No olvidemos a quienes desde la infancia cargan el pesado yugo de la discriminación. Su vida al ras de la tierra, pasa desapercibida por nuestra vista.

Las batallas de la dignidad y la resistencia

 

El rechazo a la falsa consulta que están realizando las diputadas y diputados ha causado un gran malestar en las comunidades indígenas y afromexicanas de Guerrero. Por eso este 5 de abril de 2022, la ciudad de Chilpancingo fue escenario de una marcha de resistencia y dignidad de más de 300 representaciones de autoridades comunitarias de la Montaña y Costa Chica, así como colectivos de desaparecidos, desplazados y organizaciones sociales de la entidad, donde manifestaron su hartazgo contra la visión colonialista de las legisladoras y legisladores, pisoteando los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, relegados en sus geografías agrestes, padeciendo la indiferencia de los gobiernos y la discriminación secular.

La marcha fue convocada por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) de las cinco casas de justicia. La movilización inició a las 10:50 de la mañana desde el lugar conocido como el Caballito, cerca del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla. Más de 2 mil mujeres, hombres, niñas y niños marcharon sobre el asfalto caliente, sacrificando un día para comer con sus familias, ofrendando la gota de agua que se desprendía de sus cuerpos al señor cerro o  la señora ciénaga, al fuego y la lluvia. El sol inclemente tocaba los rostros marcados por la cicatriz del olvido y la indiferencia; son imágenes de un Guerrero racista. Las pancartas y lonas llevaban sus demandas donde señalaban que “la sabiduría comunitaria promueve la igualdad y la justicia entre los pueblos. Las leyes de los diputados discriminan y pisotean nuestros derechos”. Otra decía: “¡No a la falsa consulta! ¡Sí a la libre determinación de nuestros pueblos!”.  La protesta terminó con un mitin en el congreso local donde se condensó el mensaje del rechazo a la consulta de las diputadas y diputados.

En esta tesitura, recordar que el pasado 22 de marzo las autoridades comunitarias y los consejos de ancianos de la Montaña y Costa Chica ya habían protestado frente al congreso local porque las legisladoras y legisladores los estaban obligando a firmar documentos para justificar una consulta amañada, sin saber de qué se trataba y sin tomarlos en cuenta en la elaboración de un protocolo, menos aún en las iniciativas de ley donde en estricto sentido los pueblos indígenas y afromexicano tendrían que participar en un diálogo intercultural que permita la reflexión conceptual y epistemológica, desde sus lenguas maternas, sobre de sus ethos y su cosmovisión del mundo, en todos los aspectos de la vida comunitaria.

En el mitin, las autoridades comunitarias, colectivos y organizaciones sociales volvieron a exigir la cancelación de esta falsa consulta que llevan a cabo los diputados del congreso del estado de Guerrero, porque no es libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada. No hay información para los pueblos cuál es el documento que se tiene que consultar. Lo que hacen las diputadas y diputados es enviar un representante a las comunidades para que las autoridades comunitarias, ya sea comisarios o principales, firmen un simple documento.

Lejos de brindar información, las y los legisladores presionan a nuestros pueblos para que en un lapso de dos semanas se firmen los documentos que ellos necesitan ya que tienen hasta el 14 de abril como plazo que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las comunidades desconocen cuáles son sus derechos que se ven comprometidos en la iniciativa de ley que están presentando, donde las comunidades indígenas y afromexicanas fueron excluidas.

No es una consulta culturalmente adecuada porque son las mismas diputadas y diputados que lo están haciendo, ellos la diseñaron, la organizaron, decidieron cuándo y cómo se van a realizar las asambleas. Lo más grave de todo esto es que los diputados y diputadas callan, guardan silencio, aun cuando varios se consideran progresistas y son indígenas. Están defendiendo intereses de los oligarcas y de grupúsculos de personajes nefastos que se rolan el poder y traicionan al pueblo de Guerrero. Ante estas truculentas prácticas de los legisladores y legisladoras Morena está dando la espalda a la lucha histórica que los pueblos indígenas y afromexicano que se forjó desde 1990, donde se ganó la batalla por los derechos de las comunidades indígenas. Poco después los gobiernos reconocerían que México es pluricultural y no sólo visto como un espacio moral, sino también normativa.

Rubí Martínez, coordinadora regional de la casa de justicia de San Luis Acatlán, denunció la falsa consulta que están haciendo los representantes en el congreso del estado. “Una consulta amañada, al vapor y apresurada que solo es por cubrir una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y para conservar un puesto que el pueblo les ha dado”.

“Venimos a refrescarles la memoria, dice la coordinadora de la policía comunitaria. En el periodo 2009 al 2011 se llevaron a cabo tres foros informativos del cual salió la Ley 701, que se promulgó el 8 de abril del 2011, donde se reconoce a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria. En el periodo 2012-2015 la reforma constitucional al artículo 14°, en el año 2014 se reconoce a la policía comunitaria, pero la limitan al no tratar delitos tipificados en el código penal del estado. En el periodo 2015-2018, exactamente el 28 de febrero del 2017 se llevaron a cabo seis foros simultáneos sin respetar nuestro derecho a consulta. El 27 de julio se promulga el artículo 14° de la constitución y el 17 de agosto se elimina el nombre y figura de la policía comunitaria en la ley 701. En septiembre del 2018 la CRAC inició acciones legales en contra de estas reformas de ley ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por tres vías: la CNDH,  el fraccionamiento con una sola diputada del grupo de Morena y por la sindicatura del ayuntamiento de Malinaltepec. El 20 de abril del 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó las reformas del 2018 y ordena en un plazo de un año para una nueva consulta a los pueblos indígenas y afromexicano”.

Rubí Martínez recuerda que en «el periodo del 2015 al 2018, por oposición de los diputados PRI y PRD, en este periodo estaban Ociel Hugar, Flor Añorve y Raymundo García Gutiérrez, ahora dicen desconocer esas iniciativas. En el periodo 2018-2021 por oposición de diputados del PRI y PRD un grupo del parlamento de Morena, dirigido por el diputado actual Alfredo Sánchez Esquivel, también dicen desconocer estas iniciativas. Además, le preguntamos al congreso ¿por qué no han aprobado las dos iniciativas que nosotros como Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias le hemos entregado en diferentes periodos, una en junio del 2017 y la otra el 10 de diciembre del 2019?»

“El grupo parlamentario de Morena debe definirse, ¿con quién está? ¿qué no el pueblo tiene que ayudar al pueblo? ¿acaso no son representantes del pueblo? A los otros diputados y diputadas les manifestamos que si no reconocen nuestros derechos ya conquistados y no los amplían, seguiremos en los hechos avanzando con la protección del marco jurídico internacional y nacional. Tienen que tomar una postura clara al lado de los pueblos indígenas y afromexicano o en contra”.

Todas las participaciones giraron en torno a la consulta amañada de las y los diputados. Reclamaron que los políticos sólo cuando quieren el voto acuden a la gente pobre, marginada, pero después dictan las leyes desde su curul y le dan la espalda al pueblo de Guerrero. Las comunidades indígenas y afromexicanas tienen que salir a las calles para que su voz sea escuchada. Por señalar un ejemplo de la indiferencia está “el señor diputado Sánchez Esquivel que se dice ser indígena, pero no se nota su vocación, ni sangre indígena. Es una gran mentira hecha realidad en pleno siglo XXI, donde la gente blanca para llegar al poder se disfraza, pues para no decir, que deberían de pintarse la cara de afro o de indígena para que realmente se dé cuenta el estado de Guerrero de que son indígenas.”

Un día antes de la movilización de las autoridades comunitarias, se tuvo conocimiento que diputadas y diputados acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para informar sobre el proceso de consulta mostrando audios, documentos y fotografías, donde pidieron se postergue el tiempo para llevar a cabo la consulta.  Sin duda, no podría prolongarse un mandato de la Suprema Corte, cuando le restaron importancia. El plazo concluye el 14 de abril del 2022.

Un coordinador de la CRAC-PC señala que “hay una enorme inconformidad en todo el territorio guerrerense por esta falsa consulta que se realiza sin tomar en cuenta a los pueblos indígenas y afromexicano, gente pobre que ha venido luchando. El señor López Obrador lo ha dicho muy claro, el pueblo pone y el pueblo quita. A los legisladores no los podemos quitar a medio periodo, porque no les podemos ni siquiera contradecir nada, porque se sienten los dueños del poder y del estado, cosa que no es lo correcto. Deberían ser las mentes más brillantes para legislar. Pero lejos de beneficiarnos hacen leyes amañadas, favoreciendo a los caciques y la clase política en el poder. Se legisla a favor del rico, no a favor del pobre”.

Marco Antonio Suástegui, defensor del territorio, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota y hermano de Vicente, desaparecido el 5 de agosto de 2021, así como otras organizaciones en solidaridad con la CRAC rechazaron la falsa consulta. No es posible que las legisladoras y legisladores no tengan acercamiento con las autoridades comunitarias para establecer un diálogo profundo sobre sus derechos. Insistimos en que la consulta debe ser previa, libre, de buena fe y culturalmente adecuada, con la participación de las comunidades indígenas y afromexicanas. No sólo es la legitimidad para forzar iniciativas que dejan fuera muchos derechos de los pueblos indígenas y afromexicano. Más bien, son las mujeres y hombres de Guerrero que resisten históricamente con la digna rabia, dueños de sus tierras y con un sistema de seguridad y justicia que existía mucho antes del Estado-Nación, quienes deben impulsar sus propias normas y leyes que permita su florecimiento como pueblos indígenas y afromexicano.

 

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