Casi una década después de que la indígena me’phaa Valentina Rosendo Cantú fuera violada y torturada por militares en Guerrero, el Estado mexicano reconoció públicamente su responsabilidad por los abusos.
Obligado por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, pidió disculpas a Valentina, a quién se refirió como una mujer valiente y ejemplar, pues, a pesar de las adversas condiciones que enfrentó, dio una lección definitiva para todos los mexicanos.
«Señora Valentina Rosendo Cantú: a usted, a su hija, les extiendo la más sincera de las disculpas por los hechos ocurridos hace casi una década en los que resultaron gravemente lesionadas en sus derechos», indicó en la ceremonia de reconocimiento de responsabilidad, realizada en el Museo Memoria y Tolerancia.
«El Estado mexicano reconoce en este acto público su responsabilidad internacional por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la garantía del acceso a la justicia sin discriminación y a los derechos de las niñas».
Poiré señaló que los desvíos de servidores públicos en cumplimiento de su deber, que derivan en violaciones a los derechos humanos, deben ser investigados, sancionados y reparados integralmente, y enfatizó que los casos «aislados» no representan la política del Estado mexicano.
Informó que, en cumplimiento de la sentencia de la CIDH, Rosendo ha recibido las indemnizaciones correspondientes, así como becas educativas para ella y su hija de nueve años.
Destacó que los hechos están siendo investigados por la Fiscalía Especializada para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República (PGR).
Además, apuntó, la Procuraduría de Guerrero mantiene abierta una investigación para fincar responsabilidades a quienes hayan obstaculizado el acceso de Rosendo a la justicia.
«Esto significa que el caso se desahoga en el fuero ordinario y no en el fuero militar», enfatizó.
El funcionario indicó que el Presidente Felipe Calderón lo ha instruido a poner a disposición del Poder Legislativo los elementos que enriquezcan la dictaminación de la iniciativa de reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar, de manera que se ajuste a los criterios de Suprema Corte y la CIDH, que han indicado que los casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares deben ser investigadas por la jurisdicción ordinaria.
La titular de la PGR, Marisela Morales, explicó que la CIDH determinó en este caso que México incumplió con garantizar el derecho al acceso a la justicia, y que determinó que el Estado deberá conducir en el fuero ordinario eficazmente y dentro de un plazo razonable la investigación.
«La PGR decidió, en plena concordancia con la sentencia de la CIDH, atraer la investigación en el presente caso», señaló.
«He instruido que se lleve a cabo la indagatoria con total exhaustividad y transparencia frente a la víctima, ofendidos del delito y representantes legales con libre acceso al expediente», señaló la funcionaria.