Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

¿Por qué ha habido tan poca justicia en nuestro estado ante tantas atrocidades cometidas por las autoridades que por varias décadas han mal gobernado Guerrero? Esta pregunta fue central en la elaboración del informe denominado Justicia Fallida que coordinó la Fundación Open Society con el apoyo de Tlachinollan y el Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y que se publicó el año pasado.

En este documento, después de una revisión minuciosa de algunos casos y de identificar el modus operadi de las diferentes autoridades, llegamos a la conclusión que este clima de impunidad que prevalece en el estado es de naturaleza política. Hemos constatado un continuum en la forma como se ha ejercido el poder en Guerrero.

Teniendo como referencia los años cruentos de la guerra sucia, donde organizaciones de familiares denunciaron más de 600 desapariciones desde la década de los 70, el sistema de justicia estatal ha sido indebidamente influenciado por un poder ejecutivo autoritario que no ha respetado la autonomía legal o independencia de las instituciones, y ha buscado manipularlas por medios inapropiados e irregulares.

Por otra parte, la misma policía investigadora del delito es una policía desacreditada desde su origen, porque sus nombramientos no se plegaron a ningún procedimiento de selección para tener pruebas objetivas de su idoneidad como servidores públicos, ni como agentes investigadores. No es de extrañar que en la perpetración de varias atrocidades los mismos elementos de la corporación estén involucrados, siendo ellos los encargados de investigarlas. Es decir, que quienes investigan hechos deleznables son a quienes se deben de investigar.

Cómo hacerle para que la Fiscalía General del Estado de Guerrero deje de ser un mero apéndice del poder ejecutivo y en verdad sea una instancia autónoma que en lugar de ignorar las denuncias de las atrocidades cometidas por las autoridades, se aboque sin ningún miramiento a investigarlas a fondo. Esta supeditación política ha ido en detrimento de la procuración de justicia del estado, porque ha colapsado al sistema y ha dejado en estado de indefensión a la misma sociedad.

Aunado a estas graves deficiencias corroboramos que la capacidad de los abogados defensores es débil y su presencia es insuficiente, especialmente en las regiones pobres, mayoritariamente indígenas, donde la infraestructura y el equipamiento tampoco son suficientes. Estas deficiencias estructurales representan un obstáculo fundamental ante todo para la prevención y sanción de la tortura.

Por la manera cómo se han dado las componendas a la hora de nombrar al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, podemos afirmar que el poder judicial no es independiente del ejecutivo, más bien funciona como un poder acotado a los intereses de la clase en el poder. Lamentablemente tenemos casos que nos muestran cómo el ejecutivo en turno maniobra políticamente para nombrar como presidente del Tribunal a una persona de su confianza, que políticamente sea afín a sus intereses, tirando por la borda la independencia y honorabilidad del poder judicial. No importa que el presidente del Tribunal no tenga experiencia ni méritos profesionales dentro del poder judicial.

Muchos de los funcionarios a cargo de la investigación y persecución del delito y la policía carecen de las habilidades básicas para prevenir e investigar hechos graves. El poder judicial prácticamente no ha sido puesto a prueba en casos de atrocidades, y está apenas conociendo el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. En Guerrero, la transición al sistema penal acusatorio ordenada por la Constitución federal ha sido lenta y mal llevada, por la precariedad de sus resultados.

Es importante resaltar que desde la aprobación de la ley que establece el delito de desaparición forzada en 2005, no se ha acusado penalmente a persona alguna de cometer ese delito, a pesar de que existen muchos casos de desapariciones, que los mismos familiares han denunciado penalmente, pero que las autoridades no están a la altura de la tragedia, o más bien, son parte de la maraña delincuencial que alienta estas atrocidades.

Se ha investigado en los mismos documentos oficiales que entre 2006 y 2014 hay sólo seis averiguaciones previas por tortura en Guerrero; sin embargo, no se ha acusado penalmente a persona alguna por tortura. Ello, a pesar de que entre 2008 y abril de 2014, la Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero inició 101 denuncias por presuntos actos de tortura y/o tratos crueles o degradantes por parte de las autoridades estatales.

Esta indolencia de las autoridades es la causa para que más de la mitad de los ciudadanos y ciudadanas de Guerrero tengan poca o nula confianza en los jueces locales, y casi dos tercios consideran que son corruptos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del año 2014 llevada a cabo por el gobierno federal.

Junto a estas actuaciones que alientan la impunidad, existen datos oficiales que nos dan la pauta de las deficiencias que arrastran instituciones claves para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas. De los 19,434 homicidios denunciados a la Fiscalía General de Guerrero entre 2005 y 2014, se abrieron 10,921 investigaciones por homicidio culposo y doloso, que resultaron en sólo 2,391 acusaciones penales y en únicamente 1,269 sentencias condenatorias.

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero ha documentado 90 casos de desapariciones forzadas o involuntarias entre 1990 y 2014, no obstante esto, la Fiscalía General no ha iniciado averiguaciones previas en ninguno de esos casos, pero ha investigado 44 casos adicionales. Ninguno de ellos ha dado lugar a acusaciones penales (consignaciones). Mucho menos ha habido alguna sentencia condenatoria.

En los casos de Tortura la Fiscalía General de Guerrero jamás ha presentado cargos contra alguna persona por tortura y tampoco se han dado sentencias condenatorias por tortura. Contrario a estas acciones encubridoras, la Comisión estatal de derechos humanos documentó 54 casos de tortura de 1994 a 2014. Esta situación revela una realidad que se oculta y que es un indicador de la presunta perpetración de tortura y desaparición forzada por parte de la policía investigadora, razón por la cual hay tan pocas denuncias o investigaciones efectivas en relación con estos crímenes.

La Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero identificó a la Fiscalía General de Guerrero como la autoridad responsable en el 88% de los casos de tortura documentados entre 1994 y 2014, y a la policía investigadora del delito como la autoridad presuntamente responsable en el 44% de las desapariciones forzadas o involuntarias entre 1990 y 2014.

Nuestro estado tiene una ley sobre desaparición forzada que cumple con estándares internacionales, pero los funcionarios a cargo de la investigación y persecución del delito de la Fiscalía General de Guerrero con gran desfachatez afirman que no pueden investigar delitos previstos en leyes especiales y que no estén incluidos en el código penal del estado. La apuesta es por la impunidad y para que se mantengan intocados los intereses turbios que se han anidado dentro de las instituciones de justicia y seguridad del estado.

A un año de gobierno de Héctor Astudillo, los indicadores oficiales siguen colocando a Guerrero como la entidad menos pacífica del país. La tasa de homicidios en México se incrementó a 6.3% de 2014 a 2015, llegando a 14 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras tanto en Guerrero se registran 54.5 homicidios por cada 100,000 habitantes; es decir 4 veces más que la media nacional.

Nuestro estado se ubica en el último lugar en cuanto al índice de paz. Está rezagado en varios indicadores de desarrollo, lo cual genera mal desempeño en los indicadores de distribución equitativa de los recursos y al mismo tiempo impide que exista un entorno empresarial sólido y con altos niveles de capital humano.

Es grave el ambiente de temor e incertidumbre que se vive en el estado. El problema de la inseguridad es lo que más afecta las y los guerrerenses. El mayor costo económico, político y social lo está generando la corrupción y la impunidad. No se atacan de fondo estos problemas añejos que mantienen en una posición segura a las organizaciones delictivas, porque cuentan con el respaldo de quienes detentan el poder en las regiones y funcionan como bisagras dentro del régimen.

Por más que se quiera hacer sentir la presencia del gobernador en los 81 municipios, para la población este anuncio no se traduce en realidades tangibles: seguridad, mejoramiento de las condiciones de vida del campo, acceso a la justicia a la población pobre; protección a los derechos de las mujeres que sufren violencia; libertad a los presos de la CRAC-PC; protección a los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; respeto a las decisiones de los pueblos indígenas con respecto a los megaproyectos como hidroeléctricas y proyectos mineros. Atención a las familias damnificadas y castigo a las empresas defraudadoras. Implementación de una nueva estrategia de seguridad ciudadana que reconozca y respete el sistema de seguridad y justicia comunitaria. Castigo a los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos; respeto a la lucha de los familiares de los desaparecidos, protección y reconocimiento al trabajo de las y los defensores de derechos humanos y periodistas y combate a fondo contra el crimen organizado.