La lucha de Arnulfo Cerón fue ejemplar.
Exigió a las autoridades municipales que rindieran cuentas
y que realizaran la obra pública prometida a las comunidades y colonias de Tlapa.
Pudieron más los intereses delincuenciales de los grupos políticos.
Por eso lo desaparecieron y asesinaron.
A dos años de su artero crimen,
Exigimos justicia.
En las calles y oficinas públicas se expresa el malestar de la población Guerrerense debido al incumplimiento del gobernador Héctor Astudillo a las demandas más sentidas que se fueron acumulando a lo largo de su sexenio. No solo son los trabajadores y trabajadoras de la salud, también la policía del estado, el personal del poder judicial, del DIF estatal, además de las protestas que hay en varios ayuntamientos por las obras inconclusas o que no fueron construidas por los presidentes salientes. Es grave que al final de cada administración municipal y estatal los reportes sean en números rojos, sin que se proceda administrativa ni penalmente contra las autoridades que dejan los cargos públicos y que se confabularon en el desvío de recursos. La impunidad galopante solo deja en claro que la política es el mejor negocio entre quienes ostenta cargos públicos, porque la regla no escrita es lucrar con las necesidades de la gente pobre.
Lo que más preocupa es el enorme quebranto que se ha acumulado desde 1995 por más de 13 mil millones de pesos que se adeudan al ISSSTE, por concepto de cuotas, aportaciones y descuentos retenidos a los trabajadores del estado y que se desconoce el destino que le asignaron los gobernantes en turno. La situación se complica más porque, de acuerdo con la información vertida por el diputado Antonio Helguera, el gobernador Astudillo propuso que se absorbiera ésta cantidad como deuda, y que sea cubierta con las participaciones federales en los próximos 15 años. Es un planteamiento que coloca a nuestro estado en la debacle por la forma de administrar los recursos, que violentan los derechos de los trabajadores, les impiden acceder a prestaciones sociales y a contar con instituciones que salvaguarden sus derechos básicos.
Estamos ante un momento sumamente crítico por las arcas vacías del estado y por la proliferación de deudas que se propalan por todos lados. Por más que se finquen altas expectativas en el nuevo gobierno de Evelin Salgado, será muy complicado superar este embrollo. El ordenamiento de las finanzas implica muchos cambios que requieren desterrar vicios añejos. El mandato popular es atacar a fondo la corrupción y llamar a cuentas a quienes tienen responsabilidades por el manejo faccioso del presupuesto público. Será muy difícil deshacerse de un aparato que se especializó en el manejo discrecional de los dineros públicos, de grupos de poder que se arraigaron y asumieron el control de las oficinas donde han establecido negocios con mafias de proveedores para garantizar la ganancia máxima con operaciones fraudulentas.
Los intereses macrodelincuenciales están empotrados en el aparato gubernamental y tienen su correa de transmisión en las instancias de seguridad y en el sistema de justicia. Este cáncer nadie se ha atrevido a extirpar porque funcionan con total opacidad y porque está diseñado para no cambiar nada entre los mandos operativos, más allá de reformas legislativas y de intentos de renovación al interior de las instituciones. La depuración de personal se posterga ante los riesgos que implica hacer cambios de fondo y transformar estos espacios vedados en lugares que puedan ser ocupados por personal que cuente con el perfil profesional, que pueda acreditar su capacidad para realizar con presteza y profesionalismo las responsabilidades que se les asignen. Hay áreas que no se tocan, son como cotos de poder que controlan ciertos personajes que no aparecen en el ámbito público pero que mueven los hilos a través de sus operadores políticos.
La lucha sorda por los cargos públicos, basada en las lealtades políticas, no garantizan la llegada a buen puerto en este nuevo gobierno. El tiempo está encima y no se vislumbra la nueva configuración de la administración que tomará posesión este viernes 15 de octubre. La próxima gobernadora ha logrado pulsar el ambiente que se respira en las 7 regiones del estado. Sabe que existe una sociedad pujante y muy demandante. Ha constatado el rezago social y las enormes brechas que se han profundizado en los diferentes sectores de la población. Hay una amplia franja de guerrerenses que sobreviven en el campo y las periferias de las ciudades, que a pesar de la implementación de los programas federales, son insuficientes para satisfacer las necesidades primarias. El abandono del campo se constata con la migración permanente de jóvenes y de familias que salen de sus comunidades por falta de opciones económicas.
Se tiene que atender con prontitud y profundidad las regiones abandonadas como la Montaña, la Sierra y la Tierra Caliente. En las siete regiones se ha vuelto inviable la convivencia pacífica y la tranquilidad comunitaria por la proliferación de grupos armados, que se han apoderado de territorios comunales para imponer su ley, controlar la autoridad municipal, instalar giros de la economía criminal, controlar los principales negocios de la zona e imponer el pago de cuota como el impuesto de la seguridad. Hay un desencanto de la población con la guardia nacional, porque no han constatado que actúe para contener la avalancha delincuencial. No hay confianza en los cuerpos de seguridad municipal ni estatal porque han establecido pactos con el crimen organizado. No hay controles en las corporaciones policiales sobre quienes forman parte de sus filas. Varios elementos trabajan para los dos bandos porque saben que no hay límites claros entre el servicio público y el servicio que realizan con actores de la delincuencia. Operan de la misma forma y trabajan coordinadamente para que los negocios beneficien a los jefes políticos y a los jefes de la delincuencia.
Este engranaje que se fue urdiendo nos remite a los años de la guerra sucia. Desde las esferas del poder presidencial se le dio al ejército permiso para violentar los derechos humanos para imponer el orden, aplicando la tortura, ejecutando arbitrariamente a luchadores sociales y desapareciendo a personas que catalogaban como cómplices de la guerrilla. Este patrón de ajusticiamiento quedó establecido dentro de las corporaciones policiales y el mismo ejército. Se consintió el uso de la fuerza como la forma más efectiva para someter a los insumisos y para acallar las revueltas y movimientos de protesta. Se incrustaron dentro de las estructuras represivas del estado a personajes siniestros como generales del ejército que desparecían a personas, que torturaban y que ejecutaban arbitrariamente con el respaldo de los gobernadores y el mismo presidente de la república. Estos crímenes siguen impunes y no se ha garantizado justicia. No hay investigaciones que castiguen a los responsables y lo peor de todo es que se le siguen dando más poderes el ejército para que realice tareas de seguridad pública y se le otorguen funciones de empresa constructora para realizar obras, cuando hay una población agraviada que exige que se les investigue por todo el daño que causaron.
A contrapelo de esta historia cruenta de un gobierno represor, hay un pueblo que lucha contra una casta de políticos iletrados que se han aliado con el ejército para contener los movimientos disruptores que luchan contra el cacicazgo. En esos años cruentos de la guerra sucia emergieron hombres y mujeres que han peleado en la sierra y en la ciudad para transformar de raíz este modelo de gobierno. Se han rebelado contra el ejército, lo han desafiado y le han declarado la guerra, ante la imposibilidad de hacerlo por la vía pacífica. También hay un sinnúmero de movimientos campesinos, indígenas, estudiantiles, magisteriales y de colonos que han emergido para reivindicar sus derechos. La mayoría han sido reprimidos. Las masacres y matanzas son el registro más cruento de esta acción delincuencial del estado. Hay mártires por la democracia, hay héroes que lucharon contra la esclavitud, por la independencia y enarbolaron los postulados de la revolución. Son hombres y mujeres que abonaron por los cambios políticos, que denunciaron las graves violaciones de derechos humanos, que pelearon por la tierra, por la educación gratuita, por los derechos básicos, por la justicia y por la verdad.
Son los protagonistas en esta nueva coyuntura política, los que desde abajo han impulsado cambios y removido este aparato represor. Los luchadores sociales que perdieron la vida para acabar con el monopolio político del otrora partido oficial, son los verdaderos forjadores de una nueva etapa política en Guerrero, el magisterio democrático es un actor importante en la lucha por un modelo educativo acorde a la realidad sociocultural de los pueblos pobres de Guerrero; el movimiento de los pueblos indígenas han roto el paradigma del monismo legal de occidente y han abierto ventanas para el pluralismo jurídico que es el sustento de la riqueza cultural de nuestro país; la lucha de los campesinos que siguen sosteniendo a las ciudades con sus bienes naturales han roto con los cacicazgos políticos y los acaparadores de tierras y de los agronegocios. También han puesto en jaque a las empresas trasnacionales mineras que a través de las concesiones extraen la riqueza del subsuelo pagando una bicoca a los dueños ancestrales de estos territorios. La lucha de las mujeres de la ciudad y el campo le han dado un nuevo rostro a los movimientos emancipatorios y están disputando palmo a palmo el poder en las diferentes trincheras sociales y políticas. Los estudiantes de la histórica normal de Ayotzinapa, no solo ha sido la cuna de la rebeldía y la resistencia, es también el ejemplo de la dignidad de madres y padres que cimbraron el poder político con su movimiento por la presentación de sus 43 hijos que después de 7 años, mantienen la exigencia de justicia, demandando que se investigue a funcionarios federales, al ejército, a los policías federales, estatales y municipales, porque se han descubierto que todos ellos se coludieron por intereses macrodelincuenciales que están anclados dentro del ejército, los ayuntamientos, las corporaciones policiales y los grupos políticos que inciden en las esferas de los poderes estatales y federales.
La historia de los pueblos es lo que nutre estas resistencias y lo que inspira estos cambios que demandan con urgencia en nuestro estado. Hay un hartazgo de la sociedad que está expresado en la mayoría de los espacios públicos porque ya no se tolera a una clase política que ha defraudado y traicionado los ideales de justicia y desarrollo. Se abre una nueva etapa para continuar en este sendero, donde los ciudadanos y ciudadanas se han asumido como los protagonistas del cambio y donde los pueblos y comunidades campesinas, indígenas, afromexicanas son parte de la fuerza transformadora para luchar contra la desigualdad y la discriminación y para allanar esta brecha del olvido secular. Su malestar y enojo es para que ya no se reediten más gobiernos que saquen las arcas públicas y que usen el presupuesto como negocio y patrimonio de quienes pisotean los derechos del pueblo combativo y trabajador.
Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan