NOTA INFORMATIVA | Presentarán pruebas de la inocencia de líder mixteco acusado de homicidio

Con el antecedente de acusaciones de homicidio en contra de los defensores de derechos humanos Raúl Hernández y Álvaro Ramírez, se agrega el caso de Maximino como un intento de encerrar a indígenas para socavar sus esfuerzos organizativos.

De acuerdo al abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, esta audiencia representa para el Tribunal la oportunidad de revisar las inconsistencias existentes en el expediente que omitió el juez de Primera Instancia de lo penal en Ayutla de los Libres, así como la capacidad de revisar los alegatos y argumentos que permitirían revocar el auto de formal prisión ejecutado en enero contra García Catarino.

“Podrá mostrar que tiene imparcialidad e independencia al no postrarse a los dictados del poder ejecutivo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, que tiene un historial de fabricación de pruebas, incriminación y persecución contra la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco” (OFPM), aseveró Rosales Sierra.

El soporte legal al indígena integrante de la OFPM, se efectúa bajo el antecedente de dos acusaciones de homicidio perpetradas en años anteriores contra defensores de derechos humanos de las etnias me ́phaa y ñu savi que han sido descalificadas por ser inconsistentes al presentar testimonios contradictorios o falsos.

La defensa del acusado, se concentrará en el recurso de apelación interpuesto el 2 de febrero ante el tribunal de justicia guerrerense, para que a partir de la exposición de alegatos y argumentos se pueda resolver la situación del indiciado en un lapso de entre dos semanas a dos meses.

Para Tlachinollan no hay elementos suficientes para mantener en prisión a García Catarino al haber sido su expediente “fabricado” y estar plagado de contradicciones de los testigos, quienes dijeron haber presenciado el homicidio a diez metros de distancia cuando abogados han hecho la revisión del lugar y corroborar que no hay visibilidad plena.

“Hay varias inconsistencias, una persona aseguró haberlo visto desde la esquina de la casa del agraviado, pero desde este lugar tampoco es visible el sitio donde asesinaron a Juan Tenorio García por lo que se hará ver que se trata de la fabricación de un delito usando testigos aleccionados”, refirió el abogado.

Existen pruebas fehacientes de que el 22 de febrero, el día que asesinaron a Tenorio García en la comunidad de Juquila, el inculpado estaba en Ayutla al haber asistido a una reunión en el Ayuntamiento con la regidora de Asuntos Indígenas en la que abordaron los avances de la gestión de varias obras como la red de agua potable o el suministro de energía eléctrica. Otra de las bases de la defensa de García Catarino, es que el 22 se cobró el programa de Oportunidades en la cabecera municipal de Ayutla, por lo que hay personas que declararon haber observado los hechos cuando ese día estuvieron en Ayutla.

Para Tlachinollan es lamentable que el gobierno de Guerrero continúe con una línea de criminalización de defensores de derechos humanos “a pesar de haber llegado a la gubernatura como fuerza de izquierda y proclamarse como la alternancia en el poder”, refirió Rosales Sierra. En las campañas, Aguirre Rivero mantuvo la bandera de respetar los derechos humanos y ahora actúa en contra de las actividades de defensores.

Algunos ejemplos recientes dados por el jurista son las desapariciones forzadas o extrajudiciales de los campesinos ecologistas Marcial Bautista y Eva Alarcón y las ejecuciones extrajudiciales de dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa, a las que se agrega la persecución en contra de la dirigencia colectiva de la OFPM.