Para nuestro compañero Vidulfo Rosales Sierra quien ha denunciado y puesto en evidencia a gobernantes que abusan de su posición de poder y autoridad. Ha documentado graves violaciones a los derechos humanos y señalado el contubernio entre grupos de poder y la delincuencia organizada. En todo momento se ha comprometido a defender y proteger a las víctimas de los abusos del poder. Ha sido un fiel acompañante de los estudiantes de Ayotzinapa, que han sido víctimas de la violencia del Estado, y en los últimos seis años, comparte las luchas y los sueños con las madres y padres de los 43. Su lucha pacífica y transparente por la justicia y la verdad afecta intereses políticos y económicos de exfuncionarios que han violado derechos humanos, en Guerrero como el exgobernador Ángel Aguirre Rivero.
Ante la grave crisis de derechos humanos que se ha profundizado con la actual emergencia sanitaria, emprenderemos una campaña por los derechos de las víctimas de la violencia, las personas desaparecidas, los graves casos de feminicidio y por las defensoras y defensores de la Montaña. Ante la polarización social y política que enfrentamos y las disputas por el poder que se acendran en esta coyuntura político-electoral, la voz de las víctimas y su reclamo sigue estando supeditada a la agenda de los grupos de poder, cuyo objetivo primordial es mantener y ampliar sus cuotas políticas y económicas dentro del aparato gubernamental. La multiplicidad de conflictos, la inequidad, pobreza y exclusión, así como la impunidad y la discriminación estructural han generado un ambiente que alienta la violencia y encubre a los perpetradores de graves violaciones a derechos humanos. En Guerrero, la situación se ha complejizado con la expansión del crimen organizado en varias regiones donde ha tomado el control territorial y ha tenido el poder de fuego para supeditar a sus intereses a los gobiernos municipales, y establecer acuerdos con los cuerpos de seguridad del estado y la federación. La violencia cotidiana que se ha transformado en el flagelo de los guerrerenses, en las estadísticas oficiales todo indica que la situación está controlada. Continuamos enfrentados entre el mundo real de los asesinatos de mujeres y las acciones delincuenciales que se han normalizado en el mundo virtual donde solo hay cifras alegres para beneplácito de las autoridades.
Durante décadas en el estado de Guerrero las víctimas de violaciones a derechos humanos, quienes han asumido la causa por la justicia y la verdad, se han erigido en “defensoras y defensores emergentes”, porque están comprometidas con la búsqueda de sus seres queridos y con la exigencia de que se investiguen sus casos y se castigue a los agentes del Estado. Varias de ellas y ellos dieron un giro en su vida y se vieron obligados a dejar su parcela y sus casas para tomar las calles y las carreteras para increpar a las autoridades cómplices. Optaron por abanderar una lucha y tomar las tribunas con el fin de desenmascarar las tropelías del poder. Su lenguaje sencillo adquirió una gran legitimidad por la fuerza moral y el valor de sus palabras, que en cada expresión manifiestan dolor, sufrimiento y esperanza. En sus denuncias, muestran cómo las autoridades se transforman en los principales obstáculos para investigar los delitos. A pesar de este desdén han tomado en sus manos esta causa y la han podido difundir a lo largo y ancho del país.
Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, junto con los familiares de personas desaparecidas, desde la guerra sucia hasta la guerra contra el narcotráfico, son el emblema de la dignidad en nuestro estado. Los baluartes de una lucha sin cuartel. Las guerreras y guerreros que siempre están dispuestos a dar su vida para que haya verdad y justicia en nuestro país. Esta batalla silenciosa, marcada por el maltrato y el desprecio de las autoridades es la que ha ganado la simpatía y el aprecio de una sociedad que desconfía de los discursos y las acciones emprendidas por las autoridades. Han encontrado en esta ruta dolorosa la solidaridad de miles de ciudadanas y ciudadanos que están dispuestos a abrazar su causa para romper las cadenas de la impunidad. Con su valor y tenacidad han desenmascarado un sistema urdido con las redes de la macro criminalidad, donde varias autoridades se encuentran involucradas en negocios truculentos, haciendo mancuerna con las organizaciones criminales.
En la región de la Montaña las familias indígenas de personas desaparecidas encontraron en la lucha del defensor Arnulfo Cerón Soriano una luz en la oscuridad. Se conformaron como el Colectivo Luciérnaga para denunciar públicamente la desaparición de más de 60 personas en la ciudad de Tlapa y varios municipios de la Montaña. Su movimiento no sólo ha desenterrado cuerpos en fosas clandestinas como sucedió con el compañero Arnulfo Cerón, que además de su desaparición forzada, fue asesinado y enterrado a más de 3 metros de profundidad, con una maquina retroexcavadora para borrar cualquier huella y así continuar sembrando el terror. No lograron su cometido y a pesar de tanto dolor y tanta pobreza, las familias tienen una fe inquebrantable para dar con el paradero de sus seres queridos.
En esta cauda de la violencia donde los asesinatos de mujeres se han incrementado en los últimos 5 años, sin que las autoridades atiendan en su justa dimensión la alerta de género como Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” documentamos en año pasado 20 casos de feminicidios y 2 casos en los cuatro meses que van de este año. Es un periodo que coincide con el confinamiento obligado a causa de la pandemia. En los hechos fue un repliegue que puso en una situación de mayor indefensión a las mujeres ante la ausencia de las autoridades y el contubernio que persiste entre los agentes investigadores con los perpetradores, que conocen muy bien las tarifas de la impunidad.
En México hemos podido ver como las madres, hermanas y la familia en general de las víctimas de feminicidio se han convertido en el elemento principal del avance en la justicia con perspectiva de género. Casos como el de Mariana Lima Buendía, quien fue asesinada en el Estado de México, logró llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación gracias a que su mamá, Irinea, tuvo el valor y la entereza de denunciar que su expareja, un policía ministerial, había sido el responsable del feminicidio. En la Montaña, hemos sido testigos de la fortaleza de las madres que han luchado para que el caso de sus hijas alcance justicia, pero no sólo eso, sino para que nunca se repitan. Así ha sido la lucha de la familia de Dominga, una mujer Na’ Savi, de 27 años que fue estrangulada por su pareja. Si bien existían testigos que los vieron juntos antes de que fuera encontrada asesinada, el agresor no ha sido detenido. Ella ya había sufrido varios hechos de violencia y había denunciado, pero tampoco recibió ninguna medida de protección, por el contrario, las autoridades sólo la culpaban a ella por sufrir violencia.
Este contexto de desprotección que viven las víctimas se ha transformado a un camino lleno de espinas por las dificultades que enfrentan las familias ante la desatención de las autoridades. La multiplicidad de riesgos que enfrentan no les da la oportunidad de acceder a un mecanismo de protección afectivo, a través de medidas cautelares u otros como el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas. En la Montaña la población indígena se encuentra excluida de este Mecanismo, por esa lejanía de las instituciones y porque se deja toda la responsabilidad a las víctimas, para que hagan valer sus derechos. Esta lucha desigual coloca en el limite de la supervivencia a los familiares del Colectivo Luciérnaga, porque además de no tener recursos para sostener a su familia, siempre está latente la amenaza de personas armadas que por las noches rondan sus domicilios. El recorte presupuestal vino también a cortar de tajo la posibilidad de que las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos puedan ser apoyadas por la extinción de varios fideicomisos como el 10232 que protegía a personas defensoras.
Ante esta realidad que nos desangra como Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” emprenderemos esta semana la “Campaña por la vida: Mar de agravios, Montaña de quebrantos”, para visibilizar la situación de violencia que enfrentan las mujeres indígenas de la Montaña y los obstáculos estructurales que existen para hacer efectiva la protección de sus derechos. Al mismo tiempo mostraremos el contexto adverso de las defensoras y defensores de derechos humanos que realizamos nuestro trabajo en condiciones sumamente riesgosas y sin garantías para hacer efectivos estos derechos en un ambiente de animadversión y agresión por el trabajo que realizamos. El ataque y la descalificación que ha sufrido el compañero Vidulfo por exgobernador, Ángel Aguirre Rivero, son las amenazas que se ciernen en nuestra entidad y que ponen en peligro la vida y seguridad de Vidulfo.
Son las defensoras y defensores emergentes quienes siguen inspirando este trabajo por los derechos humanos que siguen inspirando este trabajo marcado por el dolor, la pobreza y la discriminación. Su espíritu imbatible como lo han demostrado no sólo las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sino también los familiares que luchan por la justicia y la verdad en la Montaña nos alientan para unir nuestra voces y poner un dique a la violencia feminicida, clamando al cielo que se desbaraten los planes aviesos de los perpetradores protegidos por el sistema patriarcal que forma parte de este mar de agravios y montaña de quebrantos.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”