Fecha | Jueves 15 de marzo de 2012
Autor | Organización Editorial Mexicana
México.- Mañana 15 de marzo, el caso de Maximino García Catarino, defensor de los derechos humanos perteneciente al pueblo indígena Na Savi (mixteco), irá a un tribunal de apelación en Guerrero para impugnar la decisión de llevar a Maximino García a juicio por el cargo de asesinato. Al respecto, Amnistía Internacional considera que su detención y su procesamiento pueden ser de motivación política y corre peligro de ser sometido a un juicio injusto.
Maximino García , miembro activo de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), ha apelado contra el auto de formal prisión emitido por el cargo que se le imputa de asesinar a Juan Teodoro García en Ocotlán, estado de Guerrero.
La Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado ee Guerrero resolverá sobre la apelación después del 15 de marzo. Amnistía Internacional insta al tribunal a garantizar que Maximino García recibirá un juicio justo y no será privado de la libertad sobre la base de pruebas falsas.
Maximino García fue detenido el 21 de enero en su casa por agentes de la policía ministerial del estado. Según una ONG local, los policías no mostraron ninguna orden judicial de detención y hasta más tarde no dijeron por qué lo detenían. Fue interrogado sobre otros dirigentes de la OFPM y, al negarse a responder, fue golpeado, señala AI.
Fue trasladado a la prisión local de Ayutla, pero su comparecencia ante un juez se demoró hasta el 23 de enero. El 27 de enero, el juez que presidía la sala, basándose en las declaraciones de los testigos de cargo, emitió el auto de formal prisión para iniciar su procesamiento.
Sin embargo, hizo caso omiso de las pruebas presentadas por la defensa que indicaban que Maximino García no podía haber cometido ese delito. Tampoco tuvo en cuenta las irregularidades y contradicciones en las pruebas aportadas por la acusación, lo que suscita serias dudas sobre la imparcialidad del tribunal. Amnistía Internacional cree que el procesamiento de Maximino García puede ser una represalia por su activismo legítimo en favor de su comunidad.
La organización ha documentado otros casos de activistas indígenas de Ayutla de los Libres que se enfrentan a periodos prolongados de prisión a causa de cargos penales falsos y de la negación de un juicio justo.
Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades federales y estatales a garantizar que Maximino García no será procesado en base a motivaciones políticas y se aseguren que el actuar del tribunal sea imparcial, de otra forma no solo estarían violando su derecho a un juicio justo, sino están fallando a su deber de respetar el trabajo de las y los defensores de derechos humanos.
Asimismo, la organización llama a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre el homicidio de Juan Teodoro García.
Amnistía Internacional continuará dando seguimiento al caso de Maximino García y si no es liberado, podría convertirse en el primer preso de conciencia desde que en 2010 Raúl Hernández fuera liberado. Raúl Hernández es un líder indígena tlapaneco de la misma zona de Guerrero, quien fuera acusado falsamente de asesinato para impedir que continuase en la lucha por los derechos de su pueblo.