Niñas y adolescentes madres en la Montaña

La Educación Integral en Sexualidad (EIS) es un derecho negado a los niños, niñas y adolescentes indígenas de la Montaña. En la región poco se habla de este tema y su conocimiento es reducido y muy vago, en muchas ocasiones se mal informa a los menores por los tabús y prejuicios que existen entre las personas mayores. En las mismas instituciones educativas hay serias limitaciones en cuanto al conocimiento y manejo apropiado de la información y el diseño de prácticas pedagógicas enfocadas a la salud reproductiva y la sexualidad.

La UNESCO recomienda que los gobiernos ´proporcionen a los niños, niñas y adolescentes (NNA) un acceso equitativo a la educación integral en sexualidad acorde a su edad y a su cultura, para obtener el más alto nivel posible de salud, incluyendo elecciones sexuales seguras, responsables y respetuosas, libres de coerción y violencia, así como garantizar su derecho a tener acceso a la información preferentemente traducida en lenguas maternas, para un autocuidado eficaz.

En el 2022 el Consejo Nacional de Planeación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) publicó un estudio “El embarazo en la adolescencia y el acceso a educación y servicios de salud sexual y reproductiva” en el que documentó que las y los adolescentes desconocían la posibilidad de acceder a métodos anticonceptivos y tuvieron nulo acercamiento a los servicios de salud sexual y reproductiva (SSR). El poco conocimiento de los métodos anticonceptivos deriva en un bajo uso, lo que se refleja en jóvenes adolescentes que declaran, entre las principales razones de un embarazo, el desconocimiento, la falta de acceso a los anticonceptivos o el descuido. Los resultados mostraron que la escuela representa el principal medio de difusión sobre SSR, de ahí la importancia de la educación sexual en las aulas y la coordinación con los servicios de salud dirigidos a adolescentes para fomentar una mejor educación en estos temas.

El contexto demográfico y socioeconómico complejiza la problemática que de por sí es muy amplia en el país, en cuanto a la implementación de la Educación Integral en Sexualidad (EIS). Entidades como nuestro estado que cuenta con altos niveles de pobreza, el bajo nivel educativo y la falta de acceso a servicios de salud están estrechamente relacionados con problemáticas de salud sexual y reproductiva.

Es importante socializar la definición que la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene sobre la salud sexual: “que es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad y no solamente es la ausencia de enfermedad, disfunción o malestar. La salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuosos de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Para que todas las personas alcancen y mantengan una buena salud sexual, se deben respetar, proteger y satisfacer sus derechos sexuales.”

La salud reproductiva la define también como “un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y para la planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos para la regulación de la fecundidad que no están legalmente prohibidos. Tener acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, asegurar el derecho a recibir servicios adecuados en cuanto a la atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y que den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos.”

Desde la perspectiva de los derechos humanos la salud sexual y reproductiva se entiende como el derecho fundamental de todas las personas a disfrutar de una vida sexual satisfactoria y segura, así como a tener la capacidad de decidir libremente sobre cuestiones relacionadas con su sexualidad y su capacidad reproductiva sin discriminación ni coerción.

De acuerdo con el censo de población y vivienda 2020 del INEGI, en México la población de 0 a 19 años representó el 34.0 por ciento de la población del país, lo que equivale a poco más de 42.7 millones de niños, niñas y adolescentes (NNA). El 5.8 por ciento de NNA habitan en municipios de alto y muy alto rezago social, principalmente en municipios de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz.

La salud sexual y reproductiva en NNA es un derecho humano que presenta diversos retos y problemáticas, principalmente los embarazos no planeados, que es un fenómeno que deriva en complicaciones en el mismo embarazo y en el parto. Un estudio del CONEVAL muestra que el embarazo adolescente es un problema público que no ha logrado contenerse en los últimos años y que tiene un componente importante de género por la situación de pobreza, al presentarse en forma mayoritaria en este sector que pone en riesgo su vida misma. La evidencia señala que las y los adolescentes desconocen la posibilidad de acceder a métodos anticonceptivos y tienen escaso acercamiento a los servicios de salud sexual y reproductiva.

Adicionalmente el embarazo de NNA está asociado con complicaciones de salud como hipertensión gestacional, preeclampsia y diabetes gestacional. El embarazo infantil y adolescente no solo es un período de riesgo para la salud de madres e hijos/as, también presenta efectos negativos de tipo psicosocial como el cambio de proyecto de vida, problemáticas en el ambiente familiar y social, así como deserción escolar y pérdida de oportunidades laborales. Las adolescentes al no encontrarse preparadas para la maternidad experimentan depresión, ansiedad y otros sentimientos y emociones negativas.

El aborto en condiciones no seguras es una de las consecuencias del embarazo adolescente. Hay estimaciones que poco más de la mitad de los embarazos no deseados, 55 por ciento, entre las adolescentes de 15 y 19 años, en los países pobres terminan en abortos, que con frecuencia son realizados en condiciones insalubres o en la clandestinidad. Las adolescentes de 10 a 14 años son especialmente vulnerables debido a su inmadurez física, emocional, psicológica y el grave problema de la desnutrición que padecen la mayoría de adolescentes indígenas. Estas vulnerabilidades ocasionan partos prematuros, con un mayor riesgo de mortalidades materna y neonatal, así como mayor probabilidad de preeclampsia y eclampsia.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) en México la Tasa Especifica de Fecundidad Adolescente (TEFA) se ubicó en 45.2 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años. En ese mismo año nuestro estado aparece con la TEFA más alta con el 82.1, seguido por Chiapas (78.6) y Zacatecas con 74.4. Es un escenario complejo y muy desafiante para el país, pero sobre todo para las autoridades de Guerrero, asumir en su justa dimensión estos retos, ante todo deben de implementar una estrategia integral que aborde tanto las causas directas de la fecundidad adolescente como los factores socioeconómicos, culturales y raciales que contribuyen. Es impostergable instrumentar una política pública coherente y sostenida que se comprometa con la reducción de la TEFA, tomando en cuenta los contextos regionales y las realidades locales, garantizando que los recursos económicos estén disponibles y se utilicen de manera efectiva.

El embarazo de las NNA es multicausal, sobresalen la falta de una educación sexual integral, el bajo nivel educativo y la falta de preparación de los docentes. En la Montaña la situación es muy deplorable porque ni siquiera hay centros educativos, tampoco personal docente que tenga formación intercultural y bilingüe, mucho menos con perspectiva en educación sexual y reproductiva. Esta discriminación secular ha sido la causante que las NNA no estudien, se les trunque la oportunidad de desarrollarse profesionalmente y encontrar nuevos horizontes en la vida, más allá de los matrimonios tempranos. Ante este abandono las niñas y niños están condenados a vivir en el analfabetismo, a no ejercer su sexualidad de manera segura y satisfactoria y a tener información adecuada para decidir libremente cuándo casarse, con quién casarse y cuántos hijos tener.

Lo más grave que enfrentan las niñas y niños de la Montaña son los matrimonios forzados que se han arraigado en los municipios más pobres de la región y del país. Las consecuencias son devastadoras ya que la violencia sexual conlleva violencia de los suegros, los maridos que se profundiza con la complicidad de las autoridades municipales que protegen a los violadores y obligan a las mujeres a soportar estos agravios y a sufrir estoicamente sus arrebatos de violencia que desembocan en feminicidios, que en los últimos años se han incrementado en la región. Los asesinatos de mujeres son parte de los crímenes más comunes que se consuman tanto en las comunidades más recónditas como en las cabeceras municipales. Tlapa es un trágico ejemplo: en las últimas 3 semanas se han consumado 4 feminicidios. El más reciente sucedió el viernes pasado a un costado de la tienda Elektra, en pleno centro de la ciudad.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (CONAVIM) dependiente de la Secretaría de Gobernación, emitió la declaratoria de alerta de violencia de género por agravio comparado en el 2020, en la que demanda a las autoridades del estado las garantías para que las mujeres accedan a la interrupción del embarazo en casos de violencia. A pesar de que ya se han emitido dos alertas, la situación de Guerrero es deplorable, porque las niñas siguen padeciendo la violencia impuesta por sus padres y sus maridos. Ninguna autoridad se compromete a acompañarlas en las comunidades donde son víctimas de matrimonios forzados o padecen la violencia de los hombres. Todo ha quedado en eventos suntuosos que para nada toman en cuenta el sentir de las víctimas y mucho menos asumen la defensa efectiva de sus casos. Las acciones se reducen a firmar convenios con los presidentes municipales y a dar pláticas a los funcionarios municipales. Mientras tanto las niñas madres se ven obligadas a abortar en la clandestinidad o a dejar a sus bebes abandonados en las calles, como sucedió este fin de semana en Tlapa.