Se trata de Maximino García Catarino, miembro de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), quien se suponía debía recibir protección del Estado por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue arrestado por la policía ministerial mientras se encontraba en casa con su familia la tarde del 21 de enero.
También le preguntaron sobre el paradero de otros indígenas mixtecos y otros líderes de la OFPM. Cuando Maximino García Catarino se negó a responder, la policía lo golpeó y pateó brutalmente.
De acuerdo con los abogados defensores, después de su detención, la policía y los fiscales retrasaron ilegalmente la presentación de Maximino García Catarino ante un juez para prestar su declaración.
La organización recordó que ha documentado casos de activistas indígenas en Ayutla de los Libres que enfrentan cargos criminales falsos y pasan varios años en prisión, debido a que les fue negado el derecho a un juicio justo.
Ante ello lanzó una acción urgente para pedir a las autoridades investigar las denuncias de malos tratos y tomar medidas para prevenir futuras torturas hacia Maximino García Catarino, mientras se encuentra en custodia.
Además, pide a las autoridades que garanticen su derecho a un proceso judicial justo, incluyendo el derecho a una defensa efectiva y el acceso a una corte imparcial, y asegurar que los cargos que se le imputan no responden a motivaciones políticas.
Recordó a las autoridades su obligación de respetar los derechos humanos de los defensores y asegurar que ellos sean capaces de llevar a cabo sus legítimas actividades sin miedo a represalias.
Cabe mencionar que de acuerdo con los defensores de derechos humanos son frecuentemente sujetos de ataques e intimidación, incluidos cargos criminales falsos y políticamente motivados.
Los defensores indígenas han sido particularmente vulnerables a enfrentar cargos criminales falsos dado que se oponen a poderosas figuras locales quienes dominan sus comunidades, también llamados caciques, quienes en ocasiones se encuentran coludidos con policías y fiscales para fabricar evidencia y acusar falsamente a sus oponentes.
Amnistía Internacional ha documentado estos casos en el municipio de Ayutla de los Libres.
En 2008 la organización adoptó a Raúl Hernández (Organización del Pueblo Indígena Me´phaa OPIM) como prisionero de conciencia, luego de pasar más de dos años en prisión por cargos de asesinato antes de que fuera absuelto, luego de una campaña internacional.
En 2009 Raúl Lucas y Manuel Ponce de OPIM, organización hermana de OFPM, fueron secuestrados, torturados y asesinados por hombres armados, sospechosos de actuar en colusión con autoridades locales. Nadie ha sido llevado ante la justicia por estos homicidios.