Tlapa, Guerrero, a 15 de marzo de 2023. Madres y padres se reunieron con organizaciones sociales, estudiantes, normalistas y autoridades comunitarias de la región de la Montaña, donde concluyeron que la nueva narrativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende cerrar el caso sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Resaltaron que las investigaciones se estancaron cuando se responsabilizó al ejército mexicano, no sólo por su omisión, sino por su participación directa en los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre del 2014.
En la reunión del día de ayer, realizada en la Escuela Regional de la Montaña en la que estuvieron presentes las madres y padres de los 43 con sus representantes legales, alumnos de esta institución, del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña, organizaciones como el Frente Popular de la Montaña, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y autoridades de la colonia San Isidro, dejaron clara la postura para seguir exigiendo la presentación con vida de los jóvenes normalistas. También consideraron necesaria la articulación de un movimiento social de exigencia de verdad y justicia, además de otras demandas políticas y económicas que se presentan y se tienen que resolver con urgencia en el estado de Guerrero.
Al inicio de la reunión, doña Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, originaria de Alpoyecancingo de las Montañas, municipio de Ahuacuotzingo, Guerrero, agregó que ya han pasado 8 años y cinco meses sin que las 43 familias sepan nada de sus hijos, al contrario, el ejército mexicano no ha tenido la voluntad mínima de poner a disposición la información que tiene en sus manos para esclarecer el caso.
A pesar de que Andrés Manuel López Obrador hizo un compromiso con las familias para llegar a la verdad y a la justicia, sólo se quedó como promesa. Los avances más importantes fueron la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ) integrada por el gobierno y las madres y padres de familia en 2018, apoyados de la asistencia técnica de un grupo de expertos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Había muchas expectativas para esclarecer los hechos de Iguala, lo que generó la desmovilización de las familias para dar seguimiento a las reuniones de la CoVAJ y con el presidente de la república, lamentaron las madres y los padres.
Por su parte, Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las madres y padres, explicó que los avances más sustantivos fueron durante el 2020, “porque el gobierno logró conseguir varios testimonios y datos de prueba que desembocan en la hipótesis donde dice que los estudiantes fueron divididos en grupos y privados de la vida. Los datos de prueba hablan de un punto importante que es Barranca de la Carnicería, lugar en que el gobierno buscó y se encontraron varios restos óseos de personas. Con las pruebas que realizaron, dos estudiantes, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz, dieron positivo. A partir de estos hallazgos el gobierno ha dicho que eso es lo que ocurrió”. En estos testimonios se habla de que 25 jóvenes fueron llevados al 27 batallón de infantería, los incomunicaron y ahí fueron asesinados.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sacó información y llegó a la conclusión de que el ejército mexicano estuvo monitoreando a los jóvenes desde el inicio hasta el momento de la agresión, había soldados inscritos dentro de la escuela que hacían la labor de vigilar y dar información, incluso uno de los 43 era militar. El C4 estaba bajo el mando de militares. El ejército a las diez de la noche del 26 de septiembre de 2014 empezó a patrullar la zona, fueron testigos y partícipes directos de las agresiones a los estudiantes. Por ejemplo, cuando los autobuses salieron de la terminal, dos de ellos se dirigieron al periférico norte donde fueron fuertemente atacados, hay dos sobrevivientes que pudieron decir qué es lo que ocurrió, mientras que los estudiantes desaparecidos iban en el bus 1531, detenido en el Palacio de Justicia. El ejército mexicano llegó en los momentos cruciales y vieron cómo estaban siendo privados de la libertad, señaló Vidulfo Rosales.
Con las suficientes pruebas de que el ejército había participado, las madres y padres exigieron más información a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Aquí fue donde se estancó todo. Las familias se enfrentaron con el presidente porque estaba protegiendo a los militares, solo por eso dio instrucciones para que el ejército diera la información que tiene del caso Ayotzinapa. El grupo de expertos tuvo acceso a los archivos de la 9ª región militar, de la 35 zona militar y del 27 batallón de infantería. La información que llama la atención son dos hojas transcritas de llamadas telefónicas entre Francisco Salgado Valladares, director de seguridad pública de Iguala y Gildardo López Astudillo, el “Gil”, jefe de plaza de Guerreros Unidos en Iguala durante esos días. En esa intervención telefónica Salgado Valladares dice: “aquí tengo 38 jóvenes”, y Gildardo López Astudillo le responde “súbelos a los autobuses y tráelos, los vamos a llevar a un lugar que se llama la brecha de los lobos…” la conversación gira en torno al destino que supuestamente tuvieron los estudiantes, apunta Vidulfo Rosales.
Para las madres y padres esta intervención telefónica es muy relevante y exigieron al presidente que querían “el dispositivo electrónico donde está almacenada la información porque solamente tenemos la transcripción, y que nos digan qué militar llevó a cabo esa intervención y a qué teléfonos intervinieron”. El ejército mexicano ha dicho “esa foja de la que me están pidiendo información no es de nosotros, ha de ser de las redes sociales, pero no corresponde a información oficial de nosotros”. Los obstáculos se vieron más claros.
El sinuoso camino de la verdad se hace más complejo y tortuoso cuando las autoridades federales presentan el informe de la CoVAJ el 18 de agosto de 2022 en el que se revela la participación directa del ejército mexicano y la desaparición de los jóvenes se declara como crimen de Estado. Se relata la versión de que los estudiantes fueron divididos en grupos y fueron asesinados. Los militares son responsables, el general José Rodríguez Pérez, actualmente detenido, dio la orden de asesinar a seis estudiantes que estaban en una bodega. El informe está sustentado en 167 chats, capturas de pantallas, que seis personas estuvieron mandando. Sin embargo, el GIEI ya probó que es falso. Se habló de 53 responsables, y de esos 5 son militares, entre ellos el comandante del 27 batallón, José Rodríguez Pérez.
En esos mismos días la Fiscalía General de la República (FGR) informó que tenía 83 órdenes de aprehensión, de esas 20 son contra militares y también figuraba Murillo Karam. Las madres y padres pensaron que iban a ser procesados Murillo Karam, Iñaki Blanco, Lambertina Galeana, quien está acusada porque destruyeron todos los videos y las pruebas que se generaron en Palacio de Justicia, y otros funcionarios de Guerrero. Pero se complicó cuando el ejército reclamó al poder ejecutivo para que desistieran de las órdenes de aprehensión contra sus elementos. Las tensiones dieron lugar a la cancelación de 16 órdenes de aprehensión contra militares, además de la de Iñaki Blanco, Lambertina y tres funcionarios del Tribunal Superior de Justicia.
El presidente de México sigue defendiendo a capa y espada al ejército, aun cuando se tiene pruebas de que participaron en la desaparición de los 43 jóvenes. Lejos de proteger o de llegar a la verdad, el mismo Andrés Manuel López Obrador descalifica a los defensores de derechos humanos que acompañan a las familias. Las reticencias del ejército continúan.
Recientemente, las madres y padres se reunieron con el presidente de México donde se comprometió reactivar las órdenes de aprehensión contra los militares y solicitar información con el ejército sobre el caso. Han pasado los días sin que haya nada. “Lo que nosotros sabemos es que el propio presidente ya les requirió esa información de la hoja transcrita al ejército y al presidente se le ha negado. Por eso como madres y padres no vemos posibilidades de que el caso pueda avanzar, ya llegó hasta el tope porque si al presidente se le niega información entonces a quién le va a dar cuentas el ejército mexicano.
La preocupación de las madres y padres de familia es que el caso se cierre sin obtener verdad ni justicia. ¿Qué podemos esperar ante una narrativa del gobierno que presupone tener el hilo negro del caso Ayotzinapa?”
Las organizaciones sociales y estudiantes coincidieron en que la situación es difícil y que es necesaria la articulación, la unidad, para exigir al gobierno cumpla su promesa, que se llegue a la verdad y se haga justicia. Señalaron que en los siguientes meses se estarán organizando para unir fuerzas, dolores y esperanzas hasta que las autoridades den respuestas y esclarezcan la desaparición forzada de los estudiantes. Esperan que el 25 de mayo haya una confluencia de organizaciones sociales, sindicatos, estudiantes, colonos, colectivas, comunidades campesinas e indígenas en la Ciudad de México. El propósito es generar un gran movimiento social en Guerrero y en México.
