Los 43 y miles de victimas más: la deuda pendiente de AMLO

En la reunión que tuvieron las madres y padres con el presidente de la república en palacio nacional, fue desangelada y sin mayor trascendencia. Andrés Manuel López Obrador repitió lo que en sus conferencias mañaneras ha publicitado casi cada semana.

Después del primer encuentro que tuvieron en junio pasado hizo llegar su informe a las madres y padres para que conocieran directamente lo que él ha indagado. Leyeron temas que no abordan los avances de las investigaciones sino cuestiones que tienen que ver con el descrédito de sus representantes jurídicos. Se dieron cuenta que su postura es infranqueable e inamovible. Sus planteamientos están fuera de lugar, porque nada dice de los 800 folios que en reiteradas ocasiones le han solicitado para que el ejército los entregue. Habló de un complot urdido por gobiernos extranjeros y por la misma DEA. También se centró en la investigación de la periodista Anabel Hernández para deducir que, de ese libro los representantes legales armaron la consigna de que el ejército tuvo que ver con la desaparición de los 43 estudiantes.

Las madres y padres pacientemente escucharon la perorata del presidente. Fue un diálogo que después de atender los informes de rutina del subsecretario de derechos humanos y del fiscal especial, el presidente tomaba el micrófono para explayarse más de una hora repitiendo sus propias elucubraciones. Han sido encuentros infructuosos y desgastantes para las mamás y papás, porque son horas de escuchar temas irrelevantes. Esta situación los llevó a evaluar que sus traslados de sus comunidades a la ciudad de México les generaba mucha frustración y enojo porque eran horas perdidas.  Se trataba de reuniones rutinarias para cubrir las formalidades y mostrar a la opinión pública el interés del presidente por atender a los familiares de los 43. Constataron que el ejecutivo no estaba de su lado, sino que cada vez que se reunían sentían su postura en favor del ejército. La decisión de las madres y padres fue firme, le expresaron sin tapujos que ya no querían acudir a palacio nacional. Valoraron además que a escasos 33 días de que fenezca su gobierno, ven muy difícil que pueda remontar una investigación que desde hace meses se encuentra estancada.

Algo imperceptible o intrascendente para el presidente y el subsecretario de derechos humanos fue el daño que ocasionaron a las mamás y papás al convocar a estos encuentros al pequeño grupo de padres que se han alineado a los intereses del expresidente José Luis Abarca. Llegaron al extremo de marchar con sus familiares y uno de ellos tomó el micrófono para exigir su liberación. Empoderaron al grupito y lo llevaron a las reuniones con la clara idea de golpear, de generar mas confrontación y una mayor revictimización. Algunas mamás dijeron que en palacio nacional tenían dos adversarios, por una parte, al presidente y por la otra, al pequeño grupo de padres. Era evidente la intención de acentuar la división del grupo y que el gobierno saliera ganando al sentar a las dos partes confrontadas. Con mayor razón las madres y madres decidieron no volver a sentarse. Aprovecharon el momento para decirle al presidente que ya no volverían a palacio nacional. Dejaron abierta la posibilidad de reencontrarse siempre y cuando hubiera alguna información relevante. El presidente aceptó y expresó que respetaba su posición. Comentó que de cualquier forma les mandaría a sus domicilios su último reporte.

Este desgaste y alejamiento con las madres y padres viene desde el 2022, cuando se lograron avances sustantivos en las investigaciones. En ese tiempo se encontraron algunos restos de estudiantes en la barranca de la carnicería, echando por tierra la versión del gobierno de Peña Nieto de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. Con pruebas científicas corroboradas por la universidad de Innsbruck se logró la identificación de dos estudiantes y al mismo tiempo, se libraron ordenes de aprehensión contra 20 militares, que posteriormente se les procesó. Fue justamente cuando se ejercitan las acciones penales contra los elementos castrenses es cuando se da una crisis con el gobierno federal. Es un punto de quiebre que marcó un cambio en la narrativa del presidente. El ejército expresó su molestia por el número de militares que tenían órdenes de aprehensión. Se dan fuertes presiones contra el fiscal especial Omar Gómez por haberse atrevido a ejercitar estas acciones penales. También Alejandro Encinas dejó de ser el subsecretario de las confianzas del presidente por señalar al ejército como parte de los perpetradores. Ante el enojo de la cúpula militar el fiscal especial Omar se vio obligado a renunciar y en consecuencia Alejandro Encinas dejó la subsecretaría de derechos humanos.

La investigación quedó a la deriva y se fue a pique. El presidente anunció que tomaría en sus manos el caso dejando en segundo plano al nuevo fiscal Rosendo Gómez Piedra. Hubo un golpe de timón en las líneas de investigación al grado que la nueva narrativa del presidente se centró en desacreditar todo el trabajo que hizo el GIEI en sus 6 informes, señalando a las organizaciones que representamos jurídicamente a las mamás y papás como deshonestas, que contribuimos para que quedaran libres varios detenidos que participaron en la desaparición de los 43, que firmamos un acuerdo con el ex presidente Enrique Peña Nieto a espaldas de las mamás y papás y que nos coludimos con gobiernos extranjeros para conspirar contra el ejército. En esta confrontación se intentó excluirnos de las reuniones con el presidente, sin embargo, las madres y padres en todo momento manifestaron su confianza en el acompañamiento integral que les hemos brindado a lo largo de una década.

Una información rescatable que se tuvo en la última reunión en palacio nacional fue la que compartió el fiscal especial sobre la detención de 2 personas que son claves para la investigación que quedó trunca en el 2022. La primera detención fue de Erick Román alias el ranchero que dirigió un grupo de sicarios de la zona de Apetlanca, municipio de Cuetzalan del Progreso. Se comentó que a su rancho fueron llevados 6 o 7 estudiantes. Se sabe que los jóvenes fueron disueltos en ácido. Algunos testigos refieren que algunos restos no fueron disueltos y que por ese motivo prefirieron enterraron en el mismo rancho. Se informó que hay varios equipos que están haciendo las búsquedas en el rancho de Apetlanca.

La segunda detención fue de Marco Antonio Ríos, quien era el jefe de sicarios de Guerreros Unidos que operaron en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre. Es una pieza clave para saber el destino de los 43 porque se sabe que en buena medida coordinó las acciones criminales. Tiene información privilegiada de los hechos que aún no se conoce. Puede convertirse en un testigo importante si la autoridad logra identificar con datos precisos y contundentes sobre la forma cómo operó la desaparición de los 43 normalistas.

En estas últimas semanas se han intensificado las búsquedas en los municipios de Iguala, Cocula, Cuetzalan y Tepecuacuilco. Se conformaron 7 equipos distribuidos en varios puntos. Los resultados de las excavaciones y los estudios de los pequeños restos han sido negativos. Las declaraciones de los últimos testigos no han arrojado resultados favorables en las búsquedas. La presencia del subsecretario y del fiscal especial en los puntos que se excavan es un intento desesperado por encontrar algún indicio que pueda dar la campanada en este último mes. La preocupación de las madres y padres y de sus representantes jurídicos es que no comparten la información de estos hallazgos al Equipo Argentino de Antropología Forense ( EAAF) que fungen como sus peritos en las investigaciones penales. Por esa rezón las mamás y papás han declarado que no reconocerán algún resultado presentado por las autoridades si antes no es cotejado por los peritos del EAFF.

En el último informe que leyó el presidente de la república en el zócalo de la ciudad de México patentizó los grandes logros que alcanzó durante su mandato. Se regodeó por dar cumplimiento a la casi totalidad de compromisos asumidos durante su administración. Hablo de resultados que no necesariamente coinciden con lo que experimenta la población. Comentó que la estrategia nacional de seguridad pública se enfocó en atender las causas de la violencia y que logró reconstruir el tejido social de comunidades afectadas por este flagelo, así como recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones policiales. Asegura que hay una disminución sostenida de la incidencia delictiva. Sobre la pacificación del país destaca  las misiones del ejército y fuerza aérea mexicanos, así como de la armada de México que orientaron sus acciones a garantizar la paz y la tranquilidad.

En materia de atención a víctimas se destacan las políticas públicas para otorgar medidas de ayuda, asistencia y reparación integral del daño. En especial, las relacionadas a fomentar la igualdad y no discriminación, la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y el combate a la violencia conta las mujeres. Los temas de seguridad, atención a víctimas y los derechos básicos como la salud y la educación, desde la óptica de Guerrero, la realidad está muy alejada de la visión presidencial. La carencia de recursos ha sido la principal excusa de las autoridades para no dotar de medicamentos a los pacientes de escasos recursos, para no contratar médicos ni maestros y maestras en las regiones más abandonadas. Las víctimas de graves violaciones de derechos humanos de las décadas de los 60 a los 90 son maltratados e ignorados por la titular de la CEAV. Pasó todo el sexenio con argumentos falaces para no reparar los daños a centenares de familias que bien en condiciones deplorables. Las víctimas de la violencia delincuencial tienen que arriesgar su vida para buscar a sus familiares desaparecidos, tienen que mendingar los apoyos para sus traslados y compra de medicamentos.

Un tema pendiente que reconoció el presidente de la república no haber cumplido fue dar con el paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. No obstante, afirmó que las investigaciones avanzan y que las búsquedas continúan hasta que concluya su mandato. El tema de las desapariciones que suman más de 116 mil personas a nivel nacional, es una deuda que deja AMLO en miles de familias que sobrevivieron al olvido gubernamental.