NOTA INFORMATIVA | Amenazan de muerte al líder mixteco cuando salió de la cárcel, denuncian

El director jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, informó por su parte en la misma conferencia de prensa que Maximino García Catarino fue puesto en libertad “absoluta e incondicional”, debido a que los magistrados de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia consideraron que hubo inconsistencias en la integración de la averiguación previa y que el juez Inocente Ortuño Magallón no valoró las pruebas que evidencian la inocencia del dirigente indígena.

A las 12 del día de ayer, el dirigente indígena García Catarino, acompañado por el abogado Rosales Sierra, así como por Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional para México; el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, Gregorio Fidel García, comisario de la comunidad de Juquila, –de donde es originario Maximino– y Silvestre García Catarino, miembro de la OFPM, ofrecieron una conferencia de prensa en la que el abogado Rosales Sierra manifestó que con la resolución a favor de García Catarino se evidencia y se comprueba que en Guerrero se violenta de manera sistemática los derechos de los defensores de derechos humanos.

Dijo que con encarcelamientos como el del integrante de la OFPM, “quieren acallar la voz de los defensores indígenas, con el mismo patrón de criminalización, mediante juicios que se construyen con testigos y acusaciones falsas”.

Ante esta situación demandó al gobierno del estado que cesen estos actos de persecución y que el gobierno estatal se desista de la acción penal a favor de otros cinco indígenas de la comunidad de Juquila, que cuentan con órdenes de aprehensión por la misma causa penal con la que se juzgó a Maximino García.

Los otros cinco indígenas que cuentan con órdenes de aprehensión por el mismo presunto delito y la misma causa penal por la que fue preso Maximino García son los hermanos Álvaro y Marcelino Ramírez Concepción, así como Ambrosio y Jorge Luis García Catarino, así como Audencio Ramírez Concepción.

Incluso, con el fin de detenerlos, el 12 de febrero pasado agentes de la Policía Investigadora Ministerial irrumpieron en la comunidad de Juquila, y detuvieron por algunas horas al comisario Gregorio Fidel García, a quien le preguntaron que donde podían encontrarlos, según denunció el abogado Rosales Sierra.

El abogado insistió que se trata del mismo patrón que se está siguiendo para criminalizar a los defensores indígenas que están demandando el desarrollo de sus comunidades. Y citó los casos de Raúl Hernández Abundio, Álvaro Ramírez Concepción y el propio Maximino García.

Agregó que independientemente de las acusaciones penales que les formula el gobierno del estado, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), los dirigentes indígenas vienen recibiendo amenazas de muerte por parte de los grupos de paramilitares y caciques de ese municipio, como la que recibió Maximino, inmediatamente después de que salió de la cárcel. Sin embargo dijo que estas no se investigan a pesar de que se han presentado las denuncias correspondientes.

A pesar de ello Rosales Sierra informó que el caso de las amenazas que recibió Maximino será denunciado ante las autoridades correspondientes, para que quede constancia.

Por su parte, Maximino, se dijo inocente del homicidio de Juan Teodoro García, motivo por el cual fue detenido. Insistió que su detención es parte de la persecución que han venido sufriendo por las autoridades para que no sigan pidiendo agua potable y luz eléctrica para su pueblo.

El indígena demandó que ya no sigan persiguiendo a sus otros cinco compañeros que son acusados por el mismo homicidio de Juan Teodoro García, “porque somos inocentes, nosotros no teníamos por qué matar a ese señor, nos llevábamos bien”, aseguró.

A su vez el integrante de la OFPM, Silvestre García Catarino, dijo que el encarcelamiento que sufrió su hermano es parte de la persecución que vienen sufriendo por parte del Gobierno desde la masacre de El Charco, por lo que también demandó al gobierno que se termine con esa persecución en su contra, “nosotros lo único que queremos es agua y luz para Juquila”, dijo.

A su vez, el Investigador de Amnistía Internacional para México, Rupert Knox, dijo que en esta nueva visita que hizo el martes a Ayutla, confirmó que además de la persecución y la inseguridad en que viven los indígenas, también padecen la criminalización desde el Estado, mediante cargos y testigos falsos, y que por eso para Amnistía Internacional esta situación es una prioridad.

Y añadió que con la salida de la cárcel de Maximino, Amnistía Internacional pide que se cancelen las otras cinco órdenes de aprehensión que existen contra otros 5 indígenas.

“Es evidente que en estos casos las autoridades encargadas de impartir justicia no están cumpliendo con su función y están actuando con negligencia, pues no ha logrado mejorar el sistema de justicia”, dijo.

El investigador de Amnistía Internacional añadió que este patrón de criminalización en contra de los defensores se da porque es evidente que el Gobierno no quiere reivindicar las demandas de los indígenas que son los servicios de educación, vivienda digna, caminos, salud y seguridad pública, pero que en vez de eso desde el gobierno les responden con persecución.