La presente publicación se realiza en un contexto donde la problemática de la desaparición forzada ha alcanzado niveles inimaginables y ha ubicado a México como uno de los países “en situación de paz” con mayores cifras de personas desaparecidas. En la última actualización que realizó antes de su cierre el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) el 30 de abril, se reportó un total de 37 mil 435 personas no localizadas, 1170 ante el fuero federal y 36 mil 265 en los fueros locales. Tan sólo en el Estado de Guerrero se identifican 325 casos denunciados a nivel federal mientras que en el fuero local se ubica con 1482, en sintonía con otras regiones del país en donde rebasan los 2 mil o 3 mil casos denunciados.
Años atrás y luego de que saltara a la luz pública la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre del 2014, en México, surgió una indignación colectiva que reavivó la exigencia de miles de personas que también habían sufrido la desaparición forzada de algún familiar y que se enfrentaban a la indolencia de las autoridades. Por ello, los colectivos y familiares exigieron que se les diera voz en las investigaciones y que se terminara con las malas prácticas que impedían dar con el paradero de sus familiares. Esto impulsó el inicio de un proceso de discusión de una nueva ley sobre desaparición forzada que atendiera sus exigencias.
Este proceso transcurrió por varios años y fueron los familiares de las víctimas de desaparición forzada, quienes impulsaron un cambio radical en la forma en que se investigaban este tipo de delitos. El 17 de noviembre del 2017, luego de un gran proceso de discusión en la cámara de senadores y en la de diputados, la ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas fue publicada con la gran mayoría de contenido que impulsó el movimiento de familiares. Ese día fue de gran júbilo para los familiares que contra todo lucharon porque su voz quedara plasmada en una ley y que la misma fuera tomada en cuenta en las investigaciones. Su lucha ha continuado con el proceso de implementación de la ley, en el que se han convertido en los principales observadores, a fin de que la ley no se convierta en letra muerta sino que trascienda en la práctica.
En el contexto convulso que marcaba las últimas discusiones de la Ley, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, el 8 y 9 de agosto del 2017 en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, organizó el foro: “Contra el dolor y el miedo: Un grito de esperanza”. Este espacio buscó ser un aporte a la discusión que se daba en el momento y conjuntar no sólo a expertas y expertos nacionales e internacionales en la materia, sino también a colectivos y familiares de personas desaparecidas, con el objetivo de realizar una reflexión colectiva respecto esta problemática. Con esta publicación buscamos poder compartir la reflexión alcanzada sobre las áreas de oportunidad, avances y retos que giraron alrededor de la construcción de esta Ley y que permanecen vigentes en su implementación.
En el espacio convergieron diversos colectivos de familiares como: Voces Unidas por la Vida (Sinaloa), Las Rastreadoras (Los Mochis, Sinaloa), Desaparecidos Justicia (Querétaro), Brigada Nacional de Búsqueda, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos del Estado de Michoacán (COFADDEM), Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUNDEM), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa (Guerrero), así como colectivos y familiares de personas desaparecidas de Acapulco, Chilapa, Chilpancingo e Iguala. Esta fue la primera ocasión en nuestro estado que diversos movimientos y colectivos de distintas partes del país se unieron y constataron las realidades que les aquejan en sus estados, así como las dificultades que han presentado en la búsqueda de sus familiares ante autoridades indiferentes que no investigan. Las diferencias entre la realidad de las regiones se hicieron notar, entre los colectivos del norte del país en donde figuraba su experiencia en las búsquedas en terreno y sus redes de apoyo, pero con un riesgo latente ante el crimen organizado. Los colectivos del centro por su parte crearon redes de apoyo que fortalecieron su lucha ante los diferentes poderes de gobierno. Mientras que los colectivos y movimientos de la región sur, además de las amenazan del crimen organizado, así como la corrupción de las autoridades, la inseguridad que campea en todo el estado y las condiciones de pobreza extrema y exclusión social que arrastran por siglos los pueblos indígenas, la brecha de la desigualdad es abismal. Las madres de los desaparecidos no solo enfrentan el flagelo de la discriminación sino la amenaza permanente del hambre y la sombra de la muerte. Son familias enteras donde madres solteras, hermanos, hermanas, abuelas y abuelos comparten en su soledad esta tragedia.
Ante esta diversidad y complejidades que enfrentan en sus estados y regiones, las y los familiares de personas desaparecidas generosamente compartieron sus experiencias en un ambiente de respeto y sobre todo de solidaridad con el dolor y el miedo. Afloraron los sentimientos más profundos, la intimidad más sagrada y el valor admirable de madres, hermanas y compañeras de lucha que son un ejemplo de tenacidad, una inspiración y admiración por su entrega total a la causa de la justicia y la verdad. Este borbollón de dolor y esperanza encontró eco y luz con la participación de expertos y expertas sumamente comprometidos con estas luchas en diferentes países de América. La presencia de organizaciones hermanas fortalecieron nuestros lazos y nos ayudaron a mirar con mayor nitidez el gran desafío de lo que significa acompañar a quienes en todo momento están dispuestas a pelear por la vida. Las reflexiones que se dieron en las mesas ayudaron a descubrir los diferentes caminos por los que avanzan los colectivos de los familiares para hacer más fuerte su grito de esperanza.
En este foro contamos con la valiosa participación de Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Jan Jarab representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Blanca Martínez, directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Humberto Guerrero del Centro de Análisis e Investigación “Fundar”, Alejandra Nuño, ex colaboradora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Luis Tapia Olivares, coordinador del área de defensa del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Miguel Álvarez y Dolores Sarabia de Servicio y Asesoría para la Paz “SERAPAZ”. El consultor forense Miguel Nieva, así como dos ex miembros de mecanismos especiales de naciones unidas como Santiago Corcuera, exmiembro presidente del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas y Ariel Dulitzky, ex miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.