a cambio de una suma de dinero permitieran el paso sin revisión de dos camionetas por territorio comunitario. Los coordinadores rechazaron la propuesta, fieles a la honestidad que caracteriza a los servidores comunitarios de la CRAC-PC. En respuesta, fueron severamente amenazados, sin que sus interlocutores brindaran mayor información. A pesar de lo anterior, integrantes de la Policía Comunitaria se trasladaron a la ruta, por la que supuestamente pasarían los vehículos, para establecer un punto de control. Posteriormente, detuvieron una camioneta tripulada por cuatro personas que llevaba en la batea un cargamento con paquetes que se encontraban cerrados. Al ser interrogados los pasajeros sobre el contenido de los paquetes, se negaron a proporcionar información, por lo que fueron detenidos los cuatro hombres que iban en el coche. Posteriormente, otro grupo de la Policía Comunitaria ubicó en el camino otra camioneta sospechosa, en la que se encontraba otra persona, quien al ser interrogado dijo tener vínculos con los otros detenidos. Las cinco personas detenidas fueron trasladadas a la sede en Zitlaltepec de la Casa de Justicia de la Policía Comunitaria. Enseguida se les sometió al proceso de justicia comunitaria. Los detenidos tuvieron oportunidad de relatar su versión de lo ocurrido y al hacerlo cuatro de ellos dijeron ser de la región Montaña, mientras que un quinto, resultó no ser oriundo del estado. Adicionalmente, la camioneta que contenía los paquetes fue confiscada por la Policía Comunitaria, junto con los paquetes. Posteriormente, se contabilizaron 33 paquetes que se encontraban cerrados, con un peso total de 720 kilos. Era la primera vez que la CRAC-PC se enfrentaba a un caso de esta envergadura, justamente en el momento en el que la llamada guerra contra el narcotráfico se ha vuelto el asunto primordial de la agenda pública, estatal y nacional. A partir de este momento, las autoridades comunitarias se enfrentaron a la dificultad de decidir las acciones a seguir. Por un lado, presentar a los detenidos ante el sistema de justicia estatal significaba un retroceso dentro del proceso de construcción de un sistema de justicia comunitaria, amén de que la experiencia indicaba la alta posibilidad de que, como ocurría en el pasado, la imperante corrupción derivara en la liberación de los detenidos. Pero por otro lado, mantener a los detenidos en sede comunitaria y someterlos a proceso abría nuevos riesgos en razón del antecedente de amenazas. Cabe señalar que el procedimiento en la Policía Comunitaria, implica una sucesión de etapas caracterizadas por lo público, la oralidad, la orientación restaurativa y la participación comunitaria. Existen tres sedes de la Casa de Justicia de la Policía Comunitaria: San Luis Acatlán, Espino Blanco y Zitlaltepec. Normalmente, el procedimiento se sigue en las Casas de Justicia de la Policía Comunitaria e implica oír la declaración del detenido; reunir las pruebas; escuchar las declaraciones de los familiares; asegurar la defensa del acusado; y, en su caso, realizar asambleas en la comunidad de la cual los detenidos son originarios, para que posteriormente el órgano colegiado de la CRAC haga justicia. Lo anterior supone que, de encontrarse responsable a la persona y requerirse una sanción, la asamblea impone dicha sanción, la cual consiste en someter al sentenciado a un proceso de re-educación: realizar trabajos comunitarios en varias comunidades jurisdicción de la CRAC. A solicitud de los familiares o del detenido, es posible abrir una segunda instancia para revisar el caso ante la Asamblea Regional. La Asamblea Regional es la máxima instancia de toma de decisiones de la CRAC-PC y está compuesta por los Comisarios municipales de todas las comunidades ubicadas dentro de Territorio Comunitario , Coordinadores de las Sedes de la Casa de Justicia de la CRAC (tres por cada sede), Comandantes Regionales y Policías de cada sede, Comisariados de Bienes Comunales y Ejidales de las Comunidades en Territorio Comunitario así como las y los Consejeros de la CRAC – PC. Es así que, en un escenario inédito, las autoridades comunitarias determinaron que iniciarían un proceso de consulta con los Consejeros de la CRAC, conformado por fundadores de la Policía Comunitaria y personas de amplia experiencia y reconocimiento en el ámbito comunitario, para determinar la situación en qué quedarían los detenidos del pasado 13 de octubre de 2011. Por lo que se determinó llevar de manera inmediata el caso ante la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias. La Asamblea Regional sesionó el 23 de octubre determinando que el sistema de la CRAC conocería el caso por haber ocurrido dentro del territorio comunitario. También se decidió que, por cuestiones de seguridad, los detenidos fueran cambiados de la sede de Zitlaltepec, donde se encontraban en un inicio, a la de San Luis Acatlán; que se siguieran recabando pruebas y que el 5 de noviembre se decidiría el caso en Asamblea Regional. Hasta ese momento, si bien no se confirmaba la información del contenido de los paquetes, las llamadas con amenazas que se recibieron antes y después de la detención, prácticamente confirmaban la posibilidad de que se tratara de un cargamento de enervantes. Habiéndose decidido que el caso sería resuelto el 5 de noviembre, el clima se enrareció en los días previos a esa fecha, pues un operativo conjunto conformado por elementos del Ejército Mexicano, de la Procuraduría General de la República y de la Policía Preventiva Estatal, incursionaron sorpresivamente en Territorio Comunitario con la pretensión de asegurar a los detenidos y al cargamente. El operartivo fracasó, pero en ese marco fue detenido Agustín Barrera, indígena Me’phaa fundador de la CRAC, acusado de un delito de diversa naturaleza, en lo que las autoridades de la CRAC – PC interpretaron como un acto de amedrentamiento. La Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias se llevó a cabo el 5 de noviembre del 2011, en Santa Cruz El Rincón, Municipio de Malinaltepec. La audiencia se llevó a cabo en un auditorio abierto, con la presencia de todos los Comisarios, Coordinadores de las Sedes de la CRAC Comandantes Regionales, Policías de cada sede, Comisariados de Bienes Comunales y Ejidales y Consejeros. Asimismo, se extendió invitación a organizaciones sociales, observadores independientes y algunos funcionarios públicos en calidad de testigos. La Asamblea comenzó a sesionar alrededor de las 12:30 de la tarde. Primeramente se informó a todos los presentes sobre los hechos ocurridos, las declaraciones de los detenidos, las pruebas recabadas. Posteriormente, fueron presentados y escuchados los detenidos. También se mostró a todas las personas los objetos y paquetes asegurados. Enseguida, se dio oportunidad a los familiares de los detenidos para que intervinieran. Familiares de los 4 detenidos originarios de la región Montaña, reconocieron los hechos y solicitaron el perdón y consideración para los detenidos a toda la Asamblea. Posteriormente, se abrieron los 33 paquetes decomisados y se comprobó que contenían marihuana. En total, sumaron 720 kilos de este enervante. Tras testimoniar el hallazgo, la Asamblea en su conjunto decidió quemar el contenido de los paquetes el mismo día y ante la presencia de los medios de comunicación. La determinación sobre la pena de reeducación que se impondrá a los detenidos se programó para una asamblea pública que tendrá lugar en los días siguientes. Al término de la Asamblea, Comisarios y autoridades de la CRAC – PC reiteraron su rechazo a la violencia y a cualquier actividad vinculada con la delincuencia organizada; asimismo, reafirmaron su derecho a procurar e impartir justicia en el ámbito comunitario conforme a sus usos y costumbres. III. Consideraciones El caso relatado pone de relieve algunas cuestiones que es fundamental subrayar en el presente contexto mexicano: • Los detenidos fueron apresados sin violencia, mediante un despliegue táctico que no generó violencia. • Cuatro de los detenidos son indígenas, provenientes de dos de las comunidades más pobres del país. Sus familiares, indígenas monolingües también, acudieron ante el sistema de justicia comunitario porque lo reconocen en su relevancia y legitimidad. Los detenidos fueron juzgados ante la asamblea, en un proceso transparente que envía un claro mensaje a todas las comunidades de la región. • Si bien se les impondrá una pena, esta será enfocada al trabajo comunitario y no a la mera privación de la libertad carcelaria como es norma en la justicia estatal. • Autoridades estatales y federales buscaron hasta el último momento que los detenidos y la droga les fueran entregados para procesarlos en la justicia ordinaria, recurriendo incluso al amedrentamiento. Con ello, mostraron su reticencia a reconocer cabalmente el derecho de los pueblos a la autonomía y la autodeterminación. • Las autoridades comunitarias de la Costa-Montaña de Guerrero mostraron que es posible pensar en alternativas comunitarias a la crisis de inseguridad y violencia que azuela al país, a pesar de los riesgos. Éstas, como muestra el caso reciente, no pueden pensarse si las instituciones no cuentan con una legitimidad fundada en la proximidad con la población en general, el respeto a la dignidad de las personas, la honestidad y la trasparencia. Desde Tlachinollan apoyamos la decisión de la CRAC – PC: su visión de la justicia y la seguridad, es la que anhelamos para todo México. No obstante, también externamos nuestra preocupación. En el contexto actual, la firme postura de las autoridades de la CRAC – PC es sin duda un desafío para un Gobierno empecinado en sostener una violenta guerra donde lo que cuenta es la seguridad de las instituciones y no de las personas y comunidades. Por eso hacemos un llamado a la solidaridad con la CRAC – PC y pedimos su seguimiento estrecho a los sucesos que puedan acontecer en el futuro inmediato. Para mayor información sobre la Policía Comunitaria se puede consultar el siguiente enlace: http://www.policiacomunitaria.org/ Para mayor información sobre los hechos reciente, consultar las siguientes notas: Policía Comunitaria enfrenta primer caso de narcotráfico El Universal.mx SANTA CRUZ DEL RINCÓN, Gro.— Una cancha de basquetbol, con techo de láminas y rodeada por los cerros de la Montaña de Guerrero, fue donde autoridades comunitarias decidieron sancionar a cinco hombres, uno de ellos menor de edad, por transportar poco … Justicia comunitaria: castigan con trabajos forzados a cinco por transportar droga proceso.com.mx Santa Cruz Del Rincón, Malinaltepec, Gro. (apro).- En Un Hecho Sin Precedentes En El Estado De Guerrero, Cinco Hombres Que Transportaban Más De Media Tonelada De Mariguana Fueron Sancionados Con Trabajo Comunitario Por Una Asamblea Popular Indígena Y … Desoyen autoridades comunitarias petición de entregar detenidos a PGR Milenio.com Pese al exhorto de autoridades estatales, se impusieron los usos y costumbres para “reeducar” a cinco presuntos narcotraficantes. Guerrero • El secretario de Seguridad Pública del gobierno estatal, Ramón Almonte Borja, exhortó a la Coordinadora… Con usos y costumbres «reeducarán» a cinco presuntos narcos Milenio.com Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Zitlaltepec se armaron de valor ante amenazas, detuvieron a los criminales, les destruyeron 600 kilos de mariguana y los juzgaron, en menos de un mes. … Impone policía comunal de Guerrero labor social a 5 detenidos con... La Jornada en linea Malinaltepec, Gro. La asamblea de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-Policía Comunitaria) acordó reducar mediante usos y costumbres a los cuatro indígenas y un mestizo detenidos con 600 kilogramos de mariguana –el pasado 13 de… Autoridades comunitarias: reivindicación de la justicia La Jornada en linea En una asamblea realizada ayer, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Guerrero determinó reducar , mediante trabajo comunitario, a cinco presuntos narcotraficantes detenidos el pasado 13 de octubre en posesión de 600 kilos de… La CRAC y no el estado, enfrentará al crimen organizado, acuerdan La Jornada Guerrero Chilpancingo, 5 de noviembre. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) resolvió después de una asamblea que los conflictos derivados por las empresas transnacionales y los hechos de violencia, incluidos los del crimen organizado que… Share This Previous ArticleLa Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México publica diagnóstico sobre “Exportación de armas a México” Next ArticlePlanteamientos Del Consejo de Jornaleros Agrícolas De La Montaña 9 noviembre, 2011
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