Históricamente los pueblos indígenas y el pueblo afromexicano han tenido que pelear contra los gobiernos criollos y mestizos que se han asumido como la clase predestinada para gobernar. Desde la conquista española, los gobiernos indígenas fueron desplazados y suplantados como súbditos de la corona, que impuso un gobierno basado en la rapiña, la explotación, el despojo y el vasallaje. Destruyeron las estructuras del poder político que le daban fuerza y legitimidad a sus gobernantes indígenas. Utilizaron las armas para someter y acallar cualquier rebelión. Mataron a los insurrectos y asesinaron a la población que resistía para defender sus territorios sagrados.
Esa historia continúa reeditándose a lo largo de los siglos. A pesar de la lucha por la independencia y de la revolución, la nueva clase gobernante continúo despojando de sus tierras a los pueblos indígenas. Los desplazó de manera forzada de sus centros político-religiosos y los obligó a buscar refugio en las partes más agrestes del territorio nacional. En Guerrero las luchas de los pueblos indígenas se libraron tanto en la zona norte como en la Tierra Caliente, la zona centro, el puerto de Acapulco y en las regiones de la Costa Chica y Montaña de Guerrero. Los gobiernos indígenas que se encontraban asentados en lugares estratégicos fueron destruidos y su población quedó diezmada por esta guerra de exterminio que han protagonizado los usurpadores del poder. En esta disputa por la sobrevivencia los pueblos y comunidades indígenas han tenido que resistir y reacomodarse dentro de un sistema político clasista, que los excluye como ciudadanos y ciudadanas con derechos. Hasta la fecha las élites políticas que se agrupan en los partidos se han negado a reconocer en la constitución federal los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Persiste una visión racista y etnocéntrica sobre la presencia de los pueblos indígenas en nuestro país y en nuestro continente. Se les cataloga como reminiscencias del pasado, como seres sin razón que lograron sobrevivir a la modernidad. Hay una estigmatización a las culturas ancestrales. Esa clase política se erige como la representante de la civilización de occidente, como el grupo privilegiado que por el color de su piel, por su poder económico y su ascendencia familiar se asumen como seres superiores que están llamados a ocupar cargos públicos y a erigirse como los seres iluminados para ejercer el poder.
Lo que hoy constatamos en los municipios de Tecoanapa y San Luis Acatlán es el resabio colonialista que arrastra una clase política caciquil, que se ha enquistado en los partidos políticos para monopolizar el poder en las cabeceras municipales. En nuestro estado, a pesar de que nos regimos por un sistema democrático sustentado por leyes y normas, en la práctica las estructuras del poder político están controladas por grupúsculos que se han enriquecido con el dinero público y han accedido a los cargos de elección popular para asumirse como caciques o jefes políticos a nivel municipal y regional. El marco normativo es utilizado para proteger intereses de grupo y para someter a una población empobrecida y desorganizada, que sigue esperando de los caciques y patrones, su redención.
La batalla por el poder municipal ha quedado circunscrita entre los diferentes grupos económicos que se han adherido a los partidos políticos para acceder a la presidencia municipal. En estas disputas las comunidades indígenas han aparecido como meros espectadores o clientelas políticas que son fácilmente manipulables por líderes locales que defienden los intereses de sus patrones. El sistema de partidos se ha erigido como el único modelo para elegir a las autoridades municipales, que sólo ha beneficiado a quienes se incrustan dentro de estos aparatos del Estado, con el fin expreso de pelear por un cargo público. Los partidos políticos son los únicos filtros que permiten a las ciudadanas y ciudadanos a participar como candidatos o candidatas. Es un filtro que acceden los que tienen dinero, los que se adhieren a un líder, los que hacen proselitismo por un instituto político y quienes encuentran un padrino para que los incluya dentro de la lista de candidatos y candidatas. Es una rebatinga donde ganan los pesos pesados, los que tienen dinero y cuentan con una red de amigos que se manejan en los altos círculos del poder. Son grupos que se amafian y que buscan alianzas con personajes que realizan actividades lícitas o ilícitas con tal de afianzar sus candidaturas.
En esta disputa los miembros de las comunidades indígenas quedan excluidos, por ese trato discriminatorio y esa visión racista de que la población indígena no genera poder ni prestigio. A pesar de este desprecio siempre hay líderes de comunidades indígenas que se asumen como súbditos para promover candidaturas, dividiendo a su misma comunidad. En esta lucha por el poder político las comunidades indígenas sólo son tomadas en cuenta para el día de las votaciones. La forma más burda de granjearse la voluntad de la gente es comprando el voto, porque los candidatos y candidatas saben que es la salida más fácil para asegurar el triunfo electoral.
Ante esta realidad que ofende y denigra la dignidad de las personas que pertenecen a una comunidad indígena, se han dado procesos de reflexión comunitaria para buscar otro camino que les garantice participar en las elecciones en condiciones de equidad. Por esa razón en San Luis Acatlán y Tecoanapa, ciudadanos y ciudadanas de comunidades indígenas han interpuesto recursos jurídicos ante los institutos electorales para que tomen en cuenta sus usos y costumbres como una forma legar y legítima para elegir a sus autoridades municipales. Es un derecho reconocido constitucionalmente y que las mismas instituciones están obligadas a darle trámite para salvaguardar sus derechos. Lamentablemente las instituciones electorales del Estado han asumido posturas cerradas que niegan a los pueblos y comunidades indígenas, el derecho a ser consultados para decidir la forma de elegir a sus autoridades municipales. Los mismos pueblos indígenas tienen que dar la batalla jurídica para que sean atendidos, retomando el derecho internacional y basándose en el marco jurídico de nuestro país.
En lugar de impulsar y reconocer estas iniciativas que tienen las comunidades indígenas, las instancias electorales se empeñan en desacreditar sus planteamientos y en negarles el derecho a ser reconocidos como sujetos de derecho público. Tuvo que ser la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la que ordenara al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), de que realizara la consulta en los municipios de Tecoanapa y San Luis Acatlán para que las ciudadanas y ciudadanos pudieran expresar libremente su opinión en torno a la elección por usos y costumbres. Este mandato no se cumplió a cabalidad porque su involucramiento en este proceso de consulta quedó circunscrito a las cabeceras municipales. Tanto los trabajos preparatorios como en la etapa informativa fueron muy limitados. En ningún momento se dio cumplimiento a los principios que rigen el derecho a la consulta que debe ser previa, libre e informada. El instituto electoral para garantizar este derecho tuvo que proporcionar información suficiente, adecuada y en su propia lengua a las comunidades indígenas de cada municipio, desde el inicio del proceso de consulta y con la debida anticipación. En estos acercamientos es imprescindible explicar los motivos sobre las implicaciones, los impactos y consecuencias de lo que significa tomar una decisión en torno a la elección de las autoridades por usos y costumbres. En este proceso de consulta los pueblos indígenas deben contar con un plazo razonable para realizar un análisis sobre los alcances y ventajas de esta nueva forma de elección que protege mejor sus derechos colectivos. La finalidad de la consulta es impulsar un diálogo intercultural que garantice la participación de los ciudadanos y ciudadanas indígenas, y tome en cuenta las decisiones que asumen de manera libre e informada sobre la elección por usos y costumbres. Para ello debió de realizarse con la máxima publicidad, con mensajes apropiados y en las lenguas maternas, tanto en las cabeceras municipales como en todas las comunidades y delegaciones. Igualmente se debió de proporcionar la mayor información posible sobre el contenido de esta consulta y lo que significa la elección por usos y costumbres. Las autoridades electorales debieron garantizar equidad en la promoción de esta consulta, independencia en la organización de la consulta y respeto a las formas de organización de las comunidades. Tuvieron que intervenir para evitar las presiones, la propaganda negativa, la desinformación, así como la compra y coacción de las voluntades, por parte de las autoridades municipales y los líderes de los partidos políticos. Lo grave dentro de este proceso es que no se brindó la asistencia técnica y capacitación previa que se requería para que las personas organizaran bien los trabajos. Tampoco se impulsaron asambleas comunitarias que garantizaran la participación de toda la población.
En este proceso de consulta fue la presidenta municipal de Tecoanapa junto con su esposo, el diputado local, quienes se encargaron de imponer la forma de cómo se realizaría. Utilizaron todas las formas de presión, coacción, amenazas y compra de los votos, con el fin perverso de que la población sufragara por algo que no estaba a discusión. Las comunidades indígenas plantearon muy claramente de que la consulta fuera para preguntarle a la población si estaba de acuerdo de que las elecciones municipales se realicen por usos y costumbres, es decir, en asambleas comunitarias, a mano alzada y sin emisión del voto escrito. Sin embargo, la presidenta municipal impuso su propuesta de que se incorporara la opción de los partidos políticos. En esta discusión se excluyó a los miembros de comunidades indígenas para que participaran en las escasas reuniones informativas, que principalmente se realizaron en las cabeceras municipales. En Tecoanapa utilizaron a los policías y guardaespaldas para someter a los comisarios y presionarlos con el fin de que decidieran que la consulta se hiciera a través de las urnas, que es totalmente contraria a sus usos y costumbres. Con esta imposición se aseguraba que se fragmentaría el voto de la población indígena y se lograría el objetivo de desechar la elección por usos y costumbres.
Los partidos políticos y las autoridades municipales fueron los que monopolizaron este proceso de consulta y con sus estilos gansteriles sometieron a las comunidades indígenas para que no se realizara la consulta en asambleas comunitarias.
En San Luis Acatlán también las autoridades municipales y los partidos políticos se encargaron de organizar esta consulta. El Instituto Electoral dejó que realizaran campañas contra la elección por usos y costumbres. Se colocaron lonas con el color que identifica al Instituto Electoral que decían: “amigo sanluisteco este 26 y 27 toma la mejor decisión. Vota así. ¿Cómo quieres elegir a tus autoridades municipales? Partidos políticos (aparece tachado con una cruz) comentando más abajo que eso significa desarrollo, derecho al voto libre, orden social, normado por leyes constitucionales. La segunda opción aparece como usos y costumbres, que significa: retrocesos, desorden y caos, no se respetan los derechos civiles y limita tu participación.
Esta es la guerra que actualmente enfrentan las comunidades indígenas de Guerrero. Son los partidos políticos, los presidentes y presidentas municipales, los diputados locales, quienes protagonizan esta campaña sucia que cínicamente la monopolizaron, sin importar lo que dictan las leyes sobre el derecho a la consulta y sin reconocer el derecho que tienen los pueblos a elegir sus propias formas de gobierno, sobre todo cuando son discriminados y excluidos en la toma de decisiones y en el manejo de los presupuestos públicos. El mismo Instituto Electoral es cómplice de este tipo de consultas amañadas que violentan las normas y que pisotean los derechos de las comunidades indígenas. Tendrán que venir más luchas y guerras contra el racismo y la discriminación, para que los pueblos indígenas y afromexicano sean también gobierno en Guerrero.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Foto: Jacob Morales Antonio