Con el alboreo de la mañana, aún los cerros bañados del rocío de este 14 de octubre de 2023, empezaron a llegar policías comunitarios de diferentes comunidades indígenas y afromexicanas al poblado de Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, Guerrero. Con sus uniformes verde olivo atravesaron las intrincadas y escarpadas montañas que se levantan hasta las nubes, donde la niebla y los acantilados forman parte del espectáculo del paisaje. El cañón de sus escopetas sobresalía de las redilas de sus camionetas, y en sus rostros sombríos había una luz de esperanza por la defensa de su territorio y sus vidas de cualquier amenaza.
En estos caminos torcidos de la Montaña se levantaron los pueblos Me’phaa, Na Savi, Nahuas y afromexicano hace 28 años. No aguantaban más la violencia. El horror se había implantado, violando a mujeres. Las autoridades estaban ausentes y el Estado no garantizaba la protección de los ciudadanos y ciudadanas. La única alternativa para que hubiera tranquilidad fue crear la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) en 1995. Así, los eventos de violencia empezaron a bajar. En 1996 los primeros comandantes -entre los que destacaba Bruno Plácido, quien fue asesinado este 17 de octubre- realizaron un trabajo arduo para enfrentar a los “maleantes” y a los grupos de la delincuencia organizada.
En el 2011 la CRAC-PC quemó 600 kilogramos de mariguana, donde estuvieron autoridades comunitarias y autoridades estatales. Ahí mismo acordaron reeducar a cuatro indígenas y un mestizo con la carga de mariguana. La policía comunitaria mandaba un mensaje con esta acción a las personas que quisieran transportar droga en territorio comunitario. Siempre ha estado prohibido transportar y consumir drogas en las comunidades que pertenecen al sistema de seguridad y justicia comunitaria. En las asambleas se reflexionó que no se puede permitir la violencia de los grupos de la delincuencia organizada. Al contrario, la seguridad comunitaria tiene el propósito de generar tranquilidad y protegerse como pueblos.
En esta etapa de la policía comunitaria, 80 comunidades se congregaron en Totomixtlahuaca para reflexionar sobre los nuevos retos y desafíos que se presentan en una realidad muy golpeada por la violencia, el despojo, la falta de un marco legal del sistema de seguridad y justicia que sigue sin reconocer el Estado, así como los derechos de las mujeres. Los policías comunitarios mantenían guardia en la cuadra céntrica de la comunidad.
Este 28 aniversario de la CRAC-PC “lo celebramos con cantos de protesta por la falta de reconocimiento de nuestro sistema normativo por los diputados y diputadas del estado de Guerrero, y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos hacen valer menos nuestros derechos”, señalaron los coordinadores de la casa de justicia de Espino Blanco. Con esas palabras de resistencia dieron inicio las cuatro mesas de trabajo: derechos de los pueblos indígenas y la libre determinación, defensa de la tierra y el territorio, participación y representación política en la que se abordaron los temas de derecho a contar con una representación en los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y organismos autónomos del estado, y problemas y desafíos en la participación e impartición de justicia de las mujeres en el sistema comunitario.
A las 12 del día las autoridades comunitarias empezaron a reflexionar sobre la negativa del Congreso local de reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, donde en asamblea se aprobó realizar una movilización el próximo 30 de noviembre en Chilpancingo para que haga las reformas correspondientes a la ley 701 y la constitución del estado, y el reconocimiento a la libre determinación y autonomía. También se acordó la articulación de un movimiento social para la creación de nuevos municipios indígenas y afromexicanos.
Con enojo dijeron a los diputados y diputadas “aquí estamos”. “Lo único que queremos es rescatar lo que nuestros ancestros nos dejaron, cómo eran las autoridades antes, sus principales, sus policías, sus topiles y los principales. Ya no queremos partidos políticos, queremos que en las asambleas se elijan a nuestras autoridades municipales y en las comunidades”. Otro de los participantes señaló que “ya estamos en el 28 aniversario y no nos han reconocido nuestra libre determinación. Nos tenemos que organizar con cinco mil para acudir al Congreso y bloquear para que reconozcan a nuestra policía comunitaria”.
Las participaciones también giraron en torno a la defensa del territorio ante la inminente amenaza de las empresas mineras. La elaboración de estatutos comunales o reglamentos ejidales de los núcleos agrarios que pertenecen al sistema comunitario de la CRAC fue central porque señalaron que se tenían que incluir un capítulo especial del reglamento para prohibir la realización de actividades mineras. Reflexionaron acerca de promover campañas en las comunidades sobre la importancia de la defensa del territorio y el cuidado de los recursos naturales en cada una de las actividades que se realicen en las comunidades como lo hace el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET). Además de los estatutos comunales que son un mecanismo de defensa, es importante que se apruebe la reforma indígena y afromexicana. Es menester que en la constitución federal y local quede establecido que los pueblos indígenas “somos dueños y propietarios ancestrales de nuestras tierras, territorios y bienes naturales”.
Más de 25 mujeres indígenas hablaron de su participación en las estructuras de gobierno comunitarias, sobre todo, las problemáticas y desafíos que la CRAC-PC tiene en la impartición de justicia con perspectiva de género. En las recientes reformas del reglamento interno de la policía comunitaria se reconocen algunos derechos de las mujeres. A pesar de que han ocupado cargos de comandantas, policías comunitarias y consejeras regionales sigue siendo difícil para ellas. Sus experiencias estaban llenas de dolor, discriminación y malos tratos por los hombres que detentan el poder. La violencia que viven en la cotidianidad les marca la vida. La venta y los matrimonios forzados de niñas se castigan de 10 a 15 años de reeducación. En el tema del aborto el reglamento interno está permitido. Los espacios de reflexión de mujeres indígenas son nulos, sin embargo, se dieron la tarea de generarlos y ser ejemplos de sus hijas, vecinas para que participen en las asambleas como sujetas de cambio.
Las horas transcurrieron con mucha rapidez. La tarde cayó pintando el horizonte cerca de las montañas. Los policías comunitarios que cuidaban las tiendas misceláneas para que no vendieran bebidas alcohólicas se fueron retirando poco a poco a la comisaría. A las 8 de la noche las autoridades municipales dieron permiso para que la gente saliera. Desde hace unos meses la comunidad de Totomixtlahuaca sólo permite la salida de sus habitantes hasta las 10 de la noche. Sin embargo, en esta ocasión la noche se extendió hasta las 3 de la mañana.
El 15 de octubre, la casa de justicia de Espino Blanco, El Paraíso y el comité de enlace de San Juan Escalerilla realizaron una marcha por la justicia y contra la violencia que impera en la región de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero, pero también de resistencia. Empezaron en la colonia Las Palmas. Una mona danzaba como el viento al ritmo de la música de banda, en cada paso las piedrecitas rodaban en los pequeños pozos de la calle principal de la comunidad. Las escoltas comunitarias iban al frente de cada contingente. Los pasos de los policías comunitarios dejaban un eco que rebotaba de cerro en cerro hasta que llegaba el río de Totomixtlahuaca.
Con el rostro de frente abrazaban sus escopetas con el cañón mirando al cielo. Se escuchaba a los comandantes dar las indicaciones: ¡embrazar armas!, ¡firmes, ya!, ¡paso corto, ya! Las maniobras se mantuvieron en todo el recorrido. El ruido de las consignas de ¡viva la policía comunitaria! avivaron los ánimos para que la palabra de resistencia recorriera los caminos de esperanza. Terminó en la cancha municipal de Totomixtlahuaca con la exigencia de que el gobierno estatal y federal, así como el Congreso, deben respetar y reconocer sus derechos. Llamaron a la unidad para enfrentar la ola de la violencia que amenaza con entrar en los territorios comunitarios, en estos caminos de resistencia.
