NOTA INFORMATIVA | Claman justicia por otra víctima de militares

El Ejército se resiste a dejar el caso. El 28 de diciembre de 2011, la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) presentó un recurso de revisión en contra de la sentencia de amparo. En él argumenta que el caso debe continuar en el fuero castrense, porque no es una violación a los derechos humanos, ya que “en ningún momento el Estado ordenó directamente que se privara de la vida a Bonfilio Rubio”. Para el Ejército —de acuerdo con en el recurso de revisión—, “la violación de los derechos humanos de los civiles se da cuando el Estado realiza una acción tendiente a socavar, transgredir o reprender de manera deliberada a un individuo o grupo de individuos, expresándose en detenciones arbitrarias, muertes, incomunicaciones, detenciones con desaparición, torturas, malos tratos”.

En el caso Bonfilio, señala la PGJM, no se puede aplicar lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 23 de noviembre del 2009. Ese día, en la sentencia que emitió por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, el organismo señaló: “El fuero militar no podrá operar bajo ninguna circunstancia frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles”. El pasajero del asiento 45 Bonfilio nació en Tlatzala, una pequeña comunidad ubicada cerca de Tlapa, Guerrero. Cuando tenía 21 años migró a Estados Unidos. Llegó a Nueva York. Su empleo como ayudante de cocina en un restaurante le permitió enviar dinero a sus padres y a construir una casa en su pueblo.

En diciembre de 2008, Bonfilio regresó a México. Buscó un trabajo fijo en el Distrito Federal, pero no tuvo suerte. Seis meses después decidió regresar a Nueva York. Viajó a su pueblo para despedirse de sus padres y cerrar el trato con el pollero que le cobraría unos miles de pesos por ayudarlo a cruzar la frontera de Estados Unidos. El sábado 20 de junio de 2009, Bonfilio se despidió de sus padres. “Estaba muy contento” —recuerda su hermano José— , a mis padres les dijo que en Nueva York, seguro encontraría trabajo y enviaría dinero para terminar la casa que dejó en obra negra”. A las nueve de la noche, en la terminal de autobuses de Tlapa, Bonfilio abordó el camión de la línea Sur, placas 367-HR7.

Entonces, él creía que llegaría a la ciudad de México. En el crucero donde se unen los caminos que van a Santa Cruz y Huamuxtitlán, el autobús se detuvo en un retén militar. Soldados del 93 Batallón de Infantería pidieron a todos los pasajeros que bajaran del vehículo para una revisión. A Fausto Saavedra, indígena mixteco que viajaba en el autobús, lo detuvieron porque portaba botas del Ejército. Los soldados ordenaron al resto de los pasajeros subir al camión. El chofer del autobús, Alberto Pizano, pidió a los soldados que firmaran en su hoja de registro de pasajeros, para tener una prueba de la detención de Fausto.

En su declaración, incluida en el expediente, los militares señalan que ordenaron al chofer detenerse de nuevo, pero no obedeció. Dicen que arrancó “en forma rápida”, sin importar que a un lado y enfrente había militares. Por eso dispararon al aire y a las llantas del camión. “No arranqué ni rápido ni repentino”, declaró el chofer ante el Ministerio Público. “Unos minutos después que arranqué escuché las detonaciones. Algunos pasajeros gritaban: ‘Párate’; otros: ‘Písale’. Decidí acelerar y seguir. Cuando llegaron a la terminal de autobuses de Huamuxtitlán, a cinco minutos del retén, los pasajeros volvieron a gritar. Se dieron cuenta que Bonfilio, quien viajaba sentado en la última fila, en el asiento número 45, estaba muerto. Una bala del Ejército lo mató. Tenía 30 años. “Para ellos es como matar un chivo” A Bonfilio lo mataron y ninguna autoridad avisó a sus padres ni a sus hermanos.

Un periódico local informó que un hombre, con apellidos Rubio Villegas, murió en un autobús. “La tarde del domingo, un maestro habló a la casa, pensando que yo era el muerto”, recuerda José. Desde ese día, este maestro de primaria visita juzgados y organizaciones de derechos humanos buscando justicia por el asesinato de su hermano. Cuando la familia velaba el cuerpo de Bonfilio, sonó el teléfono. Un comandante del Ejército de Tlapa pidió hablar con José. Le dijo que tenían un apoyo para los funerales. La familia se negó a recibir el dinero. Los militares insistieron. Les ofrecieron 160 mil pesos, como indemnización por la muerte de Bonfilio. —Ni por cien ni por mil pesos o lo que sea nos van a tapar la boca. Para ellos es como si hubieran matado a un chivo: “Lo maté, te lo pago y no digas nada” , dice José. Por el asesinato de Bonfilio se abrió la averiguación 038/2009, en el Ministerio Público del fuero común del Distrito Judicial de Zaragoza, en Huamuxtitlán. Poco después de las 11 de la noche del 20 de junio de 2009, el Ministerio Público realizó una inspección al autobús. En el expediente escribió que sólo encontró la sangre del joven indígena y sus pertenencias.

En el expediente también hay constancia de que a las 3:10 de la madrugada del 21 de junio, se presentó Héctor Pérez, capitán segundo de Infantería, para solicitar al Ministerio Público que realizara una nueva inspección del camión, porque habían encontrado seis paquetes con mariguana. “Bonfilio llevaban un paquete de sal, chile seco y frijol que le había dado mi mamá para que se los llevara a mis hermanos”, explica su hermano José Rubio. Para Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización que asesora a la familia de Bonfilio en su búsqueda de justicia, los resultados de la segunda inspección son “un ejemplo

de cómo, cuando elementos del Ejército cometen una violación de derechos humanos, su reacción es tratar de encubrir lo ocurrido, incluso criminalizar y estigmatizar a las propias víctimas”. “¿Quién dio la orden de disparar?” Durante 2009 y 2010, la familia de Bonfilio envió varios escritos a la Procuraduría de Justicia de Guerrero para saber cómo avanzaba la investigación. En mayo de 2011, les informaron que el juzgado civil declinó su competencia en el caso y el expediente fue enviado, desde el 7 de julio de 2009, al fuero militar. Fue el juez Sexto Militar, adscrito a la Primera Región Militar, quien determinó que la muerte de Bonfilio se investigaría como un homicidio culposo, porque fue consecuencia de “un comportamiento objetivamente negligente o imprudente” por parte del soldado de infantería Valentín Alejo Hilario, a quien se señaló como probable responsable.

“En esta acción hay mandos del Ejército involucrados. ¿Por qué no se investigó a quién dio la orden de disparar?”, pregunta Matilde Pérez, del Monitor Civil de la Policía en la Montaña de Guerrero, otra de las organizaciones que asesora legalmente a los familiares de Bonfilio. De 2007 a la fecha, el Monitor Civil de la Policía en la Montaña de Guerrero, registró 413 casos de violaciones a los derechos humanos. De ellos, 29 fueron cometidos por soldados. Entre ellas están los asesinatos de Bonfilio y de Abraham Sonora. A este último, de 20 años, lo mataron el 24 de octubre de 2010. T

ambién tiene registrada una desaparición forzada; el resto de los casos son allanamiento de morada. El derecho a la vida El 21 de junio de 2011, la familia de Bonfilio solicitó un amparo contra la decisión de enviar el expediente al fuero militar; también demandaron la inconstitucionalidad del Artículo 57 del Código de Justicia Militar. El 2 de diciembre de 2011, el juez resolvió otorgar el amparo a los familiares del indígena nahua. El 28 de diciembre de 2011, la Procuraduría General de Justicia Militar se inconformó con la sentencia de amparo y presentó el recurso de revisión en donde señala que en el caso de Bonfilio, el Ejército no violó derechos humanos. Además, menciona que hasta la fecha “no existe en cierta Ley u ordenamiento legal, algún catálogo que establezca cuáles delitos son considerados como violatorios de derechos humanos”.

La Procuraduría General de Justicia Militar olvida el Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Además, el Artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos precisa que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida… Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. Con el recurso de revisión del amparo que presentó el Ejército —dice el abogado de Tlachinollan, Santiago Aguirre— la Secretaría de la Defensa Nacional “no está dispuesta a tolerar la limitación del fuero militar. Pretende seguir beneficiándose de un fuero que sirve a la impunidad.

Por eso es urgente la reforma al Código de Justicia Militar, como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Rosendo Radilla, Inés y Valentina y los campesinos ecologistas”. Para José Rubio, hermano de Bonfilio, “la justicia sólo llegará cuando el Ejército cambie su forma de actuar. Eso es lo que queremos. Por eso seguimos exigiendo justicia. No queremos que nos vean como personas de tercera clase. Nosotros no tenemos dinero que nos ampare, pero tenemos derechos”