A casi un mes del asesinato, a los familiares de la víctima y abogados que los asisten en su defensa, se les ha negado toda la información relacionada con el caso, incluso no han tenido acceso a la averiguación previa que se integró por el homicidio en el Ministerio Público de Huamuxtitlán, después turnado a Chilpancingo a la PGJE.
El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández –organización que asiste a los familiares de Rubio–, dio a conocer que en esas circunstancias, el proceso legal se ha llevado de manera “viciada”, pero más grave aún, subrayó, es que hay indicios de que el caso será turnado a la Procuraduría de Justicia Militar (órgano de justicia exclusivo para los miembros del Ejército) y con ello se corre el riesgo de que resulten impunes los soldados que dispararon contra el camión y que ocasionaron la muerte del indígena. “Tenemos información de que la Procuraduría Militar ha requerido que se le remita la denuncia, que ha atraído el caso. La familia de la víctima queda en total indefensión porque ni tiene siquiera información de cómo va el proceso, no tienen garantías de que se vaya a castigar a los responsables, pues por el hecho de que son elementos del Ejército los que dispararon, se les protege, se les otorga un fuero a la impunidad”, afirmó.