Para la clase política de Guerrero, las elecciones que se realizarán en el mes de junio, será el tema central, en torno al cual girará el devenir del estado en este naciente año. La lucha por los cargos públicos será ríspida y hasta con visos de violencia, por las divisiones internas que resaltan al interior de los partidos políticos. La multiplicidad de facciones desgasta y debilita a los partidos, porque se lucha por los cargos y no por la transformación de nuestra sociedad. Los intereses económicos son los que ahora rigen al interior de los institutos políticos, y no los principios ideológicos, que son meros referentes de lo que antaño fue la identidad de los partidos.
Las disputas políticas al interior de los mismos institutos se tornan graves, por los enconos y rivalidades que se profundizan, sin que existan mecanismos eficaces para contener y atemperar estas rivalidades. Ante el temor de que haya agandalle en los cargos públicos, cada facción se organiza con su líder o dirigente, para dar la pelea en cada distrito y en cada municipalidad. El pleito es al interior del partido, porque de ahí depende de que sus candidatos aparezcan en las boletas electorales. Este trance requiere hacer méritos, sobre todo, tener aportaciones de todo tipo, para congraciarse con la dirigencia.
El escenario se complica por la colusión que existe entre los grupos de la delincuencia con los grupos políticos. En los últimos trienios hemos visto como algunos líderes políticos, han coqueteado con el crimen organizado y establecido vínculos con jefes de la delincuencia, para dar la pelea con recursos mal habidos. Esta situación anómala no solo pervierte el proceso electoral, sino que atiza la violencia en un terreno minado por las rivalidades que existen entre los grupos de la delincuencia, que se disputan férreamente el control territorial. El empoderamiento de estas organizaciones ha puesto contra la pared a las mismas autoridades municipales, al grado que prefieren alinearse y supeditarse a su lógica delincuencial. Los mismos cuerpos de seguridad no dan confianza a la población, por sus nexos con la delincuencia y porque no están capacitadas para realmente prevenir el delito y apoyar en la desarticulación de las redes del crimen.
El desbordamiento de los márgenes de la legalidad, propiciado por la delincuencia, no garantizará un proceso electoral dentro de un ambiente de libertad y seguridad, por el contrario, estará marcado por un clima de miedo, amenazas y vendettas. El asesinato de precandidatos, precandidatas y candidatos a puestos de elección popular en los pasados procesos electivos, son los focos rojos que siguen activados, y que requiere acciones coordinadas de los tres niveles de gobierno.
No basta que se incremente el número de efectivos policiales o militares, porque los actores armados no son los más idóneos para garantizar la paz y la legalidad. El gran desafío lo tienen los partidos políticos y las mismas autoridades, que están obligadas a actuar con pulcritud y transparencia, y no ser comparsas de la ilegalidad y de componendas con actores delincuenciales, que se han enquistado al interior de las instituciones gubernamentales y de los mismos partidos políticos. La corrupción que se encuentra adherida dentro de las estructuras del poder, no se puede extirpar de forma abrupta, mientras no se depuren a los funcionarios y agentes que se acostumbraron a vivir de la extorsión y los moches, como si fuera parte de la gobernabilidad. Se tienen que acabar con las zonas porosas que existen dentro de las estructuras del poder público, que son las que permiten las transacciones ilícitas, al amparo del poder. Las mismas autoridades tienen que mantenerse al margen de esta contienda, porque su injerencia es lo que genera enojo, desconfianza y encono, porque se lucra con la pobreza y se toman banderas partidistas que desprestigian a los mimos partidos. El destino del presupuesto público debe de manejarse con transparencia, sin la carga electorera que tradicionalmente utilizan los gobernantes., al igual que la construcción de obras, que siempre llevan el sello o el del partido que gobierna en el municipio o en el estado, como si fueran los dueños de estos fondos. Aun estamos lejos de que las contiendas electorales sean transparentes y pacíficas, porque quienes nos gobiernan no se manejan bajo estos principios, les pesa todavía la visión clientelar, facciosa, coactiva, utilitarista y mafiosa de los procesos electorales, que miden la calidad de nuestra democracia.
Mientras esto ocurre entre clase política, la población guerrerense se sigue hundiendo en el pantano de la pobreza. Cada mañana lo corroboramos en las principales avenidas de las ciudades, con las decenas de personas ambulantes, desde niños y niñas hasta adultos mayores. El crecimiento desmedido del ambulantaje nos invade por todos lados. La deserción escolar se incrementa en la medida que no hay alimento seguro en la casa y no hay dinero para comprar medicinas. Miles de familias del campo han cerrado sus casas para contratarse como jornaleros y jornaleras agrícolas en los estados fronterizos de Chihuahua, Sonora y Baja California. Mas de 15 mil personas indígenas de la Montaña, se han registrado en la casa de jornalero, siendo el 30 por ciento de niños y niñas.
El hambre será el principal flagelo en este 2021 para las familias guerrerenses, porque no hay ingresos seguros. Ni las ciudades turísticas cubrieron las expectativas económicas de los empresarios y trabajadores. Las remesas ya son insuficientes para cubrir las necesidades básicas y los subsidios gubernamentales, se diluyen ante los altos precios de la canasta básica. No hay dinero que alcance para comprar suficiente maíz y las medicinas básicas para sobrellevar los síntomas del Covid-19. El escenario se vislumbra incierto, sin opciones para hacer frente a esta calamidad. Los programas federales, ha pesar de su incremento en el presupuesto, no podrán atender la multiplicidad de necesidades básicas que requieren las familias pobres. Se necesita implementar programas especiales para cada región, tomando en cuenta su potencial productivo y las características de su población y de su habitat.
La falta de medicamentos tiene costos muy altos, no solo por lo inalcanzable de sus precios, sino porque en población vulnerable, como niños y niñas prematuras, mujeres con alto riesgo en su embarazo, adultos mayores con problemas de comorbilidad, que se encuentran en comunidades apartadas, tienen sus días contados. El numero de personas que fallecen por falta de atención médica, se ha incrementado y agravado con la llegada del coronavirus. Los pacientes y sus familias prefieren atenderse en sus domicilios, porque saben que en el único hospital que recibe pacientes en general, no cuenta con suficientes camas, con personal médico especializado, con estudios de laboratorio ni con medicamentos. Con estas deficiencias, hay fundados temores de que la gente muera en el hospital, no solo por Covid-19, sino por la obsolescencia de los servicios.
El grave problema de la violencia y la inseguridad, en la percepción de la gente común, la situación va de mal en peor. No hay un municipio que garantice seguridad a sus habitantes. Hemos constatado que los grupos de la delincuencia tienen controladas rutas y regiones, donde la población tiene que adaptarse a sus modos de operar. En la Tierra Caliente, la cuota, es una práctica generalizada entre los comerciantes que quieren mantenerse con sus giros económicos. En la región Norte, las disputas por las plazas y ciertos territorios mantienen en constante zozobra a la población. En la zona Centro y la Sierra, varias comunidades están en medio del fuego cruzado y en la disyuntiva de permanecer en sus domicilios o desplazarse fuera de la región. En el puerto de Acapulco, los asesinatos diarios muestran el nivel de empoderamiento de los grupos de la delincuencia, que están en constante pugna. En la Costa Grande, la población sigue padeciendo las peleas a muerte por el reparto territorial entre los grupos del crimen organizado, dejando inerme a la población. La Costa Chica y la Montaña, empiezan a resentir las divisiones que se han dado al interior de los grupos de la policía comunitaria, que ha sido aprovechada por la delincuencia, para irse posicionando de algunas cabeceras municipales.
Este panorama deja ver que la guardia nacional, no ha dado los resultados esperados. Su presencia, además de insuficiente, es meramente testimonial. Los mismos grupos de la delincuencia saben que no tienen órdenes para desarmarlos ni para desmantelar su estructura. En los lugares donde se han suscitado hechos de violencia, a causa de los conflictos agrarios, no han querido establecerse, porque requieren lugares seguros para acampar y que las partes en conflicto, lo soliciten por escrito. Pesa más el criterio burocrático entre los pueblos indígenas que requieren con urgencia su presencia para disuadir la confrontación, que contrasta con su intervención inmediata, para desalojar a los migrantes centroamericanos.
El 2021 llega con mucha pesadumbre, por la violencia imparable, sobre todo contra las mujeres y niñas que han sido víctimas de feminicidios y de un sistema de justicia patriarcal, que da un trato discriminatorio que vulnera sus derechos como víctimas. Lo más desolador es que en este año las autoridades estatales y municipales, sobrellevarán los problemas más agudos, con el pretexto de que no habrá presupuesto suficiente. La población por su parte, seguirá luchando por su sobrevivencia, sorteando su vida, en medio del coronavirus, el hambre y la violencia delincuencial. También será testigo de la disputa que protagonizarán los partidos políticos y sus candidatos, para agenciarse los cargos públicos, donde hay dinero seguro, protección garantizada y servicios de calidad. La brecha entre la clase política y el pueblo trabajador, seguirá ensanchándose y profundizándose en nuestro estado, mientras los que ambicionan el poder, sigan haciendo negocios privados, pisoteando los derechos de la gente pobre.
Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan