La violencia de los militares contra las mujeres

Son contados los casos de mujeres que se atreven a denunciar la violencia que padecen por parte de sus parejas que pertenecen a las fuerzas armadas. Se encuentran inermes, en un ambiente adverso, donde prevalece el uso de la fuerza, el trato adusto y despótico de quienes se asumen con mayo poder por el hecho de portar armas. Las mujeres dentro de las fuerzas armadas han tenido que luchar para ser reconocidas y respetadas. En la práctica siguen subordinadas al poder de los hombres que ocupan los principales cargos dentro de la jerarquía militar. Institucionalmente las mujeres militares tienen que demostrar mucho arrojo y capacidad intelectual para escalar dentro de los grados militares. En su lucha son víctimas de acoso sexual, de malos tratos, de burlas y visiones misóginas. Estas historias están por escribirse.

La violencia que ejercen los militares contra sus parejas es muy común, sin embargo, los casos no trascienden por el estado de indefensión en que se encuentran. Como Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan acompañamos a los padres Melanie víctima de feminicidio perpetrado por su pareja el teniente José Luis Martínez Rodríguez. El 2 de junio del 2016 formalizaron su matrimonio en el puerto de Acapulco. José Luis es piloto aviador adscrito a la base aérea militar número 7.

En enero del 2017 Melanie fue ingresada al hospital militar a causa de las lesiones físicas que le provocó José Luis que presumía a sus amigos y a la misma familia de Melanie sus dotes de karateca. La violencia no cesó a pesar del embarazado de Melanie y del nacimiento de su bebe. El 28 de noviembre del 2017, alrededor de las 5 de la mañana José Luis llamó por teléfono al padre de su esposa para informarle lo que acababa de suceder. Les informó que había encontrado en las escaleras de su casa a su hija muerta, quien supuestamente se cayó cuando bajaba por un biberón para alimentar a su bebe. Les manifestó que no escuchó cuando Melanie cayó y que solo se dio cuenta cuando se levantó y bajó las escaleras. Para los padres de Melanie fue una noticia que desangró su corazón. No creyeron la versión que les dio José Luis, más bien presintieron que él la había asesinado.

Desde Hermosillo Sonora, donde nació Melanie y donde viven sus padres fue imposible hacer algo para que el Ministerio Público acudiera de inmediato a dar fe de los hechos, fue un gran sufrimiento el que padecieron durante varias horas, mientras lograban que se autorizara la necropsia de ley. El calvario que enfrentó la familia se volvió más tortuoso por la complicidad del Ministerio Público que se presentó al domicilio hasta las 2 de la tarde. Declaró que los hechos ocurrieron a las 4:20 de la mañana. Argumentó que el llanto de su hijo lo despertó. Explicó que tenía hambre y lo que hizo fue buscar a Melanie pero que no se encontraba en la cama ni en el cuarto. Al dirigirse a las escaleras vio que se encontraba tirada Melanie con la cabeza torcida. Al acercarse la movió y le habló, pero no tuvo ninguna respuesta. Su cuerpo estaba frío. Lo que hizo fue hablar por teléfono para pedir una ambulancia, el personal que llegó verificó que estaba muerta. Más tarde llegó la policía estatal que se encargó de acordonar el área. Posteriormente se hizo presente la policía ministerial quienes se encargaron de revisar el cuerpo junto con el médico legista. Después de hacer la inspección determinaron que no había delito que perseguir y que José Luis podía proceder a realizar los trámites funerarios. El certificado de defunción estableció como causas de la muerte la insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardiaca, sin indicar el motivo de la muerte violenta. La intención de José Luis era incinerar el cuerpo de Melanie, sin embargo, sus padres le exigieron que solicitara la necropsia de ley, en esa misma tarde procedieron a realizarla. De acuerdo con el dictamen de la necropsia la causa de muerte fue por traumatismo craneal. No conformes con esta necropsia los padres de Melanie solicitaron a la Fiscalía de Hermosillo Sonora una segunda necropsia de ley que realizaron el 2 de diciembre del 2017. El resultado de la causa de muerte coincidió con las conclusiones que dio la fiscalía de Guerrero. Los padres de Melanie empezaron a sospechar que el agresor de su hija maniobraba para que las autoridades ministeriales desvirtuaran los hechos y borraran evidencias de su responsabilidad. Desde un inicio de la investigación se detectaron fallas en la carpeta de investigación. No atendieron con debida diligencia un delito que se persigue de oficio. Tampoco aseguraron el lugar de los hechos y, más bien, hubo alteraciones con la intención de borrar evidencias. Además, se corroboró la falsificación del certificado de defunción que fue integrado como dato de prueba donde se establece que la causa probable de muerte es natural debido a la insuficiencia respiratoria y cardiaca. La necropsia la realizaron casi 12 horas después de que se dieran a conocer los graves hechos. Por otra parte, la inspección ocular la realizaron 8 días después de que sucedieron los hechos. El dictamen de mecánica de hechos se efectuó 5 meses después, analizando únicamente el dictamen de criminalística de campo, la necropsia de ley, y el informe homologado de la policía ministerial, no se tomó en cuenta la prueba de Luminol que establece que había sangre en la recamara principal y que la puerta presentaba una ruptura de 10 centímetros. El dictamen de química forense se realizó 6 meses después y determinó que sí existió líquido hemático en el lugar de los hechos, de manera concreta en el tercer escalón y en la recámara principal.

Ante estas inconsistencias se solicitó a la fiscalía general de Guerrero una tercera necropsia realizada por un grupo interdisciplinario, con el fin de revisar todas las pruebas y la mecánica de hechos para determinar con base científica la causa de la muerte de Melanie. Estos trabajos se realizaron en mayo del 2021. No fue en vano esta lucha emprendida por los padres de Melanie. El resultado final de la causa de muerte fue por asfixia causada por estrangulamiento manual, es decir, que el teniente José Luis asesinó a su esposa Melanie al fracturarle el hueso hioides, demostrando que primero la azotó contra la puerta, posteriormente la tiró al piso y ahí la estranguló para luego arrojarla por las escaleras y simular una causa accidental. El militar intentó por todos los medios comprar a las autoridades para desvirtuar los hechos y borrar evidencias de su responsabilidad. Trato de encauzar las investigaciones para que las autoridades judiciales consideraran que la muerte de Melanie fue por un accidente.

Después de 5 años se logró demostrar que Melanie fue asesinada por el teniente José Luis Martínez quien ejercía violencia desde que se casaron. El pasado 13 de enero finalmente se allanó el camino de la justicia al poner a disposición del juez al presunto feminicidio. En la audiencia que se realizó el 20 de enero el juez formuló imputación por el delito de feminicidio basado en las pruebas científicas que demuestran su responsabilidad en estos hechos deleznables. A pesar de todas las argucias y maniobras que utilizó el teniente, así como la contratación de un equipo de abogados cuyos honorarios son muy altos, se pudo demostrar que cuando se la justicia es posible alcanzarla con la tenacidad, el compromiso y la veracidad con la que actúan las familias, apelando a la aplicación de los estándares más altos para judicializar el delito de feminicidio y castigar ejemplarmente a los perpetradores. El juicio seguirá su curso, sin embargo, en esta primera etapa los padres de Melanie lograron su objetivo, de someter a proceso al teniente José Luis como probable responsable del delito de feminicidio. Han honrado la memoria de Melanie y a pesar de que su corazón continúa desangrándose por la muerte de su hija, su espíritu se revitaliza para seguir luchando contra los feminicidas.

En esta misma semana un grupo de organizaciones civiles de derechos humanos estará en Acapulco para solidarizarse con Inés Fernández Ortega, una mujer indígena del pueblo me´phaa, originaria de Barranca Tecuani municipio de Ayutla de los Libres, quien es sobreviviente de tortura sexual cometida por elementos del ejército mexicano en el 2002. En agosto del 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia contra el Estado mexicano en la que señalo que había quedado plenamente probado que Inés fue víctima de grandes violaciones de derechos humanos – incluida la violencia sexual- en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y la violencia institucional castrense. Después de 20 años, Inés se mantiene firme en su lucha y ahora espera que el juez segundo de distrito José Artemio Navarrete Sánchez tiene una oportunidad histórica de aplicar los estándares emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre como juzgar los casos de tortura sexual con perspectiva de genero y etnicidad, sentando precedentes que trasciendan a nivel nacional en defensa de las víctimas de la violencia institucional castrense. Los procesos penales contra los perpetradores militares son claves para acceder a la justicia ordinaria, por lo que no será justiciable este caso hasta que se cuente con una sentencia firme que reivindique la digna lucha de Inés Fernández. La inminente resolución de proceso judicial por las violaciones graves de derechos humanos cometidas contra Inés Fernández, llega en un momento clave en la que se consolida la participación de los militares en actividades de seguridad pública, recordándonos los graves riesgos que han sido constatados en este caso por esta política de militarizar la seguridad pública.  Los casos de Melanie y de Inés Fernández nos muestran cómo la violencia que ejercen los militares en contra de las mujeres es funesta y fatídica. No podemos permanecer impasibles ni permitir que impere la impunidad contra los militares que cometen graves violaciones a los derechos humanos en contra de las mujeres y la población en general.