Fecha | Sábado 15 de Junio de 2013
Medio | La Jornada del Campo
Un estudio realizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinollan (2011), señala que en los campos agrícolas de Sinaloa: a) no hay contratos laborales formales; b) las viviendas y sus servicios se encuentran en malas condiciones, incluso algunas no tienen energía eléctrica, agua potable, regaderas, sanitarios y/o lavaderos; c) los empresarios no garantizan a los jornaleros el transporte de regreso a su lugar de origen; d) hay suspensión de labores o pago incompleto de su salario por ausentarse del campo, incluso por cuestiones de salud; e) el servicio médico de las clínicas de los campos agrícolas es deficiente e irregular, ya que el horario de atención es incompatible con la jornada de trabajo; f) los productos de la canasta básica se venden a altos precios en las tiendas de los campos agrícolas, y g) Sinaloa es el estado en donde se reporta el mayor número de fallecimiento de jornaleros y jornaleras agrícolas por cuestiones de salud, falta de atención médica oportuna, negligencia médica, accidentes por riesgo de trabajo u otras circunstancias. Proteger los derechos humanos de la población jornalera es el mayor reto para los gobiernos, así lo estipuló en 2011 Olivier de Schutter, relator especial sobre el Derecho a la Alimentación de las Naciones Unidas en su visita a México.
Fragmento del artículo: «Trabajo precario en la agricultura empresarial» escrito por el investigador Celso Ortíz Marín. Publicado en la página 13 de La Jornada del Campo.