NOTA INFORMATIVA | Jornaleros guerrerenses viven sumidos en la miseria en Guanajuato

Hace unas semanas fue llevada por sus padres a la comunidad de Barretos, en León, desde la comunidad de Metlatónoc, en las montañas de Guerrero.

Con sus padres y otros tres hermanos, la menor dormía en una pequeña vivienda compartida con siete familias indígenas guerrerenses –un total de 31 personas– quienes sufren condiciones insalubres, falta de agua potable y servicios sanitarios, de acuerdo con un reporte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que fue notificada por una organización de la sociedad civil.

Además de la menor fallecida, una prima de ella presentó un cuadro de infección respiratoria, por lo que fue atendida en la Unidad Médica de la comunidad de Nuevo Lindero, en el municipio de León, indicó la Secretaría de Salud.

Más de mil indígenas originarios de las montañas de Guerrero hacen un alto por unos dos meses en los campos de cultivo de Silao, León, Romita, San Francisco del Rincón y Manuel Doblado para la cosecha de chile, cebolla y pepino. Posteriormente viajan a otras entidades como Jalisco y Sinaloa, explicó en entrevista el procurador estatal de los Derechos Humanos, Gustavo Ramírez Junquera.

En comunidades como Los Ramírez, Rancho Nuevo de la Luz y Barretos, los trabajadores agrícolas duermen en casas en obra negra, con piso de tierra y sin servicios. En los campos les pagan 11 pesos por arpilla de chiles.

Luego de la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos, personal de la Secretaría de Salud constató que en algunas viviendas de estas comunidades duermen hasta 19 y 31 personas, en su mayoría familiares directos entre sí.

En León, el secretario de Desarrollo Social y Humano, Éctor Jaime Ramírez Barba, anunció la convocatoria para una reunión urgente este jueves con autoridades de los municipios donde se asientan los jornaleros y delegados federales para establecer un mecanismo de atención.

“Estamos exigiendo que los derechos humanos de estas personas sean atendidas”, dijo el titular de Desarrollo Social y Humano del gobierno estatal, encargado precisamente de los programas de combate a la pobreza y marginación.

También indicó que la dependencia a su cargo elaborará un censo preciso sobre el número de jornaleros, familias y condiciones.

Al hablar del caso de la menor fallecida, Ramírez Barba –quien fue Secretario de Salud– explicó que una desnutrición crónica “es un hambre de muchísimos meses”, que deriva en que la persona sea presa fácil de cualquier infección, generalmente de las vías respiratorias en el caso de los niños.

“Más si el agua no es potable, o (si son malos) los alimentos que consume, las condiciones de higiene”, dijo el funcionario.

Desde el año pasado, la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos detectó esta migración temporal desde Guerrero, que dura poco más de dos meses.

“Nos tomó por sorpresa, es la primera vez que detectamos una migración de esa magnitud y con el gobierno anterior sí se tomaron algunas medidas. Esta vez, al hacer una inspección el sábado pasado, nos encontramos con una gran cantidad de personas. La estimación de los jefes de cuadrilla, arrendatarios de las tierras, es de mil 200 personas, muchos niños, una condición terrible de pobreza”, explicó el ómbudsman Rodríguez Junquera.

El personal de la PEDH encontró menores con infecciones en los ojos y en la piel, así como un brote de varicela en dos comunidades.

“Ayer teníamos una mujer muy enferma, que acababa de llegar, enfermísima, un dolor intenso, con signos vitales muy bajos. La Jurisdicción sanitaria 7 envió una ambulancia y la internaron”, informó.

Aunque la Secretaría de Salud confirmó sólo un brote en cuatro menores de una de las familias de jornaleros.

La PEDH planteó al gobierno del estado que es necesaria la intervención de varias dependencias para revisar las condiciones de trabajo y contratos con los patrones, arrendatarios o propietarios de las tierras, brigadas de salud  (que ya comenzaron a operar) y medidas de atención educativa para los menores que acompañan a los padres jornaleros.

“Hay muchas comunidades que no tienen agua potable, no hay ni baños secos, hay que encalar, darles cobijas. Viven hacinados en casas sin ventanas, donde pagan de mil a dos mil pesos mensuales; esto va más allá de una situación de pobreza”, dijo el procurador de los Derechos Humanos.

La PEDH alertó también a la Secretaría de Gobierno del estado y le solicitó una medida precautoria para intervenir en la revisión de las condiciones de trabajo establecidas por los encargados de contratar a estos cientos de jornaleros.

“La urgencia de las medidas tiene que ser para la autoridad estatal”, puntualizó el ombudsman.