Tlapa, Guerrero, a 09 de octubre de 2020. Pasan los días y las noches sin que las y los indígenas desaparecidos vuelvan a sus casas, al contrario, la violencia delincuencial continúa. Las desapariciones y asesinatos siguen marcando la historia de México. Muchas personas desaparecidas fueron truncadas de sus sueños, unas forman parte de las estadísticas de cuerpos que yacen en las barrancas, en los cerros y fosas clandestinas.
A propósito, el pasado miércoles 7 de octubre del año en curso Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), presentó un informe histórico de 2006 a septiembre de 2020 del Registro Nacional de Fosas Clandestinas donde existen 4 mil fosas y 6 mil 900 cuerpos exhumados en el país. Destacar que Guerrero ocupa uno de los primeros lugares con 383 fosas clandestinas y 563 cuerpos exhumados. Mientras que, con el gobierno actual, durante las labores de búsquedas, han encontrado “mil 257 fosas clandestinas y se han exhumado mil 957 cuerpos en territorio mexicano. En el caso de Guerrero, Acapulco cuenta con 61 fosas y 33 cuerpos exhumados, detalló.
Estas estadísticas muestran una minúscula parte de la radiografía de la violencia que, sin las historias, memorias de las personas ausentes, sólo serían un cúmulo de números en el tiempo.
La región de la Montaña no sólo es permeada por la violencia macrodelincuencial sino, además, la pobreza extrema que sufren las comunidades indígenas por falta de viviendas, salud, educación; el aumento con un registro de siete muertes maternas, seis feminicidios y muertes infantiles en esta región. Una violencia que es invisible, pero que provoca muerte de personas y afecta la vida.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan cuenta con un registro de 32 personas desaparecidas tan solo de 2018 a 2020. Del 2019 a la fecha, la Comisión Nacional de Búsquedas de Personas (CNB), la Fiscalía General del estado de Guerrero, la Comisión Estatal de Personas Desaparecidas, el Colectivo Luciérnaga (integrado por familias de las citadas 32 personas desaparecidas) y Tlachinollan, han realizado aproximadamente cinco búsquedas con resultados alentadores y crueles a la vez para las familias que buscan a sus seres queridos. Fueron 79 hallazgos de restos óseos de personas. Barranca Honda, Colonia Contlaco, Barranca 7 Cueros y Colonia el Ahuaje, Los Tres Postes son lugares donde cayeron las sombras del crimen para enterrar esas 79 historias, en una ocasión se encontró a una familia de cuatro integrantes en una fosa clandestina.
Para comprender la radiografía de la violencia en esta región inhóspita de Guerrero es importante dar el contexto en el que se inscriben las funestas desapariciones y los asesinatos. En un primer momento podríamos citar la violencia endógena en las comunidades, que se expresa por los ajustes de cuentas internas o rencillas personales. El olvido por parte de las autoridades y órganos de procuración justicia para prevenir los delitos, en el marco de múltiples agravios, la gente no le queda más que hacer justicia por propia mano. Este fenómeno de la violencia se da en varias comunidades de la región de la Montaña sean Na Savi, Me’phaa o nahuas. Por ejemplo, el municipio de Copanatoyac, Tlapa, Tlacoapa, Ayutla de los Libres, entre otros, son ilustrativos de la violencia endógena. Las consecuencias se percibían en la desolación de los pueblos, familias desplazadas, con el hambre y sin educación. Digamos que anteriormente esta violencia existía en la región de la Montaña, comenta Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan.
Sin embargo, en una nueva ola de violencia el 11 de diciembre de 2006 (Pereyra: “México: violencia criminal y «guerra contra el narcotráfico», 7 de mayo de 2012: https://bit.ly/34Ge9cX), “una vez que los pactos que tenían con el gobierno priista se disolvieron con el gobierno de transición del PAN, los cárteles de la droga iniciaron una guerra. En los cárteles se dan las escisiones, se generan y se van esparciendo grupos delincuenciales en todo el territorio mexicano. El descontrol es imparable”, en opinión de Vidulfo Rosales. El ex presidente, Felipe Calderón, declara la guerra al narcotráfico, lo que pasaría -sin alguna estrategia militar y sin conocer la capacidad de fuego del enemigo- sería un río de sangre y de lo que Juan Villoro llamaría la realidad esquizofrénica (Paullier: 10 años de la guerra contra el narcotráfico en México: Juan Villoro habla sobre la esquizofrenia del país y por qué “toda bala es una bala perdida”, 11 de diciembre de 2016: https://bbc.in/3dcsjq6). Así empezó todo.
En este marco referencial de la violencia, Guerrero no será la excepción. La guerra entre los grupos de la delincuencia es sin cuartel. Poco a poco empiezan a ingresar a grandes centros de poblaciones de la Montaña. Uno de los primeros municipios azotado por la violencia sería Chilapa, varias de sus comunidades ya sembraban y cultivaban la amapola y la mariguana; una actividad que los campesinos hacían desde hace tiempo, pero aún no había un involucramiento entre los productores y la maquinaria delincuencial.
Para Vidulfo Rosales “los años 2006, 2008 y 2009 empezará a entrar la delincuencia a Chilapa, que colinda con comunidades del municipio de Atlixtac y de Acatepec de la región de la Montaña alta. En estos espacios, por ejemplo, la delincuencia organizada controla la venta y la compra de la amapola. Fue, entonces, que sin querer el campesino se enganchó en esa ola delincuencial, obviamente para estos momentos se va centrando la violencia en estos lugares”.
Rosales Sierra, continúa, parecía que Tlapa por la tradición de lucha, siendo que fue donde nació el magisterio democrático de Guerrero en los años 70 y 80, y movimientos importantes como el de Othón Salazar Ramírez, la lucha de Genaro Vázquez Rojas que se concentró en muchas comunidades de la región. Todas esas ideas de luchas sociales, la lucha por los derechos de los pueblos indígenas como la policía comunitaria que pugna por un cambio social, de mejoras de vida en las familias, esto, por tanto, fue en cierta medida la contención de la violencia, por eso Tlapa y sus comunidades, tarda un poco más en llegar.
Pero los enfrentamientos entre grupos delincuenciales fueron arreciendo en Chilapa. La presencia policial y militar aumentó, así la violencia se dispersó hacía Tlapa. La ruta de trasiego de la droga era Chilapa, Chilpancingo, Iguala, hacia norte del país hasta llegar a Estados Unidos, complicado por las confrontaciones entre grupos delictivos con los asesinato y desapariciones de personas a la luz del día desde 2015 al 2018, en su máximo apogeo. Ante una ruta de trasiego bastante minada y no costeable para la empresa delincuencial, se bifurca una nueva ruta que va a ser Tlapa, Huamuxtitlán, Puebla, Veracruz y de ahí hacía Estados Unidos. Tlapa adquiere importancia como una “plaza” para los grupos delictivos y como consecuencia natural, se agudiza la violencia.
En el año 2010 y 2011 estuvo un jefe de la “plaza” en Tlapa sumamente violento, sanguinario, donde se registraron los primeros asesinatos. Más tarde fue detenido y todo el grupo que operaba fue aniquilado, las cosas se tranquilizaron por un espacio de unos meses.
Después volvió a cobrar vigencia la violencia por otro jefe de “plaza” que no era muy visible, pero mucho más violento porque se empezó a darse un fenómeno que no se había presentado: la desaparición forzada. En el 2017 se registraron muchos asesinatos, secuestros, levantones -como se conocen en argot delictivo- y desapariciones forzadas, se escucha entre dientes de la vox populi en Tlapa.
En Tlachinollan, sobre todo en 2018, empezamos a registrar un repunte de desapariciones forzadas y de secuestro a la orden del día. En 2019 fue el pico, se llegaron a contabilizar más de 70 asesinatos y más de 24 desapariciones. Abundaban los secuestros, de 4 o 5 personas por semana, uno al día.
Recordaremos, dice Vidulfo Rosales, que una vecina, frente a las instalaciones de Tlachinollan, fue privada de su libertad, desaparecida por un grupo armado. Estamos a una cuadra del Ayuntamiento Municipal, donde está la policía preventiva, a otra cuadra la policía ministerial, sin embargo, resulta increíble que un grupo delictivo viniera eso de las 14:00 horas enfrente de la oficina, a plena luz del día. Nadie dijo nada. Eso nos habla de la impunidad que este grupo gozaba y de su connivencia con las autoridades en Tlapa.
La radiografía completa de la violencia se va a tener en el 2019 cuando desaparecen Arnulfo Cerón Soriano. Es cuando la delincuencia se mete con la lucha social, toca a los luchadores sociales y agrede a los defensores de derechos humanos. La desaparición de Arnulfo fue vista como una amenaza a los defensores en la región y en el país. Las organizaciones de derechos humanos siguen condenando este hecho exigiendo justicia y castigo a los culpables.
Nos dimos cuenta cómo operaba la maquinaria de la delincuencia con el Ayuntamiento, con las policías municipales, otros cuerpos de seguridad: un modus operandi para privar de la libertad a las personas, asesinarlas, utilizar máquinas pesadas para cavar fosas clandestinas y enterrar cuerpos a gran profundidad. Muy difícil es la búsqueda de personas. En el caso de Arnulfo Cerón fueron los perpetradores quienes dijeron cuál era el paradero y así se encontró.
Esa es la radiografía de la violencia que se vive en la Montaña, con el caso de Arnulfo se vino a frenar de manera temporal, pero aún continua porque son grupos económicos, grupos de comerciantes, de políticos, policiacos y militares involucrados. Entendemos que es como una empresa criminal, que a muchos actores les reditúa y se ven beneficiados por este tipo de negocio que tiene que ver con el secuestro, la extorsión, el cobro de piso, lavado de dinero, venta de droga, robo de carros. La red criminal sigue intacta y por lo mismo el negocio de la macrocriminalidad continúa. El caso Ayotzinapa, con la desaparición de 43 estudiantes, está ilustrando claramente la red de la macrocriminalidad.
Lo preocupante de todo es que al parecer el gobierno del estado de Guerrero no está interesado en desmantelar las redes criminales, formados por políticos, diputados, regidores, presidentes municipales, etcétera.
Es menester mencionar la coyuntura del caso de Arnulfo Cerón para que las autoridades en Tlapa implementen una serie de medidas de prevención para evitar que de nueva cuenta se reposicione el crimen organizado, no obstante, es complicado si las mismas autoridades locales cuestionan que se defienda a un defensor de derechos humanos, desaparecido y asesinado, pero ese cuestionamiento justifica la continuidad de la violencia por crimen organizado.
El gobierno de la cuarta transformación, además de los programas sociales que está implementando para mejorar la condición económica de las personas, tiene que enfrentar a clases políticas, encarcelar a empresarios, diputados, comerciantes de mucho poder económico. Romper la red criminal y los pactos de silencio, debería ser la apuesta. En otras palabras, se tiene que tocar este modelo económico, hay que llegar al banquero que lava el dinero y al empresario que está metido en actividades ilícitas. De lo contrario, puede existir la voluntad de cambiar el estado de cosas, pero será difícil sin desmantelar a los grupos de la delincuencia. Pensando que la apuesta es que la gente tenga acceso a los satisfactores alimentarios, de vivienda, educación para resolver el tema de la violencia podría ser un desatino, sobre todo, considerando que la violencia es visto como un negocio lucrativo del cual no se puede prescindir tan fácil. Por tanto, el sentido común presupone romper con un modelo económico capitalista porque el lastre de la violencia fluye en sus rutas y así sobrevive. Este gobierno le falta mucho. Si sólo revisamos cuando entró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había aproximadamente 35 mil desaparecidos y a la fecha aumentó a 70 mil desaparecidos. Es alarmante la situación tanto que se cataloga como una crisis de derechos humanos o una crisis humanitaria en México.
El México de las fosas clandestinas
El día miércoles 7 de octubre de 2020, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en la presentación del informe histórico de 2006 al 30 de septiembre del 2020 sobre el Registro Nacional de Fosas Clandestinas, señaló que existe un “total 4 mil 092 fosas en todo el país, con un total de 6 mil 900 cuerpos exhumados. Las entidades con mayor número de fosas clandestinas son: Veracruz, con 504 (12.32% del total nacional); Tamaulipas, con 455 (11.12 por ciento); Guerrero, con 383 fosas (9.36%); Sinaloa, con 354 (8.65%); Zacatecas, con 331 (8.09%). En cuanto a los estados con mayor número de cuerpos exhumados de fosas clandestinas, Jalisco ocupa el primer lugar, con 897; y Sinaloa, en tercer sitio, con 613; seguido de Chihuahua, con 595; y, Guerrero, con 563.” (Transmisión en vivo en la mañanera presidencial: https://youtu.be/a904uDYTLbc)
En el gobierno de la cuarta transformación “se han intensificado las labores de búsqueda”, con un registro de “mil 257 fosas clandestinas (30.7 por ciento del total histórico) y se han exhumado mil 957 cuerpos (28.3 por ciento del 2006 a la fecha); de los exhumados en el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2020 hay 806 cuerpos han sido identificados (41.18 por ciento) y 449 fueron cuerpos entregados a familiares (22.94% del total). Así, los municipios con mayor número de fosas clandestinas, localizadas del 1 de diciembre del 2018 al 30 de septiembre del 2020, se encuentran: Tecomán, Colima, con 96 fosas y 164 cuerpos exhumados; seguido por Úrsulo Galván, en Veracruz, con 75 fosas y 17 cuerpos exhumados. Mientras que en tercer lugar se encuentra Ahome, Sinaloa, con 63 fosas y 100 cuerpos exhumados (5.41% del total nacional); Acapulco, Guerrero, con 61 fosas y 33 cuerpos exhumados; en quinto sitio está Mazatlán, Sinaloa, con 48 fosas y 101 cuerpos exhumados (5.46 por ciento del total del país).” (Ibid: https://youtu.be/a904uDYTLbc)
Además, Encinas Rodríguez informó “que el registro histórico señala que del 2006 a la fecha se han reportado un total de 77 mil 171 personas reportadas como desaparecidas, de las cuales 18 se han acreditado durante los últimos dos años”.