Las niñas indígenas: un tesoro maltratado

Un día antes de que la gobernadora Evelyn Salgado presentara con bombo y platillo el Protocolo violeta: Cada minuto cuenta, como Centro de derechos Humanos de la Montaña publicábamos en Desinformémonos, periodismo de abajo, el caso de la niña Celia, de 14 años, víctima de matrimonio forzado. Su triste historia es ahora noticia nacional porque la niña, que es madre de un bebé, fue encarcelada con una hermana por la policía comunitaria, que funciona irregularmente en Cochoapa El Grande. Su suegra la acusó por haber abandonado a su hijo y la demandó por una deuda de 160 mil pesos, que corresponde a la cantidad que pagaron por ella. Toda la familia tuvo que huir de Cochoapa ante fundados temores de sufrir más agresiones y poner en riesgo sus vidas. Son mujeres y niñas víctimas de desplazamiento forzado, sin que las autoridades municipales ni del estado velen por su seguridad, integridad física y bienestar.

En junio del año pasado el tío paterno, ante la separación del papá, junto con el abuelo materno recibieron ese dinero. Lo inaudito del asunto es que los hombres mayores han impuesto esta costumbre, de que solo ellos pueden negociar los matrimonios de sus hijas menores. Por lo mismo, son los beneficiarios de estas transacciones económicas. El argumento que dio el tío gandalla a la mamá de Celia, es que se iba a encargar de defenderlas si algo malo les pasaba, ya sea con su esposo o con sus suegros.

Al siguiente día de la boda los suegros se llevaron a Celia para que trabajara en los campos agrícolas de Autlán, Jalisco. Además de recolectar chile jalapeño y cargar de a dos costales de 20 kilos sobre sus hombros para estibarlos a los camiones, en la madrugada preparaba el nixtamal, prendía la lumbre, hacía las tortillas y el almuerzo para la suegra, el suegro y el esposo. Los sábados por la tarde se presentaba puntualmente el suegro con el pagador para recibir de mil 500 a 2 mil pesos que le correspondían a Celia. La suegra le decía que ese dinero era para abonar la deuda de los 160 mil pesos que pagaron por ella. El sufrimiento de la niña Celia es inenarrable. Las galeras y los campos fueron su infierno. Lo padeció las 24 horas del día durante 8 meses. El marido en lugar de trabajar se emborrachaba y recurrentemente la golpeaba y violaba.

Por su parte, la mamá y las hermanas sobrevivían vendiendo atole en el mercado de Cochoapa El Grande. No tienen tierra para sembrar. Vivían en una casa de madera con piso de tierra y láminas de cartón, en una colonia de la cabecera municipal. El poco dinero que ganaban del atole era para comprar maíz y para sostener a sus 3 nietas de 6, 5 y 2 años. Regularmente se van 6 meses a los campos agrícolas de Sinaloa como jornaleras agrícolas. Trabajan de sol a sol, padecen los maltratos de los capataces; son acosadas sexualmente por los hombres que viven en las galeras. Por ser mujeres monolingües las discriminan y explotan los mestizos. Forman parte de los amplios contingentes de familias pobres de la Montaña que no son beneficiarias de los programas federales de Bienestar.

Los hijos e hijas no estudian porque se los llevan a los campos agrícolas. Los papás y mamás tampoco fueron a la escuela porque la educación es cara, requiere de muchos años para salir como profesionista y no es redituable para las familias que no tienen un ingreso seguro. El trabajo agrícola que realizan en sus comunidades es insuficiente para alimentar a la familia durante todo el año. En las comunidades aparte de que no hay médicos, medicinas, escuelas, centros recreativos, promoción del deporte, de actividades artísticas, caminos transitables, tampoco hay proyectos para las familias jornaleras que promuevan su arraigo y el desarrollo de actividades agropecuarias que hagan viable la vida en sus comunidades. Ante el olvido gubernamental y la falta de obras para el mejoramiento de las familias, no tienen otra opción que cerrar sus casas y salir del estado para instalarse en los galerones de los campos agrícolas de Sinaloa y Jalisco, resignándose a vivir en condiciones infrahumanas.

Después de tener a su bebé en la clínica de Cochoapa Celia decidió huir de la casa de los suegros ante tanta violencia. Este atrevimiento lo pagó con cárcel. No hubo una autoridad en el municipio que saliera a defenderla. El presidente municipal difícilmente se entera de estos casos porque está ausente durante la semana, y porque a las mujeres monolingües no les hacen caso. Es el estilo que predomina en los funcionarios municipales de la Montaña y del Estado. Llegan al poder para dilapidar los recursos públicos y para erigirse en el centro de atracción, ignorando las demandas de la población. Utilizan las redes sociales para difundir sus acciones banales. Solo sabemos en qué fiestas andan y en qué clausuras son padrinos. Los verdaderos problemas sociales los evaden. Ahora la acción gubernamental se ha transformado en un espectáculo y en una pasarela para quienes tienen el poder.

Ante la indolencia de las autoridades por el caso de Celia y varias niñas que han sido víctimas de matrimonios forzados, como organismo civil de derechos humanos nos vemos obligados a intervenir. Tenemos el gran compromiso como defensoras y defensores de derechos humanos de proteger a las niñas y mujeres que son víctimas de las múltiples violencias que padecen. Utilizamos las herramientas jurídicas que están a nuestro alcance y emplazamos a las autoridades competentes para que cumplan con sus responsabilidades constitucionales. Lo prioritario es disuadir el riesgo con medidas de protección que deben implementar los ministerios públicos y jueces. Poner a salvo a las víctimas y atender de forma inmediata sus necesidades más apremiantes.

Resulta preocupante constatar la inacción y la descoordinación de las instituciones públicas. El aparato gubernamental no está diseñado para atender a las personas desamparadas, funciona para los amigos y aliados. El personal operativo no reacciona. Necesita recibir instrucciones de sus superiores para actuar de manera pronta. El drama es que no cuentan con recursos económicos para resolver en lo inmediato las emergencias. Son cuestiones básicas las que tienen que atender como son los traslados de personas a lugares seguros; pago de transportes especiales; compra de alimentos y de medicamentos. Apoyos para gastos que requieren los bebés y las niñas. No hay infraestructura para atender a las familias desplazadas ni para proteger a las niñas que huyen de sus maridos y suegros.

Las autoridades encargadas de investigar los delitos se colocan del lado de los esposos, porque son quienes ofrecen dinero por sus servicios. Hemos constatado, porque tenemos las actas en nuestros archivos, las actuaciones irregulares de jueces de paz que sin ningún rubor violentan los derechos de las niñas. También hay jueces familiares y jueces de control que no toman en cuenta el contexto de violencia que padecen las mujeres y niñas indígenas de la Montaña. No valoran su situación de indefensión y su precariedad; ignoran que son mujeres monolingües que no entienden los procedimientos legales. Son insensibles y racistas, y lo peor de sus actuaciones es que determinan arbitrariamente quitarles la guarda y custodia de sus menores hijos. Sus sentencias no están sustentadas en las nuevas jurisprudencias que toman en cuenta los principios de progresividad y máxima protección de los derechos de las víctimas. Tampoco se fundan en los más altos estándares internacionales que protegen los derechos de las mujeres. Lo único que brilla es el dinero.

Lamentamos que la gobernadora Evelyn Salgado haya impulsado el protocolo violeta sin tomar en cuenta la opinión de los organismos civiles de derechos humanos. En su discurso de presentación los nombró, pero no supimos quienes fueron los que participaron en este diseño. Esperamos que hayan tomado sus propuestas y atendido el contexto de violencia que se da en las diferentes regiones del estado, el modus operandi de los perpetradores y los vicios que persisten al interior de las mismas instituciones del gobierno que son un obstáculo para avanzar en la protección de las mujeres.

 Es importante recordar que la defensa de los derechos humanos ha nacido de las mismas víctimas, de los movimientos sociales, de los pueblos y comunidades que han sufrido el saqueo, la violencia y el despojo. Desde el dolor y la resistencia han emergido los actores colectivos que han enarbolado luchas emblemáticas para colocar en la agenda pública los derechos fundamentales de todas las personas, sin distinción de razas, lenguas, ni posiciones económicas.

Guerrero es un abrevadero de estas experiencias inéditas. Han sido mujeres de la talla de Tita Radilla, de Inés Fernández, de Valentina Rosendo, mujeres del pueblo Me phaa, quienes nos han dado lecciones de cómo se lucha desde la Costa Grande y la Montaña para llegar hasta la Corte Interamericana y acusar a los perpetradores, como fueron los militares, en los años del terrorismo de estado y en las últimas décadas de la represión política contra los movimientos sociales. Estas enseñanzas forman parte del patrimonio intangible de nuestro estado, que no las puede tirar por la borda el nuevo gobierno, menos una gobernadora que sabe lo que implica la lucha social, que se ha forjado desde niña en las trincheras de la resistencia social y política.

Para hacer efectiva la defensa de los derechos humanos en nuestra entidad es importante escuchar y atender a las víctimas. En este caso a las niñas que son obligadas a casarse, a las madres de familia que también padecen los estragos de la violencia. Por lo mismo, se tiene que trabajar en las comunidades indígenas. Adentro de la vida comunitaria. Hemos constatado que la acción gubernamental solo se queda en las cabeceras municipales y que los eventos públicos los realizan principalmente con los funcionarios públicos de las diferentes dependencias. Son actos que no trascienden en la base comunitaria.

Las víctimas ignoran estos programas y protocolos porque no llegan a sus comunidades ni a sus hogares. Es un gran avance que la gobernadora Evelyn exprese que su gobierno trabaja en el territorio y no en el escritorio, pero vemos que es necesario que el trabajo se extienda a los territorios comunitarios, donde están ausentes las instituciones y donde la situación de las mujeres y niñas indígenas es trágica.

Es imprescindible escuchar las voces de la sociedad civil que diario estamos picando piedra para avanzar en la defensa efectiva de los derechos de la población más vulnerable. El caso de Celia es un ejemplo claro del distanciamiento que existe entre las instituciones del estado y los organismos civiles de derechos humanos. Lo que pasaba en el auditorio José Joaquín de Herrera en Chilpancingo, este martes 19 de julio, donde la audiencia aplaudía la iniciativa del protocolo violeta, a cientos de kilómetros Celia y su familia sufrían los estragos del trabajo semi esclavizante como jornaleras agrícolas, sin que ninguna autoridad las defienda. Celia forma parte de las decenas de niñas indígenas que son un tesoro maltratado por los hombres mayores y por  las mismas autoridades.