Medio | Noticias MVS
Fecha | Miércoles 22 de febrero de 2012
Autor | Rocío Méndez Robles
A tres años del hallazgo de los cuerpos sin vida de los defensores humanitarios Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas en Tecoanapa, Guerrero, Amnistía Internacional le expresó al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, que «considera positivo» el pronunciamiento de la administración Calderón por los derechos humanos y por la protección de quienes los defienden, sin embargo, agrega el organismo en un comunicado oficial, también existe una «profunda preocupación» por la grave situación de los defensores de derechos humanos en México, por lo que insiste en un llamado «urgente» a poner en marcha un mecanismo de protección eficaz para ellos.
Siguen siendo «graves, frecuentes e impunes» los abusos que aún enfrentan los defensores de derechos humanos en México, quienes «están siendo víctimas de asesinatos, amenazas, intimidaciones y actos de criminalización», precisa al Secretario Poiré, Amnistía Internacional.
Así, ejemplifica Amnistía Internacional, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas eran, respectivamente, presidente y secretario de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), trabajaban por defender los derechos de los pueblos indígenas Me’phaa (tlapanecos) y Na savi (mixtecos). Tres años después, su caso continúa en la impunidad.
También es ejemplo del aumento de los riesgos y las agresiones, lo vivido por Norma Esther Andrade, fundadora de «Nuestras Hijas de Regreso a Casa», que desde el 2001 lucha contra la impunidad y exige justicia en los casos de secuestros y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Amnistía Internacional advierte que la maestra Andrade fue objeto de dos graves atentados contra su vida en menos de dos meses y apunta que la protección otorgada por autoridades federales, estatales y municipales, fue «totalmente inadecuada e ineficaz».
La agrupación global tampoco olvida que desde el 7 de diciembre de 2011, se desconoce el paradero de Eva Alarcón y Marcial Bautista, de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) y simpatizantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD); Eva y Marcial fueron víctimas de desaparición forzada, aclara Amnistía Internacional.
En esta relación de defensores humanitarios agredidos por la causa que enarbolan y entregada por Amnistía Inernacional al Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, se destaca que el líder indígena Maximino García Catarino, miembro de la OFPM, a la que pertenecían Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, está detenido en la prisión de Ayutla de los Libres del Estado de Guerrero desde el 20 de enero del 2012 acusado de homicidio; su caso, explica el organismo, tiene grandes similaridades con el proceso infundado contra otro defensor de la región, Raúl Hernández quien fue encarcelado durante dos años y adoptado por Amnistía Internacional como preso de conciencia.
Asimismo, también están encarcelados los líderes indígenas y defensores comunitarios del agua, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz de la comunidad de Atla, municipio de Pahuatlán en el estado de Puebla desde el 13 de enero de 2010. Ambos han sido sentenciados a casi siete años de prisión; uno de sus principales proyectos es la demanda de proveer de agua potable a toda la comunidad a través de la instalación de tubos y tomas de agua en cada casa.
Para Amnistía Internacional, los casos de Maximino García Catarino, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz reproducen el patrón de «procesos fabricados y cargos criminales falsos, ausencia del principio de presunción de inocencia y de irregularidades procesales», documentados anteriormente en varios otros casos de abusos contra de defensores de derechos humanos en México, advierte Amnistía Internacional. Los detalles de cada caso permiten pensar que el verdadero motivo por el cual estos tres líderes indígenas se encuentran detenidos es por la defensa de los derechosde sus comunidades indígenas. De confirmar esta situación, Amnistía internacional los reconocerá como presos de conciencia y solicitará su liberación inmediata e incondicional, se informa al Secretario Poiré.
Si los derechos humanos son verdaderamente «la más alta prioridad de su gobierno», es imprescindible la puesta en marcha de un mecanismo de protección para defensores humanitarios, «que merezca la confianza de los afectados y realmente brinde protección para que puedan seguir con sus legítimas actividades»; es necesario que las autoridades federales y estatales garanticen que «se ponga fin al mal uso del sistema de administración de justicia que sigue prestándose a la persecución infundada de defensores de derechos humanos», concluye Amnistía Internacional.