Se turna al Ministro Ortíz Mayagoitia expediente varios relacionado con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú
Tlapa, Guerrero, México a 19 de enero de 2012
El día de hoy Asociadas por lo Justo (JASS) el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez;, el Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”, conformada por 75 organizaciones en 22 estados de la República, emitimos un boletín de prensa informando la notificación de la Suprema Corte de Justicia a las señoras Inés Fernández y Valentina Rosendo.
De conformidad con la notificación recibida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó a las Señoras Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú que iniciará un expediente relativo al estudio de los fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) en su favor, el cual ha sido registrado bajo el número 1396/2011 y turnado para su estudio al Ministro Guillermo I. Ortíz Mayagoitia.
La apertura del expediente, solicitada por ambas mujeres desde el 28 de noviembre de 2011, permitirá que el pleno de la SCJN analice las obligaciones que se derivan para el Poder Judicial de la Federación de las dos sentencias condenatorias emitidas por la CorIDH en agosto de 2010 contra el Estado Mexicano, y a favor de las dos mujeres indígenas Me’phaa del Estado de Guerrero, Inés Fernández y Valentina Rosendo.
Entre otras cosas, la tramitación del expediente -dentro de la modalidad denominada “Asuntos Varios” por no tratarse de un asunto contencioso- propiciará que se discuta en el Pleno del Máximo Tribunal Mexicano los parámetros que las sentencias de la CorIDH imponen respecto del juzgamiento de delitos vinculados con la violencia de género, particularmente en casos de agresiones sexuales. Tal análisis resulta de primera importancia tanto para el avance de la plena garantía de los derechos de las mujeres en México, como para impulsar la propia búsqueda de justicia de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
Al respecto, es importante recordar que en las sentencias dictadas dentro de los casos Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega contra México, la Corte Interamericana estableció seis parámetros sumamente precisos y específicos que debe satisfacer la investigación y el juzgamiento de los hechos para fungir como efectiva reparación, a saber: que se realice en un plazo razonable y con la debida diligencia; que se realice en el fuero civil; que se realice con amplia participación de ambas mujeres; que se realice sin generar revictimización; que se lleve a cabo con la adecuada perspectiva de género y etnicidad; y, que se realice en condiciones de seguridad. En la actualidad, las denuncias permanecen en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra la Mujer y la Trata de Personas (FEVIMTRA) a cargo de la Fiscal Angélica Herrera Rivero, instancia que en un plazo razonable deberá consignar los expedientes ante la Justicia Federal.
A partir del proyecto de resolución que presente el Ministro Ortíz Mayagoitia, la SCJN tendrá también la oportunidad de ratificar la histórica resolución emanada del expediente varios relativo al caso “Rosendo Radilla”, en el cual una mayoría de Ministros y Ministras refrendaron que las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias para todo el Estado en su conjunto y que, de acuerdo con las reformas al artículo 1 constitucional, las y los jueces mexicanos deben aplicar directamente las normas emanadas de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En este tenor, la confirmación de dicha resolución deberá servir para que se adecue la interpretación judicial sobre la competencia del fuero militar, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, para garantizar a las personas afectadas por la intervención del fuero militar un recurso efectivo de impugnación a través del amparo.
Ante la trascendencia que conlleva la creación, el estudio y la resolución del expediente de asuntos varios relacionado con los casos de las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú, hacemos un llamado para que la resolución derivada del estudio del expediente varios encargado al Ministro Ortíz Mayagoitia, se realice con estricto apego a los más altos estándares internacionales sobre derechos humanos, con la adecuada perspectiva de género y etnicidad, contribuyendo así a que se establezcan condiciones para que en México las mujeres víctimas de violencia tengan un efectivo acceso a la justicia.
Atentamente,
Asociadas por lo Justo (JASS) el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”, conformada por 75 organizaciones en 22 estados de la República.