Fecha | Lunes 03 de Junio de 2013
Medio | El Sur
Autor | Carmen González Benicio
Tlapa
El Consejo de Jornaleros Agrícolas de La Montaña urgió al gobernador Ángel Aguirre Rivero y secretarios de Desarrollo Social, Asuntos Indígenas y del Migrante a la reparación de la Casa del Jornalero que se encuentra desatendida y, ayer, amaneció con el techo destruido e inundada por la fuerte lluvia que cayó en la madrugada.
La Casa del Jornalero está en la Unidad de Servicios Integrales (USI) de la Secretaría de Desarrollo Social federal y en terrenos de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), por lo que pidieron la reparación de los daños que sufrió por las lluvias y que se cumpla con el compromiso de mejorarlas asumido por Aguirre Rivero, el 9 de noviembre que visitó el lugar.
Además del incumplimiento de las secretarías de Desarrollo Social, Asuntos Indígenas y del Migrante que “expresamente vinieron en el 2012 a coordinarse con nosotros y atender nuestros planteamientos que no cumplieron, desatendiéndonos y volviéndonos a engañar”, dijo Eusebio Díaz Sánchez.
Los integrantes del Consejo pidieron que se asigne un mayor presupuesto para la compra de insumos para el funcionamiento del comedor comunitario y no se generen más dificultades como la Secretaría de Asuntos Indígenas que tiene cuentas pendientes con los proveedores y personal que trabajó en el comedor por aproximadamente 50 mil pesos.
“No sabemos si ellos se tranzaron el dinero o evaden pagar, lo grave es que no apoyan con lo que deben, adeudan y luego se esconden”, externaron.
Cuestionaron los criterios que tiene el Servicio Nacional de Empleo para otorgar los apoyos de traslado de los jornaleros a los campos, porque no están claros y sólo se ve que benefician a algunos, por lo que pidieron que se amplié y además se asigne a un médico de tiempo completo para que atienda a los jornaleros a su paso por la USI.
Los integrantes del Consejo pidieron que se levante el techado que se cayó por ser una mala obra y que se logró con exigencias en el periodo de Zeferino Torreblanca para que en septiembre que inicie la temporada alta de migración haya condiciones para los jornaleros “ellos pueden, tienen el dinero”, dijo un integrante.
En el lugar estuvo el director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quien acompaña en el proceso al Consejo de Jornaleros, quien dijo que ninguna autoridad municipal se ha preocupado por atender a los jornaleros porque no lo ven como propio pese a que muchos son de sus municipios y que Tlapa lo ve como un problema y eso hace que infraccionen a los choferes de los autobuses y los orillen a irse al río Jale a cargar poniendo en riesgo la integridad de las personas, por la creciente del río que llega de forma inesperada, “ningún presidente municipal tiene conciencia ni compromiso de apoyar a los jornaleros”, remató.
Dijo que la población indígena es la más discriminada y ahí están los jornaleros más despojados de sus derechos porque las políticas nacionales con los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto los han invisibilizado al desaparecer el programa de Atención a Jornaleros Agrícolas y meterlos en “grupos vulnerables” sin una política de atención clara.
Lamentó que la Cdi tampoco genere compromisos, ni tome en cuenta a los jornaleros cuando la mayoría es indígena con el argumento de que no manejan esos temas, ya que la migración interna esta fuera de la agenda federal.
Mencionó que en el periodo de migración registraron 8 mil 44 personas provenientes de los municipios más marginados de la región que están sin apoyo jurídico, ni acompañamiento institucional o al menos un espacio digno, más los que no lo hicieron.
Dijo que hay un vacío institucional grave ya que no hay ninguna dependencia federal que atienda a la población de La Montaña en general, no sólo jornalera ya que la Sedesol federal cada día achica los espacios, pues la USI se construyó para los jornaleros y ahora está ocupada por diversos programas y les restringen el uso de los espacios como los baños y dormitorios.
Los 14 integrantes del Consejo de Jornaleros, a siete años de su formación, dijeron que alzan la voz nuevamente para demandar la atención de las autoridades porque se sigue violentando sus derechos, en tanto, las empresas incrementan sus ganancias a costa de su trabajo.