La Ley de Seguridad Interior “no debe ser una ley a modo para las Fuerzas Armadas, esperamos que sea una ley que fortalezca precisamente al Estado mexicano. Una ley que puntualice y obligue lo que a cada quien le corresponde hacer. Que los gobiernos federal, estatales y municipales se responsabilicen y rindan cuentas. Una ley que dé certeza jurídica a las autoridades pero sobre todo a la sociedad. Una ley que beneficie a todos los mexicanos.”

“En materia de seguridad pública nos hemos sumado al esfuerzo nacional de manera decidida, logrando avances significativos siempre en apoyo de la autoridad civil, nunca sustituyéndola, en el cumplimiento diario de esta tarea en todo el territorio. Destaco que las quejas en materia de derechos humanos se han visto disminuidas de manera significativa de 2012 a la fecha, cerrando el 2016 con una reducción de más del 68%. También debo informar que en estos últimos 34 años hemos sufrido la pérdida de 139 valientes y ejemplares compañeros de armas…”
Este extracto del mensaje del secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, en la ceremonia de conmemoración del 104 aniversario del Ejército mexicano en la ciudad de Puebla, queda clara la postura de las Fuerzas Armadas ante el presidente de la Eepública y ante los representantes del Congreso federal, sobre el tipo de Ley de Seguridad Interior que impulsan desde finales del 2016.

Los organismos civiles de derechos humanos hemos planteado públicamente que esa ley no nace del seno de la sociedad, tampoco es un planteamiento que forme parte de las preocupaciones prioritarias de la población. No surge de un diagnóstico serio sobre su pertinencia. Lo que constatamos es que esta exigencia, y la precipitación para discutirla, proviene directamente de una demanda de las Fuerzas Armadas, difundida ampliamente en los medios de comunicación y llevada a un cabildeo intenso en el Poder Legislativo, imponiendo ritmos, prioridades legislativas y contenido sobre cómo debe ser la nueva ley. En los hechos es un avasallamiento al poder civil por parte del poder militar que sigue imponiendo su agenda como condición para continuar participando en esta guerra contra el crimen organizado.

Lo que está en juego no es una ley que esté orientada a mejorar las políticas de seguridad a partir de un diagnóstico nutrido por el sentir de las y los ciudadanos. Más bien vemos que el eje de la discusión gira en torno a una ley que dote a las Fuerzas Armadas de facultades constitucionales que respondan más a sus expectativas y no tanto al interés público. Con esta ley las Fuerzas Armadas lograrían justificar sus actuaciones con operativos que regularmente aplican y que por la vía de los hechos se circunscriben a imponer un estado de excepción. El costo político que le implica a las fuerzas armadas y al mismo presidente de la República de declarar un estado de excepción lo pueden subsanar o eludir con una Ley de Seguridad Interior. Por lo mismo, sería una amenaza latente a los derechos humanos porque las actuaciones del Ejército han sido letales, sin que las autoridades civiles sean realmente un contrapeso, que tengan la fuerza y la decisión para llamar a cuentas a los militares.

En el contexto tan convulso que vivimos a causa de las crisis recurrentes que impactan gravemente en la precaria economía de una población depauperada, la aprobación de una Ley de Seguridad Interior no es sino poner sobre la frente el cañón del Ejército a los ciudadanos y ciudadanas inconformes, quienes ante la carestía de la vida salen diariamente a protestar. Con una visión tan laxa sobre lo que se entiende por seguridad interior, se justificaría la utilización del Ejército para acallar y someter a la población que ejerce su derecho a la libre organización y manifestación pública. La inconformidad social podría ser interpretada por las fuerzas castrenses y las mismas autoridades civiles como un atentado a las instituciones y al Estado de derecho.
El impulso de esta ley por parte del mismo secretario de la Defensa Nacional no está centrada en fortalecer los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas, que sería un buen indicador para nuestra endeble democracia, sino en darle más poder al Ejército en detrimento de las instituciones civiles y los derechos humanos.

Guerrero es un ejemplo claro de lo que ha significado la presencia del Ejército en las regiones donde se han vivido conflictos de alta intensidad. Su actuación dejó una cauda de crímenes que abrieron una herida que hasta la fecha no ha cicatrizado. Los casos de desapariciones forzadas en la década de los 1970 se elevaron a más de 600, por la persecución encarnizada del Ejército contra los grupos guerrilleros y la misma población civil. En la década de los 90 de nueva cuenta el Ejército protagonizó hechos graves que fueron documentados por la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, relacionados con torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones ante la reaparición de la guerrilla en varias regiones del estado. Ninguno de estos casos fueron investigados por las autoridades civiles, quedando todos en la impunidad. Los casos de tortura sexual cometidos contra las indígenas guerrerenses Inés Fernández y Valentina Rosendo, por parte de elementos castrenses no fueron investigados por las autoridades civiles. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado mexicano por estas graves violaciones, catalogando los hechos como violencia institucional castrense, emplazando a la autoridades a trasladar las investigaciones al fuero civil.

En el contexto de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el presidente Felipe Calderón, el 20 de junio de 2009 fue asesinado el joven indígena Bonfilio Rubio Villegas por soldados del Ejército en un retén militar, cuando se trasladaba en un autobús a la Ciudad de México. Este caso es emblemático porque a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el caso de Bonfilio fuera investigado por los tribunales civiles, la Procuraduría de Justicia Militar impuso sus criterios y formas de investigación, repitiendo la historia de siempre, la ausencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas que impiden que los elementos militares sean investigados con los más altos estándares internacionales de derechos humanos. El caso de Bonfilio ante la falta de garantías para acceder a la justicia en México ha sido presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Estos antecedentes dan cuenta de lo que representa someter bajo la jurisdicción civil a las Fuerzas Armadas cuando cometen graves violaciones a los derechos humanos. La propuesta de la nueva Ley de Seguridad Interior apuesta a mantener bajo la impunidad el uso letal de la fuerza que han utilizado las Fuerzas Armadas y cuyas consecuencias son funestas, como ha sucedido en varios hechos ominosos donde el Ejército y la Marina han utilizado de manera desproporcionada su poder de fuego para destruir a sus enemigos. La realidad es que esta propuesta de ley no proporcionará herramientas efectivas para disminuir la inseguridad, pues no hay resultados ni evidencias de que el despliegue militar haya traído mayor estabilidad social y haya disminuido la violencia. Por el contrario, en Guerrero la militarización en varias regiones del estado como Chilapa, Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo ha sido un factor que atiza más la violencia, al grado que estos municipios forman parte de los 50 más inseguros del país. Lo que es peor es que la misma población no confía en el Ejército, porque no se siente protegida ni segura, más bien le teme por sus actuaciones que son contrarias a garantizar seguridad desde la perspectiva de las ciudadanas y ciudadanos.

En lugar de profundizar la militarización con la aprobación de esta ley se debe fortalecer el régimen legal de protección a los derechos humanos, aprobando leyes que aún hoy se encuentran pendientes y que han sido relegadas por los mismos legisladores porque están más a la orden de los grupos de poder. Es inconcebible ver cómo le han dado celeridad los coordinadores parlamentarios para atender y aprobar la Ley de Seguridad Interior impulsada por el Ejército, mientras que la Ley General para Prevenir y Sancionar las Desapariciones y la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura han quedado relegadas, cuando éstas forman parte de las demandas más sentidas de las familias que son víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Son ellas a quienes el Congreso tiene que escuchar y atender, porque son las que han demostrado el fracaso de un sistema legal que no responde a la realidad de la gente que sufre. Más bien han constatado que este régimen los criminaliza, que fomenta la impunidad entre los perpetradores y es cómplice de los grupos de la delincuencia. Lo que ha pasado en nuestro país es que quienes legislan han denigrado la figura del representante popular, que en lugar de salir al frente para garantizar una mayor protección de los derechos humanos, se han puesto al servicio de las mafias políticas. Lo que es peor es que su poder se ha puesto a las órdenes del general.