Medio | El Sur
Fecha | Viernes 24 de febrero de 2012
Autor | Rosendo Betancourt Radilla
Chilpancingo, Ayer, tres abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan acudieron a la audiencia de vista en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por el caso del dirigente mixteco, Maximino García Catarino, detenido el 21 de enero en Ayutla de los Libres, señalado como responsable de un asesinato perpetrado mientras él se encontraba en una reunión de gestoría en el Ayuntamiento de ese lugar.
Maximino García pertenece a la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco y es defensor de derechos humanos así como gestor de mejoras para las comunidades mixtecas de la región . Ahora es culpado del homicidio de Juan Teodoro García.
A la Primera Sala Penal del TSJ, acudieron los abogados Santiago Aguirre Espinosa, Juan Carlos Téllez García e Isidoro Vicario Aguilar para presentar “unos escritos relacionados con las afectaciones a Maximino García que le causó el auto de formal prisión que dictó el juez de Ayutla (Inocente Orduño Magallón) sin pruebas suficientes para considerar que estaba acreditada la prueba de responsabilidad de Maximino”, indicó Aguirre Espinosa.
Agregó que “se violó el principio de presunción de inocencia, se le otorgó valor probatorio y de eficacia a testimonios que presentan contradicciones entre sí y se convalidó de esa manera una investigación para someterlo a un proceso de privación de su libertad”.
La audiencia de vista, explicó que consiste en que luego de que presenten los alegatos “con esto (los escritos), el Tribunal Superior de Justicia va a revisar el auto de formal prisión y en su momento determinará si lo revoca, lo modifica o lo confirma. Nosotros demandamos que se revoque porque viola sus derechos”.
“Los elementos que tenemos son suficientes para revocar el auto de formal prisión. Presentamos alegatos, declaraciones jurídicas de cómo se hizo una valoración inadecuada de las pruebas al dictar un auto de formal prisión. No hay pruebas suficientes, sólo hay declaraciones aisladas de dos supuestos testigos que presentan contradicciones”.
A pregunta expresa, contestó Aguirre Espinosa que no existe plazo fijo para que se dé la resolución “pero esperamos que sea a la brevedad”.
A los abogados los atendió la secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Penal, Elizabeth Pérez Abarca.
Maximino García cuenta con medidas de protección dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en 2009. Anteriormente, Tlachinollan denunció que a Maximino se le negó un abogado por más de 48 horas y no sabía de qué se le estaba acusando además de que no se encontraba en el lugar del asesinato cuando éste ocurrió pues ese día llegó a Ayutla y se reunió con la regidora de Asuntos Indígenas Guadalupe Castro Morales para hacer unas gestiones de energía eléctrica y la red de agua potable para la comunidad de Juquila y de esto hay testigos y minutas firmadas.