Abel Jesús Barrera Hernández
El asedio a los territorios ancestrales de los pueblos indígenas por parte de grupos caciquiles, empresas trasnacionales y crimen organizado, incrementó la violencia con la complacencia de los gobiernos neoliberales, que dieron la espalda a los postulados de la reforma de 1917. La traición se consumó cuando se dio preminencia a los derechos adquiridos por los inversionistas, pisoteando los derechos históricos de los pueblos indígenas. Las disputas por el agua, el bosque y las minas, se dirime con las armas en la mano. Con la irrupción violenta de organizaciones criminales, especializadas en causar terror entre la población indígena, que no tiene otra alternativa que resistir o dejar sus casas y terrenos. Las autoridades y líderes comunitarios que enfrentan los embates de los invasores, son desaparecidos y asesinados.
Los 68 pueblos indígenas que se reconocen en nuestro país ejercen su autonomía de facto. Se han organizado para defender sus territorios y regirse bajo sus sistemas normativos; aplican la justicia comunitaria y nombran a sus policías, como los principales guardianes de los derechos del pueblo. Sus líderes y autoridades, son los sabios y sabias de la comunidad, que ejercen el poder como servicio, sin embargo, para los gobernantes son retrógradas por oponerse a los mega proyectos extractivistas. Las grandes inversiones económicas en los territorios sagrados tienen como saldo, derramamiento de sangre, desplazamientos forzados, desapariciones y encarcelamientos.
Con el fin de prevenir y atender los actos de criminalización, violencia e impunidad que enfrentan los pueblos indígenas, la ex Relatora Especial de las Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, lanzó la iniciativa global para abordar y prevenir la criminalización e impunidad contra los pueblos indígenas de Colombia, México, Brasil, Filipinas, India, República Democrática del Congo y Kenia. En nuestro país hemos conformado un grupo núcleo de organizaciones de la sociedad civil, pueblos y comunidades indígenas, como parte de esta iniciativa, para monitorear la situación de riesgo y amenazas que enfrentan los pueblos y sus autoridades, así como brindar una mejor protección y acceso a la justicia para las víctimas.
En este primer semestre hemos documentado asesinatos de personas indígenas como represalia a sus luchas por la defensa de sus derechos en Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Sonora. En el municipio de Aldama, Chiapas, en la región de los Altos, se libra una disputa territorial que nos remite a 1970, entre los ejidos colindantes de Manuel Utrilla en Chenalhó y Aldama, por 60 hectáreas. Las comunidades Tzotziles han reportado que son víctimas del asedio, por parte de grupos armados, que ponen en riesgo sus vidas. Han denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la existencia de estos grupos, que de manera permanente mantienen amenazadas a las comunidades, disparando con armas de fuego contra la población civil. Tan solo en el 2020, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas documentó, en un período de 17 días, 56 agresiones armadas contra 12 comunidades de Aldama. Se han reportado 3 mil 499 personas en desplazamiento forzado intermitente, 23 heridos de bala y 7 personas asesinadas.
En Oaxaca, el pasado 28 de marzo, fue asesinado a balazos Jaime Jiménez Ruiz, ex agente municipal de la comunidad Paso de la Reyna, quien fue parte del movimiento por la defensa del Río Verde. También fue atacado a balazos el 23 de enero Fidel Heras Cruz, presidente del comisariado ejidal y defensor del territorio. El 14 y 15 de marzo, fueron abatidos los ciudadanos Raymundo Robles Riaño, suplente del agente municipal, Noé Robles Cruz, y Gerardo Mendoza Reyes, de la misma comunidad. Paso de la Reyna es una comunidad indígena de 500 habitantes, que por oponerse a la construcción de la hidroeléctrica han perdido la vida 5 personas en tres meses.
En Zitácuaro, Michoacán cinco comunidades purépechas se organizaron para contener el avance del crimen organizado. Este desafío ha costado sangre: María Eufemia Reyes Esquivel fue asesinada el 4 de diciembre de 2020. El 17 de enero de 2021 Vicente Guzmán Reyes, Ambrosio Guzmán Reyes y José Luis Chávez Mondragón fueron asesinados en medio de sus tareas, como parte de la ronda comunitaria, sin que las autoridades hayan realizado las diligencias en el lugar de los hechos, ni expedido las actas de defunción. Ante este escenario infame, se suma el asesinato de Manuel Carmona Esquivel, consumado el 17 de febrero. Es una violencia ejercida por el crimen organizado, en complicidad con autoridades estatales, que ven en la organización comunitaria el gran obstáculo para incursionar en sus territorios.
En el sur de Sonora, en el territorio Yaqui, el 27 de mayo fue desaparecido su vocero Tomás Rojo Valencia. A casi un mes, la fiscalía general de justicia del estado de Sonora notificó en un comunicado que habían encontrado su cuerpo sin vida. Además, de este terrible crimen se suma el asesinato de Luis Urbano Domínguez el 12 de junio, y de más de 20 personas del pueblo Yaqui desaparecidas. A pesar de ser un referente histórico en las luchas emblemáticas de los pueblos indígenas de México, la justicia en la Tribu Yaqui aun no ve despuntar el amanecer de la justicia.
Es preocupante la inacción del Estado, ante la falta de resultados en las investigaciones y el clima de violencia e impunidad que persiste en un territorio sagrado, donde la disputa por el agua ha hecho correr la sangre de sus líderes.
Las consecuencias de esta violencia trastocan el proceso de reconstitución del pueblo Yaqui y ponen en riesgo la paz en la región. La reivindicación de sus derechos implica que el gobierno federal esté decidido a desmontar la estructura delincuencial que se ha enquistado dentro de los grupos económicos y políticos, en aras de hacer del agua un negocio.
El Estado tiene la obligación de acompañar a los pueblos con las medidas de seguridad necesarias y culturalmente adecuada para proteger la vida e integridad personal de las comunidades en riesgo, así como prevenir amenazas, hostigamientos, intimidaciones o cualquier tipo de actos de violencia en su contra.
El afán de justicia de los pueblos indígenas es un imperativo comunitario, que emplaza al gobierno federal para realizar una transformación de fondo de las estructuras políticas, jurídicas y económicas que sojuzgan a los pueblos y les impide ejercer sus derechos a plenitud. Sin este compromiso explícito, la violencia campeara en los territorios comunitarios. El luto seguirá marcando su derrotero histórico, y los sueños de justicia quedaran truncos, por el asesinato de sus autoridades y líderes comunitarios que no debieron morir. Hay una alta responsabilidad de los tres niveles de gobierno para garantizar la vida comunitaria y la protección de los territorios indígenas, quienes además de preservar nuestros yacimientos naturales y culturales, son el motor de una trasformación profunda.
Publicado en el diario La Jornada