En memoria de don Bernardo Campos,
“Tío Venado”, papá de José Ángel Campos,
quien nos dio el ejemplo
de mantenerse firmes en la lucha,
y de nunca someterse a los caciques
traidores y asesinos.
La relatora especial sobre los derechos humanos de los Desplazados internos de las Naciones Unidas (ONU), Cecilia Jimenez-Damary estará el martes 7 y miércoles 8 de septiembre en Chilpancingo Guerrero, como parte de su visita oficial a nuestro país. Arribó el 29 de agosto y concluirá sus trabajos el 9 de septiembre. Ya visitó los estados de Chihuahua y Chiapas. A su llegada a la ciudad de México sostuvo reuniones con autoridades federales, locales y organizaciones de la sociedad civil. Lo crucial de su visita será dialogar con personas que enfrentan el desplazamiento forzado interno y que no han sido atendidas por las autoridades. Escuchará la problemática que padecen y tomará en cuenta sus necesidades y planteamientos. Al término de su estancia la relatora presentará su informe preliminar y sus recomendaciones a las autoridades federales.
Es la primera vez que México recibe a esta Relatoría, por eso, es una gran oportunidad para atender un problema añejo y complejo que ha sido negado por las autoridades en turno. Lo dramático es que se ha dejado en total abandono e indefensión a decenas de familias que han tenido que huir de sus hogares y comunidades, a causa de los conflictos agrarios, religiosos y políticos. Recientemente la violencia delincuencial ha provocado el desplazamiento de muchas familias a causa de la complicidad de las autoridades locales. Resulta imperioso atender con inmediatez a las víctimas de desplazamiento forzado interno y crear las condiciones institucionales para satisfacer sus necesidades básicas. Se tiene que intervenir de manera integral para evitar que el tejido comunitario se siga desgarrando y sangrando. Para ello se requiere un marco normativo adecuado y robusto que brinde una respuesta efectiva a las necesidades de estas familias.
Tomando como referencia las notas periodísticas recopiladas por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) de enero de 2016 a mayo de 2021 registraron 138 episodios de desplazamiento masivo (5 familias o 20 personas como mínimo), ocasionados por diferentes formas de violencia en México, lo que obligaron a alrededor de 75 mil 942 personas a desplazarse internamente. Estos datos representan un promedio diario de 38 personas que dejan sus lugares de origen con al menos 2 episodios masivos cada mes.
Se tienen registrados desplazamientos en 15 estados, sin embargo, son 7 entidades que concentran el 91 por ciento de los casos y el 97 por ciento de la población afectada, a saber, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa, que en su totalidad representan el 21 por ciento de la población nacional. La región uno la conforman el Triángulo Dorado conformado por los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Es una región geoestratégica que se caracteriza por lo escabroso de su geografía, el difícil acceso a la sierra madre occidental, sus condiciones climáticas y la disputa histórica por los recursos minerales, forestales y por sus actividades ilícitas como la siembra, cultivo, venta y traslado de la marihuana y amapola. En esta región varios cárteles de la droga se disputan el territorio y toman como rehén a la población local.
La región 2 la conforman Chiapas y Oaxaca no solo por tratarse de estados vecinos sino por la naturaleza de sus conflictos y episodios de violencia que han causado desplazamientos masivos en sus territorios. Se trata de conflictos intra e intercomunitarios, motivados principalmente por disputas de carácter territorial, político y religioso. Se han documentado 40 episodios de desplazamiento masivo, los que obligaron a que alrededor de 20 mil 789 personas abandonaran sus hogares en 29 municipios. Los conflictos de estas comunidades tienen raíces históricas y están relacionados con problemas estructurales a causa de la división política y administrativa del territorio, el sistema económico y las desigualdades sociales, que se expresan en la marginación, explotación y exclusión. Este nudo de la confrontación comunitaria ha propiciado que los desplazamientos sean prolongados y que conlleve una violencia acendrada que se hereda de generación en generación. En estos estados son las poblaciones indígenas las más afectadas. En Oaxaca se tiene un registro que de 9 de los 14 casos de desplazamiento forzado masivo se suscitaron en comunidades indígenas, lo que representó el 50 por ciento de las víctimas. En Chiapas la situación es más grave porque 25 de los 26 casos de desplazamiento forzado interno registrados expulsaron a habitantes de comunidades indígenas que representan el 99 por ciento de la población desplazada. En gran medida son expulsiones provocadas por paramilitares o grupos del crimen organizado que hacen el trabajo sucio de las autoridades municipales.
La región 3 la conforman los estados de Michoacán y Guerrero que están dentro de la sierra madre del sur y la costa del pacífico. En las dos entidades comparten historias de resistencia de los pueblos indígenas que defienden sus territorios en medio de una geografía inhóspita. En estos territorios la disputa territorial es encarnizada por los intereses caciquiles que están enquistados en regiones donde hay riqueza forestal y mineral. La ausencia de las instituciones del estado ha permitido que los grupos políticos actúen impunemente y que grupos policiacos y el mismo ejército se coluden con los jefes de las plazas para que florezcan los giros de la economía criminal. Los desplazamientos en estos estados tienen una misma matriz; la violencia generada por grupos armados organizados, que están en disputa permanente por el control territorial. Lo que predominan son los enfrentamientos e incursiones armadas en comunidades rurales que causan no solo daños materiales sino pérdidas de vidas humanas, desapariciones y desplazamientos forzados masivos. De acuerdo con el registro hemerográfico se tiene un número aproximado de 37 mil 763 personas que han sido afectadas en 52 episodios de desplazamiento masivo en al menos 24 municipios de estos dos estados.
De acuerdo con los datos hemerográficos y en el período de 2016 al 2021, sobre Guerrero hay un reporte de 17 municipios afectados con 41 episodios que suman 22 mil 890 personas. Las regiones que sobresalen son la Montaña baja y alta y todo el macizo de la sierra del sur, donde ha y mayor incidencia en cuanto a los sembradíos de amapola. La siembra y el trasiego ha causado graves daños al interior de las comunidades. Hay divisiones internas, grupos del crimen organizado que han impuesto su ley, asesinatos contra autoridades comunitarias y líderes agrarios, desapariciones, destrucción y quema de viviendas, robo de ganado y expulsión de las familias. Se atenta contra la vida de las niñas y niños y se atenta contra la integridad física de las mujeres sobre todo jóvenes. En san Miguel Totolapa entre 2017 y 2018 se registraron al menos 4 oleadas de desplazamiento provocadas por enfrentamientos con grupos delincuenciales como la Familia Michoacana y los Tequileros. En el municipio de Leonardo Bravo se registraron 7 casos graves de desplazamiento también en 2017 y 2018. La violencia se da por disputas entre grupos antagónicos del crimen organizado que se han atrincherado para mantener el control de su territorio. Han proliferado las irrupciones armadas y las balaceras con el fin expreso de expulsar a la población. Hay varios casos de personas asesinadas, desaparecidas y desplazadas. Varias familias están fuera del estado y algunas personas optaron por cruzar la frontera nacional. La situación se ha recrudecido ante la inacción de las autoridades y la indolencia de las autoridades. La misma policía del estado no garantiza confianza por sus migas que tiene con los grupos del crimen organizado. Son las mismas familias desplazadas las que han puesto en riesgo su seguridad las que han denunciado esta violencia de las bandas criminales que han impuesto su ley y que han impedido el retorno de las familias desplazadas a sus comunidades.
Lo más grave es que las instituciones no están para apoyar a las familias que huyen de sus hogares. Son las madres de familia las que tienen que salir al frente ante la salida del estado de sus esposos que son a quienes buscan para ajustar cuentas o para obligarlos a enrolarse a su grupo. Las niñas y niños viven en total desamparo, sin posibilidades de que estén seguros y tranquilos, porque tienen que adaptarse a condiciones adversas y con serias limitaciones en su alimentación, educación y salud. En el estado hay una ley especial, la número 487, para prevenir y atender el desplazamiento interno en el estado de Guerrero, sin embargo, las autoridades responsables no la conocen y mucho menos la aplican. Han sido las familias desplazadas las que han tomado las oficinas y las avenidas para exigir ser atendidas y sobre todo que se haga realidad el fondo especial que debe destinarse a proporcionar apoyo a sus necesidades básicas. En los primeros meses del 2022 tuvieron que plantarse más de 40 familias enfrente de la Secretaría de Gobernación para que las recibiera el subsecretario Alejandro Encinas. Hasta la fecha no han sido atendidas sus demandas básicas. Les han negado el derecho de ser reconocidas como víctimas de desplazamiento forzado.
La situación de los defensores y defensoras de derechos humanos y de los periodistas es grave. Más de diez periodistas se encuentran desplazados por los inminentes riesgos de sufrir una acción letal. Se han consumado varios asesinatos en las ciudades donde la violencia se ha recrudecido como en Iguala, Chilpancingo, Chilapa, Zihuatanejo y Acapulco. Así como no hay condiciones para ejercer el periodismo con seguridad y libertad, ser defensor o defensora en Guerrero implica muchos riesgos por los casos que se acompañan. Es ilustrativo y preocupante el caso de los compañeros y compañeras del Centro de derechos humanos Morelos de Chilapa, que han tenido que replegarse ante las amenazas persistentes de sufrir algún atentado por acompañar a las familias desplazadas.
Es un panorama sombrío el que se vive en el estado de Guerrero, no solo por la violencia que se ha expandido en las 7 regiones del estado, sino por el maridaje que se ha fortalecido entre grupos del crimen organizado con agentes del estado. El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa es un claro ejemplo de cómo se han coludido los militares, las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno y de los municipios circunvecinos para proteger intereses macro delincuenciales. Son capaces de desaparecer, asesinar, desplazar y causar terror en la población para mantener la estructura de un estado criminal. Las familias desplazadas esperan que la Relatora Cecilia Jimenez, además de escucharlas salga en defensa de sus derechos y emplace a las autoridades de los tres niveles de gobierno a implementar una ley acorde a la realidad nacional y a implementar políticas públicas que prevengan los desplazamientos forzados y atiendan con eficacia a quienes sufren este flagelo.
Fotografía: Lenin Ocampo