La toma de Acapulco

El viernes 13 de mayo los habitantes del puerto de Acapulco fueron rehenes de los bloqueos organizados por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que se coordinó con los choferes de los taxis colectivos de Acapulco y grupos civiles armados. La causa que propició esta demostración de fuerza se debió al despliegue militar que tuvo lugar en la comunidad Altos de Ventura, municipio de Cruz Grande en la región de la Costa Chica.

Al filo de las 15 horas un convoy del ejército cateó un domicilio particular. La acción fue en respuesta a una llamada anónima que reportó la presencia de gente armada en esa localidad. Irrumpieron en el domicilio donde encontraron armas y 100 mil pesos en efectivo. Ante el aparatoso operativo los vecinos salieron de sus domicilios con palos y piedras para encarar a los militares exigiendo su salida del pueblo.

Ante la movilización de la gente, los grupos de la UPOEG se comunicaron por radio con sus comandancias para emprender medidas de fuerza. En ese instante corrió la versión en las redes sociales que habían detenido a un miembro de la UPOEG. Para impedir que se lo llevaran atravesaron un trailer en San Pedro las Playas, para impedir que policías ministeriales y del estado llegaran a reforzar el operativo del ejército. La situación se tensó más con el sobrevuelo de un helicóptero sobre el domicilio cateado. Algunos vecinos escucharon detonaciones de armas de fuego. Todo se tornó un caos cuando los taxis colectivos de las colonias periféricas entraron en escena. Procedieron a bloquear las principales avenidas para impedir la movilización de las fuerzas de seguridad. Bloquearon la caseta de cobro de la Venta, para evitar la entrada de grupos armados contrarios a los grupos locales.

El puerto quedó paralizado por más de seis horas. Colapsaron las vías de comunicación. La gente fue presa del miedo y la desesperación ante la imposibilidad de llegar a su domicilio. No tuvo otra opción que caminar y avanzar por tramos, gracias al apoyo de personas solidarias, que de manera gratuita los acercaba unas cuadras más.

Nadie imaginaría que los bloqueos se extenderían desde el municipio de San Marcos hasta el poblado de Xaltianguis. Grupos de civiles armados se apostaron sobre la carretera federal que va a la Ciudad de México para accionar. Se parapetaron varias camionetas con personas armadas en su interior y arriba de las unidades, dispuestos a repeler cualquier agresión.

Se configuró en pocas horas un escenario bélico en el centro turístico más importante del estado. Aparecieron los actores armados que pululan en la mayoría de colonias de Acapulco y los grupos del crimen organizado, que se encuentran asentados en las zonas conurbadas y en las comunidades que están sobre la carretera federal. Salió a relucir el armamento que cada grupo tiene en su poder y el número de elementos que están decididos a defender su terruño.

Fue una tarde sumamente crítica porque la autoridad municipal quedó desdibujada, los cuerpos de seguridad quedaron atrapados en los bloqueos y la población cargó con todas las consecuencias del desgobierno que impera.  Acapulco quedó a merced de los grupos armados, sin que las autoridades pudieran recuperar la ciudad e imponer el orden.

Otro hecho de gran preocupación sucedió hace una semana en la cabecera municipal de Marquelia, cuando elementos de la Marina reprendieron a un policía de la UPOEG, que portaba un pantalón que es de uso exclusivo de su institución. Ante este incidente los grupos de la UPOEG rodearon a los marinos y poncharon las llantas de sus vehículos. Los increparon y advirtieron de que podrían actuar contra ellos. La presencia del presidente municipal ayudó a que el conflicto no escalara, sin embargo, el orden pende de un hilo, porque los actores armados, tanto del estado como de la sociedad, son los que están en una confrontación abierta, poniendo en riesgo a la población que lucha por su sobrevivencia.

A 7 meses del nuevo gobierno de Evelyn Salgado Pineda, no se vislumbra el rumbo político que quiere imprimirle, por el contrario, se incrementa el malestar de la población ante la desatención de sus demandas básicas y ante la falta de una interlocución política que ayude a resolver los problemas. El desbordamiento de la violencia y el incremento de los grupos de civiles armados en las diferentes regiones de la entidad es un problema creciente e imparable, que el ejército y la Marina, junto con la Guardia Nacional, están atendiendo ante los vacíos de las autoridades civiles. La ruta a seguir ha quedado en manos de la autoridad militar, que además de tener el control de la Secretaría de la Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado, tienen una gran influencia en la toma de decisiones para atender la crisis de seguridad que padece la población guerrerense.

El diagnóstico que tiene el ejército sobre las causas de esta ingobernabilidad, la atribuye a las organizaciones sociales y civiles del estado, que son catalogadas como las disruptoras del orden público, sobre todo, porque bloquean la autopista del sol y las carreteras. Catalogan como un gran daño a la sociedad y al gobierno, los platones que se instalan, los bloqueos que generan caos vial, las marchas recurrentes, la toma de edificios y las constantes protestas. Para ellos todas estas acciones estropean el orden público y, además, causan daños severos a la economía del estado. Ponen en un lugar prominente la actividad turística y como un asunto de alta prioridad la protección y tranquilidad de los turistas. Por esa razón se han asignado elementos de la Guardia Nacional, para que impida la toma de casetas y también disuadan a los manifestantes que intentan bloquear la autopista.

Con esta visión militar que las autoridades civiles asumen como propia, se genera un abismo con la sociedad que se organiza y reivindica sus derechos. Los sectores más depauperados no encuentran respuestas a sus demandas básicas. Tampoco existen canales de interlocución para ser escuchados y atendidos. La presión social es el recurso más socorrido para las organizaciones sociales que por las vías institucionales no encuentran respuesta. En lugar de acortar las distancias y diversificar las formas de diálogo entre la autoridad estatal y la población más desatendida, la gente experimenta mayor abandono y descuido de los nuevos funcionario y funcionarias del estado.

Entre la nueva clase gobernante existe una percepción falaz, de que gozan de legitimidad por el bono democrático que obtuvieron en las urnas. Esta postura explica el desdén de las autoridades contra la población que se organiza y lucha. Menosprecian su contribución para el cambio, ignoran que estas pequeñas luchas, desde la base comunitaria, son las que sostienen a las autoridades. El enfriamiento de las relaciones políticas reactiva los agravios históricos y profundiza el malestar de la sociedad. Se generan fricciones innecesarias y se va acumulando el enojo por no vislumbrar un verdadero cambio.

Ante este desencanto político y esta bifurcación de los caminos se trunca el proceso democrático impulsado por una ciudadanía empoderada. Es un desencuentro que obliga a la población a retomar los caminos de la protesta social, asumiendo el riesgo de sufrir más represión y de toparse con los grupos del crimen organizado, que están incrustados en los poderes públicos para hacer el trabajo sucio contra la sociedad que se organiza.

La violencia que desquicia al puerto de Acapulco es el botón de muestra de lo que sucede en nuestro estado; prevalece el caos impuesto por el crimen organizado y las autoridades se encuentran distantes de la clase trabajadora; las instituciones de seguridad generan desconfianza y los mismos funcionarios carecen de credibilidad por la falta de resultados y de un compromiso claro con las víctimas de la violencia.

En lugar de focalizar las acciones contra los causantes de la alta criminalidad que sucede en el estado, las autoridades estatales hacen causa común con la visión que tiene el ejército de cómo atender la violencia en la entidad. Lo que está sucediendo es atizar el fuego de la confrontación. Por una parte, se ignora y descalifica a las organizaciones sociales, y por la otra, se deja en manos del ejército los temas más sensibles y graves como es la seguridad y la procuración de justicia.

La postura del presidente la república, sobre la necesidad de que las fuerzas de seguridad protejan la vida de los presuntos delincuentes, “ya que también son seres humanos”, da pie para que se justifique en todo momento la actuación del ejército y de la marina, y que su trabajo se focalice contra las organizaciones sociales que protestan. Dejan de lado a los grupos que delinquen y que están coludidos con miembros de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas, que encuentran cobijo en los gobiernos estatales y municipales. En nuestro estado, el ejército y la marina han dejado crecer a los grupos del crimen organizado porque encuentra en ellos a los mejores aliados que se encargan de los negocios redituables de la economía criminal. La toma de Acapulco, por parte de civiles armados, es un preludio funesto de lo que puede suceder en toda la entidad.

Foto: Carlos Alberto Carbajal