Demandó al gobierno mexicano que se tomen medidas para que las autoridades «garanticen su derecho a un proceso judicial justo, incluyendo el derecho a una defensa efectiva y el acceso a una corte imparcial, y asegurar que los cargos que se le imputan no responden a motivaciones políticas», además de que se investiguen los maltratos en su contra por parte de policías ministeriales.
La organización indicó que ya ha documentado casos de activistas indígenas en Ayutla de los Libres, Guerrero, que enfrentan cargos criminales falsos y pasan varios años en prisión, debido a que les fue negado el derecho a un juicio justo, y este caso podría tener el mismo patrón.
García Catarino fue detenido el 21 de enero pasado en su domicilio del poblado de Juquila, en Ayutla de los Libres, por elementos de la Policía Ministerial de Guerrero, y de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, no se le mostró la orden de aprehensión.
Los abogados de la organización local denunciaron que el caso contra el activista, por quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió medidas cautelares para garantizar su seguridad, «tiene graves irregularidades».
A García Catarino se le acusa de la muerte de Juan Teodoro García, pero de acuerdo con los abogados existen contradicciones evidentes entre los testigos de cargo; además se le ha impedido una adecuada defensa y ha sido golpeado por policías.
Por su parte, Amnistía Internacional indicó que tiene informes que los policías ministeriales que detuvieron al activista le preguntaron sobre el paradero de otros indígenas mixtecos y otros líderes de la OFPM, «cuando Maximino se negó a responder, la policía lo golpeó y pateó brutalmente».
Además, después de su detención, «la policía y los fiscales retrasaron ilegalmente su presentación ante un juez para rendir su declaración.
Recordó que en México «los defensores de derechos humanos son frecuentemente sujetos de ataques e intimidación, incluidos cargos criminales falsos y políticamente motivados. Los defensores indígenas han sido particularmente vulnerables a enfrentar cargos criminales falsos dado que se oponen a poderosas figuras locales quienes dominan sus comunidades, también llamados caciques, quienes en ocasiones se encuentran coludidos con policías y fiscales para fabricar evidencia y acusar falsamente a sus oponentes».
AI ha documentado estos casos en el municipio de Ayutla de los Libres. En 2008 denunció el caso de Raúl Hernández de la organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) como prisionero de conciencia, ya que pasó más de dos años en prisión por cargos de asesinato antes de que fuera absuelto, luego de una campaña internacional.
Recordó además que en 2009 Raúl Lucas y Manuel Ponce de OPIM, organización hermana de OFPM, fueron secuestrados, torturados y asesinados por hombres armados, sospechosos de actuar en colusión con autoridades locales. Nadie ha sido llevado ante la justicia por estos homicidios.