Abel Barrera Hernández
Para Teodomira y Manuel,
quienes han acompañado hasta el último rincón de la sierra
a las familias desplazadas por la violencia.
Toda nuestra solidaridad en estos momentos de prueba.
Nuestro reconocimiento por mantenerse a lado de los hombres, mujeres
y los niños que sobreviven en un territorio minado por la metralla.
La metralla no cesa en la sierra de Guerrero. La disputa por el control territorial es encarnizada entre dos grupos antagónicos conocidos como el Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG), que está conformado por grupos asentados en los municipios de Heliodoro Castillo, Cuetzalan del Progreso, Teloloapan y Apaxtla, principalmente. De la otra parte, se encuentra el grupo conocido como el cartel del Sur, que tiene como su centro de operaciones en el municipio de Leonardo Bravo. Es una batalla campal en este corredor serrano que abarca los municipios de Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Eduardo Neri y Chilpancingo, donde gran parte de la población pobre tiene como principal actividad la siembra de la amapola. La crisis causada por el fentanilo desfondó la economía serrana, dejando en total desamparo a las familias campesinas de la sierra. Las concesiones mineras que existen en la región han despertado una mayor codicia en estos grupos, que no cesan en sus incursiones armadas en las comunidades aledañas, para avanzar en su estrategia de control territorial y sometimiento de la población.
Varios pobladores de la sierra que han sido desplazados por esta violencia, recuerdan que el 4 de octubre del 2013 se suscitaron varios enfrentamientos en comunidades de Leonardo Bravo, provocando la huida de decenas de familias. Lo más grave ha sido que las autoridades federales y estatales solo suban a la sierra para replegar momentáneamente a los civiles armados, dejando crecer la ola delincuencial.
Comentan que otra de las balaceras más fuertes se registró el 5 de septiembre de 2018. Duró más de 9 horas, en los poblados de Puentecillas y Ranchito. A pesar de que fue un enfrentamiento que causó muchas muertes, las autoridades se mantuvieron al margen. Los mismos militares comentaron a la gente que no podían intervenir porque se trataba de un conflicto entre dos grupos. Desde ese año, se dio a conocer el Frente Unido de las Policías Comunitarias de Guerrero.
Las familias desplazadas señalan que el 11 de noviembre del 2018, llegaron personas armadas de varios lados. Entraron primero a la comunidad de Corralitos y después a Puentecillas. Ante esta incursión la gente se salió de sus comunidades y se concentró en la comunidad Campo de Aviación. Creyeron que las autoridades iban a prestarles auxilio, sin embargo, nunca llegaron. No tuvieron otra alternativa que refugiarse en la comunidad de los Morros, porque ahí se encontraba un destacamento militar. La gente notó que el ejército se mantuvo indiferente ante la irrupción de los grupos armados de la sierra, desplazándose hacia otro lugar. Las familias decidieron bajar a la cabecera municipal de Chichihualco, con el fin de pedir auxilio al presidente municipal. Se concentraron en el auditorio, y después de varios días, lograron establecer un acuerdo con las autoridades, para programar su retorno el 17 de noviembre. A pesar de que iban escoltados por militares y varios cuerpos de la policía del estado, un grupo de civiles armados empezó a disparar después de que habían pasado la comunidad de los Morros. Ante la balacera que procedía de varios cerros obligó a que los más de 100 carros que iban en la caravana, regresaran a Chichihualco.
Desde esa fecha más de 200 familias se han mantenido en calidad de desplazadas y han sido acompañadas principalmente por Manuel Olivares y Teodomira Rosales, del Centro Morelos. En contrapartida no han encontrado en el gobierno del estado eco a sus demandas, y más bien los han dejado en total indefensión.
El 28 de diciembre del 2019 cuando la defensora Teodomira Rosales Sierra y el defensor Manuel Olivares Hernández acompañaron a estas familias asentadas en Chichihualco, para emplazar al grupo de la policía del estado, con el fin de que permanecieran en la región, fueron agredidos por elementos de esta corporación. La compañera Teodomira fue víctima de una agresión sexual por parte de un grupo de élite de la policía estatal. Además de tirarla al suelo y someterla, una mujer policía le puso en el pecho su arma de cargo. En ese mismo instante el compañero Manuel fue golpeado por varios elementos policiales y le infligieron tratos crueles y denigrantes. En la agresión, un mando de la policía lo increpaba “por qué estás apoyando al narco”. Además de sufrir estas vejaciones quebraron el cristal de la puerta derecha y poncharon las cuatro llantas de la camioneta, propiedad del Centro Morelos. Se robaron dos mochilas en las que iban dos computadoras laptop, artículos personales, dinero en efectivo y documentación de las familias desplazadas.
El 6 de febrero se reunieron con un teniente de apellido Badillo, perteneciente al 50 batallón de infantería, quien llegó acompañado de varios vehículos militares a la cabecera municipal de Chichihualco. Pidió que se registraran las familias desplazadas para enviar su reporte a la ciudad de México. En ese instante varias personas se opusieron porque identificaron que algunos elementos del ejército habían incursionado en sus comunidades acompañando a un grupo de civiles armados de la sierra. Esta denuncia pública molestó al teniente, quien posteriormente realizó varias llamadas telefónicas a la compañera Teodomira, reclamándole esta acción de las familias y exigiéndole la entrega de la lista de los desplazados.
Durante el mes de marzo de este año, volvieron las hostilidades en la sierra, cuando un grupo de civiles armados entró a la comunidad de Filo de Caballos y asesinó a cinco Policías Comunitarios de Tlacotepec. La reacción fue virulenta porque se dieron varios enfrentamientos en las comunidades de Carrizal de Bravo, Balsamar y Tepozonalco. Se registraron 9 muertos causando nuevamente el desplazamiento de más de 500 personas, de 6 comunidades del municipio de Leonardo Bravo y una de Chilpancingo. En esta confrontación armada, el objetivo del Frente Unido de Policías Comunitarias, era llegar a la cabecera de Chichihualco para arremeter contra el cartel del Sur.
Esta situación ha provocado que las familias que se encuentran desplazadas en Chichihualco decidieran desde el pasado 22 de marzo, acampar en un paraje conocido como el Crucero del Huamuchil, ubicado en la parte oriente, para evitar mayor derramamiento de sangre. Por su parte, las autoridades federales y estatales han abandonado a su suerte a las víctimas de desplazamiento forzado interno, dejando que los grupos de civiles armados impongan la ley del fuego.
En este contexto de confrontación violenta, el 22 y el 26 de marzo pasado, se publicaron en redes sociales denostaciones sumamente graves contra el defensor Manuel Olivares Hernández, que ponen en riesgo su vida. Lo señalan como “defensor del narco”. Se obstinan en descalificar su trabajo por asumir la defensa de las víctimas de desplazamiento forzado interno del municipio de Leonardo Bravo.
Por la forma en que están escritos los mensajes, hay fundados temores de que se atente contra la vida del compañero Manuel Olivares Hernández y de la compañera Teodomira Rosales Sierra. Esta situación ha obligado a todo el equipo del Centro José María Morelos y Pavón, de dejar el acompañamiento en terreno que realizan desde hace dos años a familias desplazadas. Ante la descomposición social que se vive en varias comunidades de la sierra a causa de la inacción de las autoridades y por la ley de la metralla impuesta por los civiles armados, hace que la vida de los defensores y defensoras penda de un hilo.
Publicado originalmente en Desinformémonos