Organizaciones ambientales y defensoras de derechos humanos urgieron, a través de una carta pública enviada a la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a que la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero valore con independencia las pruebas que la defensa de Marco Antonio Suástegui presentó el pasado 14 de julio durante la audiencia de vista dentro de la toca penal VI-459/2014 en la que se le imputa injustamente el delito de robo al defensor comunitario, las cuales evidencian su inocencia.
En la carta las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran International Rivers, Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC), Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Front Line Defenders, afirman que los proceso penales abiertos contra Marco Antonio «son una clara acción para obstruir su labor como defensor comunitario».
En esta carta pública que fue presentada a la par de la audiencia de vista, las organizaciones nacionales e internacionales aseguran que continuarán «dando seguimiento a la situación jurídica del defensor comunitario Marco Antonio Suástegui, así como de la de las y los integrantes del CECOP, ante la continua amenaza de imponer el proyecto hidroeléctrico La Parota social, político y ambientalmente inviable, hoy bajo el nombre del Proyecto ‘Nuevo Guerrero'».
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A continuación reproducimos la carta de manera íntegra.
CARTA PÚBLICA A LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO
Guerrero, México, a 14 de julio de 2015.
Mag. Lambertina Galeana Marín
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero
PRESENTE.-
Sra. Magistrada Presidenta:
Reciba un saludo cordial de las organizaciones de derechos humanos y ambientales que suscriben, quienes desde hace una década acompañan la lucha del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) en resistencia a la imposición del proyecto de la hidroeléctrica. En esta ocasión nos dirigimos a respetuosas de la independencia del Poder Judicial a usted, y por su conducto a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con referencia al caso del defensor comunitario Marco Antonio Suástegui, líder del CECOP.
Es de nuestro conocimiento que el próximo 14 de julio de 2015, la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, sostendrá la audiencia de vista respecto de la toca penal VI-459/2014, en la que se le imputa injustamente el delito de robo al defensor Marco Antonio Suástegui, quien se encuentra privado de su libertad desde hace más de un año.
Las organizaciones firmantes hemos seguido de cerca la detención, traslado ilegal y los diversos procesos judiciales integrados en contra del defensor comunitario, lo que nos ha permitido reconocer que éstos procesos son una clara acción para obstruir su labor como defensor comunitario. En ese tenor, conocemos que desde el primer momento de su detención el 17 de junio de 2014, existió una serie de violaciones al debido proceso penal, lo que fue evidenciado en el juicio de amparo 103/2014, que resolvió el Juzgado Octavo de Distrito en Acapulco, promovido contra el auto de formal prisión en la causa en referencia, por medio del cual se repuso su declaración preparatoria en la que por primera vez se le permitió al Sr. Suástegui, contar con una defensa de su preferencia.
De igual forma, el 26 de enero del 2015, la justicia federal – en voz de la Juez Tercera de Distrito del estado de Guerrero – consideró que el traslado del defensor comunitario a un Penal Federal de Nayarit al día siguiente de su detención fue ilegal e inconstitucional, por consiguiente, en su resolución al juicio de amparo, estableció que las autoridades penitenciarias no justificaron las razones particulares que motivaron la decisión de trasladarlo al penal de máxima seguridad, lo que implicó una violación a sus garantías de legalidad, razón por la cual ordenó al Director General de Prevención y reinserción Social del Estado de Guerrero que de inmediato reingresaran al inculpado al Penal de la Unión, Guerrero, como una forma de restituirle sus derechos que le fueron violados, lo que no fue cumplido sino hasta el 31 de marzo de 2015.
En ese marco, es que por su conducto, de la manera más respetuosa a los principios del poder judicial, urgimos a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero a que valore con independencia las pruebas que la defensa de Marco Antonio Suástegui presentará en la próxima audiencia, las cuales evidencian su inocencia, al destacar que los testimonios en su contra no cuentan con sustento y por el contario, las pruebas a presentarse demuestran la fabricación de los cargos y ponen en relieve las claras violaciones al debido proceso que ha enfrentado. De así hacerlo, externamos nuestra confianza en que dicha sentencia se decidirá apegada a derecho y restituirá la libertad a Marco Antonio, absolviéndolo del delito imputado.
Sabedores de que la libertad de este defensor de derechos humanos está en las manos del Poder Judicial de Guerrero, nos despedimos de usted, no sin antes reiterar que por nuestra parte, continuaremos dando seguimiento a la situación jurídica del defensor comunitario Marco Antonio Suástegui, así como de la de las y los integrantes del CECOP, ante la continua amenaza de imponer el proyecto hidroeléctrico La Parota social, político y ambientalmente inviable de, hoy bajo el nombre del Proyecto “Nuevo Guerrero”.
Saludos cordiales,
International Rivers
Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC)
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
Front Line Defenders