Los caminos de la justicia comunitaria

Abel Barrera Hernández

En la Montaña de Guerrero los caminos de la justicia comunitaria se construyen en las asambleas, con la participación de hombres y mujeres que pertenecen a los pueblos me’phaa, na savi, nahuas, afromexicano y mestizos. Se robustecen con la palabra sabia de las mayoras y mayores que iluminan el caminar de los pueblos. En la elección de sus autoridades analizan cuidadosamente las cualidades y la honorabilidad de sus representantes. Deben ser personas respetadas y ejemplares. La encomienda que la comunidad les da es una responsabilidad enorme: deben obedecer y servir al pueblo. La fuerza radica en los acuerdos colectivos, en las normas no escritas y el cumplimiento de las tareas asignadas.

Muni’mbani rí nithaa, en me’phaa significa cumplir los acuerdos que deciden colectivamente. En el “nosotros” va incluido lo individual, nunca puede separarse de la comunidad. En los pueblos Ñuu savi son espacios de diálogo (Nú ndatu’ún tá’an na) que empieza con un llamado (kána na) de las autoridades. Desde su lengua le dan forma a su mundo y desde su cosmovisión resuelven los problemas cotidianos. Deben dirigirse siempre con respeto a la comunidad, como lo hizo una compañera cuando la propusieron para ocupar un cargo en la coordinación de la policía comunitaria: “con todo respeto señores y señoras les pido que consideren mi situación. No podré por ahora desempeñar el cargo que me asignan porque estoy sirviendo a mi comunidad”.

Para las comunidades indígenas el diálogo y los acuerdos son primordiales e indispensables para designar a las nuevas autoridades. Ellas tienen la responsabilidad de velar por la vida y la seguridad de todos los habitantes. El mando es recíproco porque los que nombran al comisario o delegado de su comunidad tienen la obligación de cumplir con el tequio o los trabajos comunales. Las autoridades se encargan de vigilar y sancionar a quienes violen los acuerdos de la asamblea. Así se gana el derecho a vivir dentro de un núcleo comunal. Para disfrutar los bienes naturales de esta prodigiosa tierra hay que ganarse esa prerrogativa sirviendo a la colectividad.

El domingo 6 de octubre, a pesar de los graves daños que causó el huracán John a los pueblos de la Montaña, varios grupos de policías comunitarios llegaron a la comunidad de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec acompañando a sus comisarios, comisarías, delegados y autoridades agrarias. Atendieron la convocatoria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), para participar en el cambio de sus representantes. Una lona azul cubrió el patio de sus rústicas instalaciones y las pocas sillas de plástico con que cuentan se distribuyeron alrededor de la mesa principal. Cerca de unos árboles de pino, varios hombres atizaban la leña para que hirviera el caldo rojo de res que todos los asistentes comerían. Varias compañeras apoyaban en la preparación de la comida, mientras otras imprimían las listas y pegaban la cartulina donde aparecía el orden del día.

A las nueve de la mañana se instaló solemnemente la asamblea. Después del pase de lista de las 35 comunidades que asistieron, los coordinadores de la policía comunitaria presidieron la reunión e invitaron a los asistentes a que nombraran a quienes llevarían la mesa de los debates. La participación fue copiosa. Consultaron cuál sería la mejor forma para elegirlos. Ganó la propuesta del nombramiento directo. Nombraron a 3 compañeros y una compañera.

Después de la instalación de la mesa, los coordinadores salientes rindieron cuentas de los precarios fondos que manejaron. En un papelógrafo desglosaron, por mes y por año, los rubros de los gastos que ejercieron. La asamblea se mantuvo atenta al informe que rindieron. Con ejemplar transparencia explicaron en qué se gastaron los recursos. Todo salió bien. Los reclamos se centraron en un tema muy sensible para las comunidades, como es el distanciamiento que mantuvieron los coordinadores con los problemas de la gente. Son los momentos más densos porque las autoridades son evaluadas por su desempeño y por los resultados alcanzados. El reclamo mayor es que no dispusieron de mayor tiempo para estar atendiendo los casos de las personas agraviadas. También hubo descuidos al no vigilar el comportamiento de los comandantes que actuaban con displicencia y despotismo a los familiares de los detenidos. Comentaron que se dieron abusos que en la asamblea no se dieron a conocer para no atizar el fuego entre los asambleístas. Más bien, hubo reconocimiento a la labor realizada por los coordinadores, pero también reclamos y regaños. Fueron posturas firmes las que plantearon los asambleístas para mantener bajo control a quiénes desempeñan esta delicada tarea de investigar delitos, administrar justicia y garantizar seguridad a la población.

Eran las 11 de la mañana cuando el presidente de la mesa de los debates dejó abierto el espacio para consensuar el mecanismo de elección de los nuevos coordinadores y coordinadoras. Entre las participaciones hubo personas que proponían que se hiciera por nombramiento directo, y otros preferían que se nombrara a dos personas para elegir a una. Después de cinco intervenciones sometieron a votación el mecanismo de elección. Ganó la segunda propuesta. El nombre de un vecino de la comunidad de Colombia de Guadalupe resonaba para coordinador, sin embargo, varias personas de comunidades vecinas argumentaron que no podía ser elegido porque recién salía de otro cargo. Para el sistema de justicia comunitaria, la reelección, es inviable, porque su sistema de cargos requiere de la participación de todos los ciudadanos y para lograrlo tiene que ser rotativo. Solo así el aprendizaje es colectivo, horizontal y distributivo. Nadie puede erigirse en el jefe o cacique porque atrofia y corrompe la esencia del sistema comunitario. Por eso no prosperó la propuesta de Colombia de Guadalupe. No se aceptó que una comunidad intentara tener el monopolio de los cargos. Reiteraron que había 35 opciones, refiriéndose al mismo número de comunidades que pertenecen a la casa de justicia. La sabiduría comunitaria imperó por encima de la lógica reeleccionista.

La propuesta de que un abogado, originario de la comunidad de Tierra Colorada, fuera electo para coordinador, generó polémica por la profesión que ejerce. En el sistema de justicia comunitario los abogados no pueden participar como representantes de los acusados o las víctimas. Se les da prioridad a sus familiares. Una voz a lo lejos alcanzó a decir que esta persona quedara descartada. Cerca de la mesa principal un ex coordinador señaló que el abogado había ocupado el cargo de comisariado de bienes comunales en su núcleo agrario y que el reglamento de la CRAC prohíbe que abogados intervengan como representantes jurídicos, pero no impide que puedan ser elegidos, sobre todo si son personas que pertenecen a comunidades indígenas y que forman parte de la policía comunitaria. El presidente de la mesa preguntó cuál era la opinión de la asamblea. La respuesta fue unánime, todos alzaron la mano en favor de su nombramiento.

Fue muy grato escuchar varias intervenciones que coincidían en el mismo planteamiento, de que los coordinadores tendrían que ser de los tres pueblos de la Montaña: Me’phaa, Ñuu savi y Nahuas. Apelaron al nuevo reglamento para asegurar que dentro de las nuevas autoridades debería de haber por lo menos una coordinadora. Con estos planteamientos los miembros de cada pueblo eligieron a su coordinador. Se acordó que la cuarta persona sería una mujer. El nombramiento se complicó porque la persona que salió elegida, pidió a la asamblea que tomaran en cuenta su situación. “Señores y señoras yo estoy cumpliendo un cargo con el comisariado de bienes comunales de Tierra Colorada. No puedo dividirme en dos, se me va a complicar. Esta vez no puedo, pero podría ser para la otra”. Después de 30 minutos los asambleístas determinaron que fuera la comunidad de Paraje Montero la que nombre en asamblea a una mujer para que desempeñe el cargo de coordinadora de la CRAC-PC de Espino Blanco.

Después de salir fortalecidos con el nombramiento de los coordinadores y la próxima coordinadora, tocó el turno a los 4 comandantes. Es también una selección difícil porque deben ser personas intachables, rectas, transparentes y que no tengan antecedentes penales, ni mala fama en la comunidad. Alrededor de las 2 de la tarde se acordó nuevamente que cada pueblo eligiera a su comandante. Lo difícil era que la persona elegida aceptara el cargo por su alta responsabilidad y por las implicaciones que tiene de no cumplir con las expectativas de la asamblea. El primer comandante fue para el pueblo Me’phaa. El segundo fue para el pueblo nahua. El tercer comandante se complicó porque varias propuestas no prosperaban, al final quedó uno del pueblo Ñuu savi. Propusieron como cuarto comandante a un señor de la tercera edad. De inmediato levantó la mano y pidió a la asamblea que valoraran su situación: “Aquí debe estar uno más joven para que sirva mejor”. Reconsideraron su postura y nombraron a una persona más joven.

La toma de protesta de los coordinadores y comandantes regionales fue la parte más solemne. Todos los asistentes se levantaron de sus sillas y se quitaron los sombreros y gorras. Se nombró a uno de los ex coordinadores para la toma de protesta. De manera literal siguió las recomendaciones del reglamento y leyó las frases que formalizan la toma de protesta. Los rostros serios y altivos de los nuevos coordinadores y comandantes traslucían su gallardía para asumir con aplomo la alta responsabilidad, de velar por la seguridad de las comunidades indígenas de la Costa Montaña y garantizar el acceso a la justicia a las víctimas del delito, que son mayoritariamente pobres. Los pueblos indígenas depositaron su confianza en los coordinadores y comandantes de que sabrán defender los derechos del pueblo frente a las amenazas de las empresas extractivistas, del crimen organizado y de los megaproyectos del gobierno federal, que ponen en riesgo la integridad de sus territorios y la tranquilidad de sus habitantes.