NOTA | Desaparecer poderes y que no haya elecciones, demandan los padres de los 43 normalistas

Van a la Cámara de Senadores donde entregan un documento en el que exigen además que se investigue a Ángel Aguirre, al Ejército y la Policía Federal

*Son una bola de hipócritas e insensibles”, dicen a los legisladores en la reunión y se retiran antes de que éstos hablen

*Ahora qué cártel nos van a presentar para que votemos por él”, dijo Vidulfo Rosales para argumentar su oposición a que haya comicios

Exigen padres al Senado la desaparición de poderes y que no haya elecciones en el estado

*En el documento entregado a senadores también demandan investigar a Aguirre y ampliar las pesquisas al Ejército y a la Policía Federal

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Padres de los 42 alumnos de la normal rural de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos por policías municipales y el comité directivo estudiantil, pidieron al Senado de la República que declare la desaparición de poderes en Guerrero y la suspensión de las elecciones locales y federales del próximo año, porque no hay condiciones para la realización de los comicios.

Asimismo, solicitaron que emita un exhorto para que la Procuraduría General de la República (PGR) abra nuevas líneas de investigación hacia el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, para el Ejército Mexicano y la Policía Federal por los ataques del 26 de septiembre en Iguala, donde fueron asesinados cuatro estudiantes y desaparecieron a 43.

Hasta el sábado eran 43 los desaparecidos y tres asesinados, pero un laboratorio de Austria informó el viernes que entre los restos enviados para análisis por la PGR habría rastros de Alexander Mora Venancio, una de las víctimas de desaparición forzada.

A través de un escrito que entregaron en la ciudad de México, los solicitantes argumentaron que el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial fueron omisos para prevenir o evitar los hechos perpetrados la noche del 26 y 27 de septiembre, y desde esa fecha los poderes en Guerrero no funcionan con normalidad.

Asimismo, informaron que desde el 26 de septiembre, 50 de los 81 municipios se encuentra tomados por diversas organizaciones que exigen la presentación con vida de los estudiantes.

Tras un detallado informe de los hechos de violencia y la situación en Guerrero, exigieron la presentación con vida de los 42 estudiantes desaparecidos, justicia para los cuatro estudiantes asesinados (uno desollado) y atención médica a los lesionados; el más grave se encuentra en estado vegetal.

Ante la falta de respuesta del Ejecutivo federal, pidieron al Senado que ratifique de inmediato la competencia del Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que el órgano internacional conozca los casos individuales por estos delitos en el país, conforme a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, que ya firmó México.

Destacaron que a 77 días de la tragedia de Iguala, las investigaciones y las distintas mesas de diálogo del gobierno con los familiares y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos, son insuficientes e infructuosas.

Cuestionaron que la PGR sólo maneja la hipótesis del basurero de Cocula, que establece que los policías municipales de Iguala y de Cocula entregaron a sicarios del grpo delictivo Guerrero Unidos a un gran número de estudiantes para asesinarlos y quemarlos hasta las cenizas, sin atender otros elementos de prueba que implican al ex gobernador Angel Aguirre, que supo de los ataques a balazos desde la primera agresión, así como a los militares y la Policía Federal que están  destacamentados en Iguala.

También denunciaron la insensibilidad de funcionarios federales en el caso, “que amenazan la continuidad y eficacia de las investigaciones”, y consideraron “inadmisible” que el Congreso de la Unión no haya hecho un pronunciado fuerte por el caso Ayotzinapa, contrario al apoyo nacional e internacional que han recibido los padres y los estudiantes de ciudadanos, organizaciones y organismos de derechos humanos.

Consideraron que el Congreso ha sido “un espectador de la crisis, emitiendo pronunciamientos débiles, tratando de tramitar propuestas sin rumbo y sin voluntad de ejercer un control real sobre las decisiones del Ejecutivo, que no han dejado satisfecho al movimiento ni a los sectores de la sociedad que se han solidarizado con Ayotzinapa”.

Rechazaron que el Congreso se limite a atender y tramitar las iniciativas presidenciales emanadas del decálogo del presidente Enrique Peña Nieto, que fue construido lejos de la sociedad, ignorando las propuestas y acciones que los mismos guerrerenses están realizando de frente a los problemas de seguridad pública, desarrollo social y educación, como es el caso de la instalación de consejos ciudadanos y agrarios en diversos municipios del estado.